El Tribunal Superior vasco juzgará por primera vez en la historia a un lehendakari

Por primera vez en la historia, un lehendakari deberá sentarse en el banquillo de los acusados para ser juzgado. Las pocas dudas que restaban sobre el futuro del caso Ibarretxe quedaron resueltas en la mañana de ayer. Una semana después de que el juez instructor de la causa, Roberto Saiz, desestimara el último recurso presentado por la defensa del jefe del Ejecutivo vasco, un nuevo auto determinaba la apertura del juicio contra el líder jeltzale, así como contra los dirigentes socialistas Patxi López y Rodolfo Ares, -todos ellos acusados de actuar como cooperadores necesarios en un delito de desobediencia- además de contra cinco representantes de la izquierda abertzale encabezados por Arnaldo Otegi -imputados en calidad de autores del citado delito-.

A pesar de ser una decisión esperada, vistos los pasos ejecutados por la Sala de los Civil y lo Penal, la apertura de la causa supondrá un hecho sin precedentes que aún carece de fecha concreta. Según fuentes consultadas, el inicio de la vista podría retrasarse hasta enero del próximo año, a dos meses vista de las elecciones generales.

De momento, Lehendakaritza no desvela las iniciativas previstas y matiza que las propuestas se conocerán "paso a paso" a medida que se sucedan los acontecimientos. Pero en un plazo de diez días deberán presentar un escrito de defensa en el que, a buen seguro, volverán a solicitar el archivo de la causa.

Este mismo argumento llegará a manos del juez en el escrito que el Ministerio Fiscal presentará antes de tres días, reiterando la posición adoptada por este Ministerio desde el inicio del caso.

Dos iniciativas que se combinarán, por parte de los acusados, con la probable recusación de los magistrados que han instruido la causa, de tal forma que jueces procedentes de otras salas deberán hacerse cargo del devenir del caso judicial si esta medida es aceptada.

El juez instructor deberá pronunciarse también sobre la creación de una comisión rogatoria cursada por Foro Ermua, la asociación que junto a Dignidad y Justicia conforma la acusación popular. El plácet de Saiz a esta petición demoraría ostensiblemente el inicio del juicio.

Precisamente, el magistrado emplea dos páginas y media de las nueve de las que consta el auto en defender la capacidad de ambas agrupaciones para ejercer como acusación popular, en contra de los criterios destacados por el Ministerio Fiscal.

Este caso también ha provocado división de opiniones en el seno de la propia Sala de lo Civil y lo Penal, presidida por el máximo responsable del TSJPV, Fernando Ruiz Piñeiro. La magistrada Nekane Bolado ha mostrado, a través de voto particular, su concordancia con el Ministerio Fiscal a la hora de solicitar el sobresemiento del caso.