En otras palabras, de las dos providencias dictadas ayer por el Pleno del Tribunal Constitucional se puede deducir su interés por agilizar al máximo el trámite para dictar sentencia en torno a la Ley de Consulta, con la vista puesta en el horizonte que, tanto Gobierno y PP, como el propio lehendakari, han marcado en el 15 de septiembre, fecha prevista en el texto legal para la convocatoria oficial de la consulta para el 25 de octubre y para empezar a pedir el voto por correo.
En cualquier caso, el artículo 161.2 de la Constitución -invocado por el Abogado del Estado para solicitar la suspensión cautelar de la ley- permite al tribunal prolongar la suspensión durante cinco meses sin pronunciarse sobre el asunto, periodo tras el cual estaría obligado a convocar a las partes para decidir si ratifica esta medida cautelar o la levanta. Más allá, el tribunal no tiene ningún límite temporal para dictar sentencia. No obstante, el siguiente paso a cumplimentar en este momento es el plazo de 15 días que el Pleno del Constitucional ha dado a las Cortes, Parlamento Vasco y Gobierno Vasco para poder personarse en el proceso y hacer las alegaciones oportunas a las impugnaciones planteadas.
Pendiente también de resolución para los próximos días queda la más que posible acumulación en una sola causa de los dos recursos planteados -el del Gobierno y el del PP-, aunque la providencia dictada por el tribunal especifica que previamente escuchará a las partes.
mirando al calendario Así las cosas, empieza una carrera contrarreloj para que el Constitucional tenga lista su sentencia sobre la Ley de Consulta antes del 15 de septiembre. Si no lo hiciera así, aunque finalmente decidiera desestimar los recursos, la consulta no podría celebrarse en la fecha prevista del 25 de octubre.
Es en el Constitucional donde se va a librar la primera batalla y los servicios jurídicos del Gobierno Vasco trabajan ya en las alegaciones que presentarán contra las impugnaciones del Abogado del Estado y el PP, según explicaron ayer fuentes de Lehendakaritza. El lehendakari ya expuso el miércoles su opinión sobre la "debilidad argumental" de los recursos planteados contra la Ley de Consulta. El primer paso, la admisión a trámite de los recursos, ha sido adoptado por unanimidad del Pleno del tribunal.
Por perfilar aún queda la respuesta que puedan articular las formaciones que integran el tripartito. Al margen de iniciativas de índole político -un pronunciamiento público por parte de la Diputación Permanente de la Cámara vasca parece una de las respuestas que va ganando peso-, su personación judicial en la causa podría materializarse a través del Parlamento Vasco. El siguiente escalón estaría en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, instancia a la que el propio presidente del Euzkadi Buru Batzar del PNV, Iñigo Urkullu, ya ha apuntado, explicando que su formación, llegado el caso, estudiará esta vía una vez se agoten las instancias judiciales españolas.
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