La democracia es el límite

Artículo de Noticias de Gipuzkoa

Sólo una interpretación "muy parcial y restrictiva" de la Constitución y de los textos legales que hacen referencia a la convocatoria de referendos permitiría asegurar que la consulta no vinculante planteada por el lehendakari para el 25 de octubre de 2008 es una iniciativa ilegal. Fuentes jurídicas y expertos que han participado en la elaboración de la hoja de ruta de Ibarretxe dudan de que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero pueda sostener durante mucho tiempo que promover el uso de un instrumento de expresión directa de la ciudadanía como es una consulta que no implica ningún cambio jurídico ni político directo va contra la ley.

Consideran que el presidente no puede plantear un veto semejante cuando la tendencia "en la Unión en Europa y en los países más avanzados de occidente" es abrir nuevos cauces de comunicación con la sociedad para que las democracias vigentes den un paso adelante, haciéndose más participativas.

Sin embargo, otros sectores se aferran a la literalidad más estricta del papel impreso y aseguran que la Constitución es muy clara al respecto: sólo el presidente del Gobierno tiene la potestad de convocar consultas populares y refrendos, previa autorización del Congreso de los Diputados. "La democracia está basada en el imperio de la ley y no en un criterio de oportunidad, en lo que es mejor o peor en un determinado momento, porque eso es muy valorable", sostiene Enrique López, portavoz del Consejo General del Poder Judicial.

¿Cómo pueden caber dos interpretaciones tan dispares de la misma consulta, que para unos es perfectamente legal y para otros es un desafío democrático? Los especialistas consultados por NOTICIAS DE GIPUZKOA exponen sus argumentos en favor de una y otra tesis.

"Decir que la consulta es ilegal es una barbaridad. La Constitución y el Estatuto de Gernika en ningún momento hacen mención a las consultas no vinculantes, y algo que no está regulado no puede ser un delito en sí mismo", aseguran quienes defienden la legalidad de esta propuesta, que sostienen que una discusión jurídica podría determinar, en todo caso, que esta convocatoria es alegal, pero en ningún caso ilegal.

La propuesta se enfrenta, pues, a un vacío legal cuyo único límite será lograr las mayorías necesarias para salir adelante en sus distintas fases. En todo caso, personas que han participado en la elaboración del plan apoyado por el tripartito aclaran que la consulta está insertada en un esquema y no se puede valorar en sí misma, sino teniendo en cuenta los elementos con los que se interrelaciona a lo largo de cinco fases.

"Todavía estamos en la primera fase de la propuesta, buscando un acuerdo con el Gobierno central, una declaración de Downing Street que plasme los principios democráticos que están dispuestos a compartir todos los agentes políticos implicados en el proceso. Si se produce este acuerdo, en principio implicaría el visto bueno a esta consulta. Si el esquema del lehendakari avanza como esperamos, no habrá lugar a debates sobre si dar la voz a la sociedad es legal o no. Si no hay acuerdo, entraríamos en un escenario que a día de hoy no conocemos", exponen.

Los valedores de la hoja de ruta del lehendakari se acogen a los precedentes internacionales para defender su validez. Según destacan, la propuesta de Ibarretxe utiliza "lo mejor de los procesos de Irlanda del Norte y Quebec y lo contratasta con la experiencia" acumulada en el conflicto vasco para salir de la actual situación de estancamiento.

Así, la primera fase busca la citada declaración de Downing Street, que marque las condiciones para que se respeten todos los derechos humanos y lance a ETA el mensaje de que debe deponer las armas, como en su día se comunicó al IRA. De este modo, quienes sostienen que el Gobierno Vasco quiere seguir adelante sin valorar el factor de la violencia se quedarían sin argumentos.

De no lograrse este consenso, se probaría la experiencia de los refrendos de Quebec. Con el poderoso valor moral del resultado de una consulta en la que previsiblemente la sociedad vasca se mostraría favorable al fin dialogado de la violencia y la búsqueda de un acuerdo político, se retomaría de nuevo la vía irlandesa para poder llegar al acuerdo ya resolutivo de su famoso Viernes Santo de 1998.

Los detractores
Pero, ¿qué hay en la consulta del lehendakari que haga que esté centrando toda la atención y se esté tachando desde ciertos frentes de ilegal e inconstitucional? Quienes lo hacen, elevan las pretensiones del lehendakari y aseguran que se está poniendo en juego un nuevo marco de relaciones, y no una mera declaración de la ciudadanía llamando a los partidos a sentarse a hablar.

"Aquí no se está preguntando a una comunidad de vecinos si quiere que retiren o mantengan una antena de telefonía móvil. Es algo que va mucho más allá", matiza Enrique López. El vocal del CGPJ sostiene que, sin el visto bueno de Madrid, el Gobierno Vasco no tiene nada que hacer, ya que plantearía un conflicto de competencias en el que el poder central tiene todas las de ganar si apela al Tribunal Constitucional.

"Otra cosa es que una comunidad autónoma promueva una ley sobre una competencia que no le corresponde, pero nadie lo recurra ante el Constitucional ni lo sancione. Entonces, la ley sigue adelante y se ejercitaría sin ningún problema", admite.

Preguntado sobre los resquicios legales que pueden encontrarse en las Ley de 2/1980 sobre Regulación de las Distintas Modalidades de Referéndum -que habla de refrendos en los que el objeto de consulta sea una "decisión política" y no de consultas no vinculantes- y de los nuevos estatutos de Andalucía y Cataluña, que contemplan herramientas de consulta a los ciudadanos de ambas comunidades como las encuestas, las audiencias públicas o los foros de participación, López responde que ningún texto legal es más importante que la Constitución, que cree que es "muy clara" al respecto.

"La interpretación de que el Estado solo tiene competencia exclusiva para convocar referéndum en los casos que especifica la Constitución es una interpretación, seguramente fruto de muy buenas menter jurídicas, pero que desde mi punto de vista y el de la mayoría de juristas no implica que las consultas no citadas expresamente dejen de ser competencia del Estado. Creo que hay bastante paz jurídica en la interpretación de este punto del título octavo de la Constitución, que fue muy complejo de realizar porque en el momento que se redactó había muchas formas de concebir España", explica el juez.

López supone que si el pacto que busca el lehendakari con el Gobierno español no se produce y el presidente que resulte de las elecciones de marzo pone los medios para que el Gobierno Vasco no dé el paso de convocar una consulta, Ibarretxe desistirá en su empeño. "No creo que el presidente de una comunidad se plantee desobedecer una resolución del Tribunal Constitucional", afirma.