La minoría progresista frena la valoracióndel CGPJ sobre la manifestación de Atutxa

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no llevó a cabo ayer el análisis que este órgano tenía previsto realizar de las declaraciones efectuadas por la sentencia del caso Atutxa y la manifestación del pasado sábado en Bilbao contra esa resolución. La razón, esgrimida por un vocal de la minoría progresista, fue que tales puntos no figuraban en el orden del día que se comunica tres días antes a los vocales -tal y como recoge el Reglamento de Organización y Funcionamiento-, ya que fue el martes cuando la Comisión Permanente del CGPJ acordó elevar al pleno la propuesta.

El pronunciamiento que sí se escuchó ayer por parte de los jueces, aunque fuese a título personal, correspondió al portavoz del órgano judicial, Enrique López, quien transmitió su tranquilidad ante la querella presentada por el Gobierno Vasco por un artículo periodístico en el que el vocal Juan Pablo González, alineado en el sector conservador, responsabilizada en el plano ético y político al Ejecutivo de Vitoria de las acciones de la banda armada. Según López, el CGPJ presenta una "gran confianza" frente a la demanda porque "conocemos perfectamente o, por lo menos, imaginamos el resultado".

En declaraciones a Onda Cero y preguntado por su opinión sobre el artículo de su compañero, López declaró que comparte "íntegramente" el escrito, puesto que "obedece a una realidad que todos conocemos". Así, criticó que el Gobierno Vasco nunca haya encontrado tiempo para ayudar "de una manera expresa" a eliminar de las instituciones "a los amigos del terrorismo" y sí para querellarse contra un vocal del CGPJ "por expresar una opinión personal y no una decisión oficial".

A esta declaración se unieron las de los vocales de la mayoría conservadora del CGPJ y el independiente Agustín Azparren, quienes pidieron el cese "inmediato" de declaraciones que deslegitimen al Poder Judicial, en referencia a las efectuadas desde diferentes ámbitos con motivo del caso Atutxa . Los vocales firmaron un escrito en el que muestran su "más enérgica repulsa" ante el cuestionamiento de la independencia e imparcialidad de los jueces

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El Gobierno Vasco se querella contra el juez que le responsabilizó de los atentados de ETA

El Gobierno Vasco recurrirá a los tribunales para querellarse contra uno de los representantes del Poder Judicial. El vocal Juan Pablo González acusó al Ejecutivo de Vitoria -en un artículo publicado el pasado día 24 en el diario La Razón - de ser "responsable en el plano ético y político" de los crímenes cometidos por la organización terrorista, así como de su "connivencia y tolerancia" con las acciones de la banda armada, afirmaciones que los dirigentes del tripartito no quieren que le salgan gratis a su autor.

El Gabinete presidido por Juan José Ibarretxe da así un paso más allá en el cruce de acusaciones que ha imperado entre dirigentes del tripartito y magistrados alineados en el sector conservador de la judicatura. Pero antes de acudir a los tribunales -la querella se presentará la próxima semana-, la portavoz del Gobierno Vasco, Miren Azkarate, anunció ayer que entre las acciones previstas por el Ejecutivo también figura una queja formal que presentarán ante el CGPJ hoy mismo, al ser el autor del citado artículo uno de sus miembros; concretamente, el que representa a este órgano judicial en el País Vasco, tal y como recordó la propia Azkarate.

La presentación de la queja coincidirá con el pleno que celebrará también hoy el Consejo judicial para estudiar una reprobación al citado artículo, propuesta por la minoría progresista, y valorar la manifestación convocada el pasado sábado por el tripartito en apoyo al ex presidente del Parlamento Vasco Juan Mari Atutxa y los miembros de la Mesa que fueron condenados junto a él -Gorka Knörr y Kontxi Bilbao- por no disolver el grupo Sozialista Abertzaleak.

Este análisis, del que en un principio debía haberse encargado ayer la Comisión Permanente del órgano judicial, buscará un pronunciamiento conjunto de la judicatura, sin que la división entre conservadores y progresistas impida consensuar un texto único. Esta diversidad de criterio entre ambos sectores ya quedó de manifiesto en las reacciones que provocó el artículo de González contra el Gobierno Vasco.

Ocho vocales del CGPJ quisieron distanciarse de los pronunciamientos críticos de su colega y para ello remitieron una carta al lehendakari en la que mostraban su rotundo rechazo al contenido del artículo. En la misiva, los juristas destacaban que "el utilizar instrumentalmente su cargo y el nombre del Consejo General del Poder Judicial para verter tal tipo de despropósitos y de ofensas contra un Gobierno democráticamente elegido conexionándolo con el terrorismo, merece nuestra total repulsa".

Azkarate quiso agradecer de forma pública en nombre del Gobierno autonómico la "valentía" de estos vocales por mostrar su disconformidad con las acusaciones vertidas por González.

Asimismo, reiteró que en la marcha celebrada en Bilbao "no hubo ninguna descalificación", sino que fue una "manifestación legítima que se desarrolló en paz, sin gritos ni insultos". La dirigente jeltzale recordó que el de manifestación es "uno de los derechos consagrados por la Constitución" e insistió en que "nadie está descalificando a la Justicia, en general", sino que la movilización sirvió para mostrar en las calles el desacuerdo con las actuaciones de "una minoría de jueces y magistrados".

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Quienes están radicalizados son los jueces que se dedican a hacer política

Entrevista a Iñaki Gerenabarrena en El Correo.

Se define como un abertzale que cree en "una Euskal Herria independiente". No tiene reparos en ocultarlo, más bien, todo lo contrario. A sus 45 años, ha sido elegido presidente del Araba buru batzar por tercera vez consecutiva. Desde que tomó sus riendas en 2002, se le acusa de ocupar el ala más soberanista del PNV. Sin embargo, asegura que eso de "las dos sensibilidades" es un invento de los medios porque queda "muy bonito". El sábado participó en la marcha que recorrió las calles de Bilbao para advertir de que la separación de poderes está "en peligro porque jueces y políticos se la están cargando".

-El tripartito llamó a la movilización por el 'caso Atutxa'. ¿Mezclar una resolución judicial con posicionamientos políticos no es un paso demasiado arriesgado?

-Mezclar justicia y política es un paso arriesgadísimo, que es lo que están haciendo los jueces y el Gobierno español: judicializar la política. Si de algo, y lo digo con ironía, se nos puede acusar es de haber pedido a la gente que salga a la calle a defender nuestro autogobierno y defender la división de poderes que algunos se están cargando.

-Y ahora, ¿qué? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Mantendrán la estrategia de trasladar su malestar con la justicia a la calle?

-Es una cuestión de defensa de derechos. Las quejas no son una cuestión de estrategia política, sino de que hay gente que está diciendo basta ya de que nuestros derechos se vean conculcados día tras día.

-Critican la falta de independencia de la justicia, su politización... Pero ustedes formaron parte del Poder Judicial con Emilio Olabarría como vocal. Si el sistema no vale, ¿cuál es la alternativa?

-El PNV no está cuestionando el sistema de separación de poderes, todo lo contrario. Lo que hace es defender ese sistema. Alguien se está cargando la separación de poderes.

-¿Y quién es ese 'alguien'?

-Los jueces que hacen política y los políticos que llevan los temas políticos a ser judicializados.

-¿Considera que la sentencia del Supremo es la "antesala" de la condena e inhabilitación del lehendakari por reunirse con Batasuna, como vaticina Urkullu?

-Los casos no son iguales, pero forman parte de un mismo sistema de no separación de poderes y de politización de la justicia.

-¿La radicalización del PNV se asienta sobre un cálculo electoral para captar el voto de la izquierda abertzale si finalmente es ilegalizada?

-Niego la mayor. No creo que quien está radicalizado sea el PNV.

-Pero expresiones como "derrumbe de la democracia" no son un ejemplo de moderación.

-¿Le parece poco que el sistema de separación de poderes esté en peligro? ¿Quién es el radical? Yo lo tengo claro: el PNV no. Quienes se han radicalizado son los jueces que se dedican a hacer política y no a impartir justicia.

-Batasuna ha comenzado a diseñar una campaña para impulsar el voto nulo en caso de que la ilegalización se lleve a efecto, para evitar, precisamente, que se beneficie el PNV.

-No me importa lo más mínimo. Los votos no son de los partidos. No hay votos de la izquierda abertzale ni votos del PNV. Nosotros pondremos un proyecto político encima de la mesa y si el ciudadano cree que es el mejor, lo votarán.

-Con el calendario trazado por Ibarretxe en su 'hoja de ruta', el resultado del PNV en las elecciones del 9 de marzo habrá que leerlo en clave de mayor o menor apoyo al lehendakari. ¿La consulta es replanteable si los resultados no son los esperados?

-En absoluto. Ahora se nos va a preguntar sobre quién queremos que gobierne en el Estado español, no sobre la propuesta del lehendakari. Lo que decimos es que ante un choque de trenes Zapatero-Rajoy, lo mejor es tener un PNV fuerte en el Congreso para aprovechar una posible situación de debilidad.

-Los dirigentes del poderoso aparato vizcaíno ya han manifestado su voluntad de dialogar con el PP si gana Rajoy. ¿Comparte esta idea?

-Eso de 'poderoso' queda muy bien periodísticamente, pero me parece un poco discutible. De todos modos, ¿cuándo no hemos estado abiertos diálogo? ¿Si hemos llegado a acuerdos hasta con Aznar!

-Al final se ha frustrado la coalición (PNV, EA, Aralar y EB). ¿Por qué? ¿Era partidario de ella?

-No es una cuestión de frustración. Por distintos motivos, no ha cuajado. Respecto a mi postura, fui al EBB e hice una reflexión sobre lo bueno y lo malo de ir en coalición, como cada uno de sus 14 miembros.

-Pero, ¿tenía más ventajas o inconvenientes?

-Estoy absolutamente de acuerdo con la postura tomada por el EBB.

-¿El PNV retomará la coalición ante un eventual adelanto de las elecciones autonómicas para cerrar filas en torno al proyecto de Ibarretxe?

-Me parece un ejercicio de 'política ficción' comentarlo ahora.

-El tripartito necesitará los votos de EHAK en el pleno de junio para sacar adelante la propuesta del lehendakari. Ante una posible ilegalización y su pase al grupo mixto, ¿es partidario de aceptar su apoyo?

-El lehendakari planteó dos cosas: entrar en un proceso de ratificación de un acuerdo alcanzado con el Gobierno español o impulsar una propuesta que terminaría con una consulta. Yo no doy por hecho que la primera no vaya a ocurrir.

-Reconocerá que parece del todo improbable.

-Si nos encontramos con que el lehendakari debe plantear la posibilidad de una consulta para el 25 de octubre, no hay que olvidar que los votos de EHAK son de parlamentarios elegidos legalmente.

-Tras la condena de Atutxa, ¿cree que la presidenta del Parlamento, Izaskun Bilbao, ejecutará una eventual sentencia de disolución?

-Volvemos a lo de antes. Los escaños no son de los partidos, sino de los ciudadanos. Si alguien del Poder Judicial dijera al Parlamento de qué forma debe comportarse cualquiera de sus 75 parlamentarios estaría incurriendo en una injerencia inaceptable en el Legislativo, que el Parlamento, por dignidad y coherencia, no podrá aceptar.

-ETA ya ha advertido de que la 'hoja de ruta' del lehendakari es "un nuevo fraude con el Estado".

-ETA, como si dice misa. Si dramática es su existencia, más dramático sería que le hiciésemos caso.

-El PSOE incluye en su programa que "no hay expectativa de diálogo con ETA", aunque sigue vigente la resolución del Congreso por la que se autoriza al Gobierno a buscar el final del terrorismo. ¿Volverá ese diálogo?

-Estoy convencido de que este proceso debe tener una solución dialogada. Lo que pasa es que la credibilidad de ETA está bajo mínimos.

-Las últimas detenciones han desmantelado la dirección de la izquierda abertzale. Ahora, Pernando Barrena es la cabeza visible. ¿Existe el suficiente liderazgo para afrontar este escenario?

-No lo sé. Pero si no hay líderes, ya saldrán. Como en todos los partidos, no hay nadie imprescindible.

-Respecto al proceso interno de renovación del Euzkadi buru batzar. ¿La marcha de Imaz ha cerrado las heridas en el PNV?

-No creo que hubiera heridas, no es cierto. Los problemas que hemos podido tener, si así se pueden llamar las discusiones dentro de un partido, se encauzan en la definición de una ponencia política para los próximos cuatro años que el EBB apoyó en su totalidad.

-En Vizcaya se aprobó una ejecutiva de integración. En Guipúzcoa ha quedado fuera el sector crítico, mientras que en Álava sólo han incluido a dos burukides próximos a la línea oficialista de Urkullu. ¿Esto es cerrar heridas o poner parches?

-En Álava no se han incluido a dos personas del sector crítico. Se han incluido a 14 miembros del PNV. Entiendo que es bonito eso del sector A o del sector B, pero la discusión es inherente a un partido. De mí se dice: "Es que éste es de Egibar". No, no. Yo estoy de acuerdo con él en muchas cosas y en otras no.

-Pero existen dos sensibilidades dentro del PNV, como ha quedado reflejado en Guipúzcoa.

-No existen dos, sino más de 30.000, tantas como afiliados tenemos.

-Ya sé que no le gusta jugar a las adivinanzas, pero ¿cree que Imaz volverá algún día a liderar el PNV?

-No lo sé. Imaz es poseedor de un capital político importante que el PNV no va a tirar a la basura.

-Con su marcha, ¿qué queda de la transversalidad que promulgaba?

-En este país viven nacionalistas y no nacionalistas y tenemos que entendernos entre todos. Si alguien quiere pensar que la transversalidad significa que todas las propuestas sean compartidas por PP, PSE y PNV, eso no se dará nunca.

-Egibar ha puesto sobre la mesa el término reciprocidad en lugar de transversalidad. ¿Cuál es el suyo?

-No tengo término. Pero la reciprocidad es interesante.

-Se ha dicho de usted que fue el menos proclive a la negociación con el sector oficialista, que es una persona de Egibar y, ahora, que es el referente del sector más soberanista del PNV.

-Se ha dicho que quería que Egibar fracasara para hacerme con el control del sector soberanista. La realidad es más simple que todo eso. Soy abertzale y creo en una Euskal Herria independiente.

-¿Sus relaciones con Egibar se han deteriorado tras los últimos procesos internos del partido?

-De Egibar, sobre todo soy un amigo. Y creo que él es uno de los principales referentes políticos de Euskadi. Y atentos a lo de la reciprocidad, que puede ayudar a que se resuelvan muchos de los problemas de este país.

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El PNV llama a la sociedad a "hacer suyo el ataque sufrido" por el caso Atutxa

El PNV hizo ayer un llamamiento a la sociedad vasca a "hacer suyo" y sentir como propio el "ataque que está sufriendo la manera de hacer política" de las instituciones de Euskadi, tras la condena a Juan María Atutxa. La entrega anual de los premios Sabino Arana, fundación presidida precisamente por el ex presidente del Parlamento Vasco, reunió ayer en Bilbao a muchos de los principales actores que la víspera se habían manifestado en la capital vizcaína y que hicieron balance de la marcha.

Entre ellos estaba el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, que instó a los ciudadanos a "sacar sus consecuencias" tras la movilización que congregó a miles de personas, y alertó de que "no hay Estado de Derecho que pueda soportar lo que está sucediendo, que pueda soportar la injerencia de magistrados en la acción política".

El líder jeltzale aseguró que decisiones como la condena del Tribunal Supremo a Atutxa y los miembros de la Mesa de la Cámara Gorka Knörr (EA) y Kontxi Bilbao (EB), por no disolver al grupo Sozialista Abertzaleak como ordenaba el juez, "no ayudan a la práctica de la acción política".

También defendió el papel de la sociedad en este asunto la portavoz del Gobierno Vasco, Miren Azkarate, que subrayó que el sábado "la gente alzó la voz de forma democrática y legítima contra una injerencia inasumible de la justicia en la vida política y parlamentaria".

La representante del Ejecutivo de Ibarretxe deseó que la manifestación sirva para hacer "recapacitar" a determinados jueces y para "reconducir" la división de poderes. Azkarate precisó que el nacionalismo reconoce "el buen hacer y compromiso de la mayoría de los jueces" pero critica a algunos magistrados que "orillan el derecho y quieren entrar en la política". Por ello, insistió en que la marcha no pretendió "una deslegitimación de la justicia, ni de los jueces", pero confió en que sirva para hacer "recapacitar" a determinados magistrados.

El propio Atutxa hizo una pequeña mención a su condena durante el discurso de presentación de los premios Sabino Arana. El ex presidente del Parlamento Vasco y ex consejero de Interior aseguró que "cree" en la separación de poderes y en el respeto a "todas" las personas, las instituciones y los pueblos, "grandes o pequeños". En la gala, celebrada en Bilbao, Atutxa recibió el respaldo de uno de los premiados, el histórico ex líder del PCE Santiago Carrillo, que calificó la sentencia de "política".

También valoraron el resultado de la manifestación los miembros de Eusko Alkartasuna. El secretario de Comunicación de esta formación nacionalista, Mikel Irujo, consideró "positivo" el resultado de la manifestación convocada por PNV, EA y EB en apoyo a los tres condenados, ya que, a su juicio, en la marcha de Bilbao "quedó claramente de manifiesto que hay un rechazo muy generalizado a esta sentencia o incluso, yendo más allá, a la politización de la justicia".

Irujo sostuvo, en declaraciones a Europa Press, que la condena a Atutxa, Knörr y Bilbao por su negativa a disolver el grupo de izquierda abertzale "separa aún más a Euskal Herria" de las instituciones españolas. "Especialmente me toca a mí valorarlo más enérgicamente si cabe, porque durante tres años fui estrecho colaborador de Gorka Knörr en el Parlamento Europeo", añadió Irujo.

El dirigente nacionalista explicó que "este tipo de cosas", en referencia a la sentencia del Supremo, "son las que a uno le convencen más en el proceso de independencia, porque necesitamos nuestra propia justicia". "Más allá de la manifestación y de una sentencia de dudosa justicia, reclamamos ya nuestras instituciones de justicia para Euskal Herria", reiteró.

El tercer miembro del tripartito vasco, Ezker Batua, también se mostró satisfecho con el resultado de la movilización. El líder de la formación de izquierdas, Javier Madrazo, compareció ayer en Vitoria para confirmar que Kontxi Bilbao será cabeza de lista al Senado por Álava, pese a la posibilidad de que la sentencia de inhabilitación sea de ejecución inmediata. "Kontxi es nuestra candidata al Senado, les guste o no al Tribunal Supremo, al PP y al PSOE", dejó claro Madrazo. Su partido tiene intención de agotar la vía judicial, incluido el recurso al Tribunal Constitucional, para defenderla.

El coordinador general de EB subrayó que la convocatoria del sábado "fue un éxito" y pidió a PP, PSOE y EHAK que reflexionen porque "no han estado a la altura de las circunstancias". "No se puede mirar hacia otro lado y esconder la cabeza debajo del ala, ni poner los intereses partidistas sobre la solidaridad y el compromiso con las instituciones", denunció. Madrazo volvió a defender a Bilbao como una persona "comprometida con la izquierda y la justicia social".

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Ibarretxe irá a la manifestación contra la condena a Atutxa y el PSE y PP le critican

El lehendakari Juan José Ibarretxe acudirá mañana a la manifestación que se celebrará en Bilbao contra la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Atutxa. Lo hará al frente de su gobierno como "acompañante y no como protagonista", afirmó la portavoz del Gobierno Vasco, Miren Azkarate. Ibarretxe y sus consejeros se sumarán a esta movilización convocada por el tripartito (PNV, EA y EB) porque tienen la convicción de que el citado fallo constituye un "hecho sumamente grave que ataca la médula del autogobierno y la separación de poderes". La presencia del lehendakari tras la pancarta de la movilización fue ayer duramente criticada por socialistas y populares vascos, que llegaron a calificar su decisión de "confrontación y vergüenza".

"Queremos defender el autogobierno, creemos en el Estatuto de Gernika que se firmó en 1979 y queremos construir un futuro basado en el respeto y la bilateralidad entre España y el País Vasco", sostuvo Azkarate, quien dijo que se equivocan quienes interpretan la declaración institucional del lehendakari del pasado martes o la decisión del Gobierno Vasco de asistir a la manifestación de un intento de presionar a los jueces y deslegitimar a los tribunales. "Lo que estamos haciendo es defender el Estatuto de Gernika, aquel pacto de convivencia que entendemos vigente porque no ha sido derogado", señaló.

En este punto, y tras subrayar que los hechos ponen en evidencia que el pacto estatutario se encuentra totalmente finiquitado, Azkarate consideró necesario salir a las calles de Bilbao para reclamar "un Estado de Derecho donde exista la separación de poderes y en el que los jueces no puedan entrar como elefantes en una cacharrería en la vida de un parlamento".

Sobre este punto también se pronunció el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, quien dijo que los partidos que conforman el tripartito vasco pretenden pulsar la opinión de la sociedad ante la condena a Atutxa. Para el presidente del EBB, el fallo del Tribunal Supremo es "predemocrático", en la medida en que "hay una injerencia del poder judicial sobre el legislativo". El tripartito que sustenta el Gobierno Vasco consensuará en las próximas horas la declaración que será leída al término de la manifestación, así como la persona encargada de hacerlo al final de la movilización.

Desde las filas de la oposición las críticas adquirieron una especial dureza para censurar la decisión de Ibarretxe de acudir a la marcha de protesta. El secretario general de los socialistas alaveses, Txarli Prieto, calificó de "irresponsabilidad" que el Gobierno Vasco se ponga al frente de una manifestación "partidaria, ideológica y de confrontación".

Prieto subrayó que "cometen un enorme error" quienes quieren judicializar la vida política y crear un conflicto entre el poder judicial y el político. En opinión del dirigente socialista, el ejemplo que tienen que dar los partidos y las instituciones "no es una confrontación entre poderes". Así, recordó que España es un país "muy garantista" y dijo que no se han agotado las vías judiciales y todavía no se conoce el fallo del tribunal sobre el caso Atutxa.

La presidenta del PP del País Vasco, María San Gil, aseguró que "somos cientos de miles los vascos que el sábado vamos a sentir una tremenda vergüenza cuando veamos al lehendakari encabezando esa manifestación de rebeldía contra los jueces".

San Gil consideró "una vergüenza que quien representa a todos los vascos, a los nacionalistas y a los no nacionalistas, salga a la calle a una manifestación para rebelarse contra una decisión judicial". A su juicio, la asistencia del lehendakari a esa marcha da la peor imagen de los vascos y dijo que fue precisamente Ibarretxe quien ha hecho menos por la convivencia y todas sus políticas para intentar incorporar a ETA-Batasuna a nuestra vida política".

La minoría progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por su parte, expresó a Ibarretxe su rechazo al artículo de uno de los vocales del órgano de gobierno de los jueces para el País Vasco, Juan Pablo González, publicado por un periódico, en el que "vincula" al Gobierno Vasco con el terrorismo de ETA.

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EAJ-PNV, EA y EB-Berdeak convocan a la ciudadanía a una manifestación el sábado en Bilbao

Noticia extraída de la web de EAJ-PNV. En la del GBB no aparece nada.

Ante la gravísima situación política generada por la decisión del Tribunal Superior de condenar a Juan Mari Atutxa, Gorka Knörr y Kontxi Bilbao por defender la autonomía del Parlamento Vasco, EAJ-PNV, EA y EB-Berdeak, han convocado a la ciudadanía a una manifestación que se celebrará el próximo sábado, 26 de enero, a las 18 :00 en Bilbao.

El Partido Nacionalista Vasco, Eusko Alkartasuna y Ezker Batua-Bedeak, creen “imprescindible que la voz de los vascos y vascas se alce para denunciar unas actitudes y unas decisiones que nos pueden conducir a un deterioro democrático sin precedentes. Una estrategia que utiliza a determinados jueces como partisanos, como ariete de choque contra la voluntad de la ciudadanía”.

Por eso, como representantes de esa misma ciudadanía, más que nunca, reivindicamos la acción política. Acción política e institucional sin cortapisas ni procedimientos viciados que impidan la convivencia y el entendimiento”.

NOTA : Iñigo Urkullu, presidente del EBB de EAJ-PNV ; Unai Ziarreta, presidente de EA y Javier Madrazo, coordinador general de Ezker Batua-Berdeak comparecerán este viernes, 25 de enero en rueda de prensa en el Hotel Carlton de Bilbao para explicar las razones de esta convocatoria.

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El Gobierno Vasco acusa al Estado español de romper el pacto de convivencia de la Transición

El lehendakari, Juan José Ibarretxe, compareció ayer ante los medios de comunicación acompañado por su ejecutivo para leer una dura declaración institucional en el día después de hacerse pública la condena a los miembros de la Mesa del Parlamento. En el texto, el Gobierno vasco acusa al Estado español de "romper el pacto de convivencia alcanzado en la transición" de forma "consciente y permanente" a través de sus diferentes órganos institucionales. Para el ejecutivo vasco, la condena impuesta por el Tribunal Supremo a Atutxa, Bilbao y Knörr es "muy seria, muy grave y muy preocupante".

El anuncio de que Ibarretxe iba a comparecer ante los medios y no la portavoz Miren Azkarate, como suele ser costumbre, ya era indicio del impacto que para el Gobierno Vasco ha tenido el fallo del alto tribunal. En su lectura, Ibarretxe defendió la inocencia de los tres encausados, la autonomía parlamentaria y la democracia como instrumento para solucionar el conflicto. Por contra, denunció el acoso judicial a las máximas instituciones y representantes de la sociedad vasca, y el papel del PP y el PSOE en el encausamiento de Atutxa. El lehendakari cerró su intervención anunciando que dará la palabra a la sociedad para que dé "una respuesta democrática a todo este sinsentido".

El Gobierno Vasco tiene la convicción de que Atutxa, Knörr y Bilbao han sido condenados por "defender la autonomía de nuestro Parlamento y ejercer con dignidad la función política para la que fueron elegidos". En consecuencia, considera que la autonomía política de la cámara vasca ha quedado totalmente en "entredicho", menoscabando el autogobierno que "de forma legítima e histórica le corresponde a este país".

El Estado, responsable La declaración gubernamental responsabiliza directamente al Estado español, representado en sus instituciones, de romper las reglas del juego de la convivencia social y política alcanzadas tras la dictadura. El 'caso Atutxa', el 'caso Ibarretxe' o el arrinconamiento político de una parte de la sociedad vasca a golpe de ilegalización no hacen sino confirmar al Gobierno Vasco que "el autogobierno político está siendo devaluado hasta límites insospechados". La conclusión de todo ello es que el Estado está "consciente y permanentemente rompiendo el pacto de convivencia alcanzado en la transición".

El Gobierno Vasco ni "acepta" ni "entiende" que los tres condenados "hayan cometido delito alguno", una convicción que la expresa de forma "clara y contundente". Además, considera que el fallo del Tribunal Supremo es consecuencia, por una parte, "de la labor" que iniciaron PP y PSOE y, por otra, de Batasuna "cuando echaron a Atutxa de la Presidencia de la cámara vasca. PP y PSOE dijeron que Atutxa y la Mesa del Parlamento eran los abogados defensores de ETA y de Batasuna", recuerda la declaración gubernamental, mientras atribuye a la Izquierda Abertzale la tarea de señalarles como "opresores de este pueblo".

En su denuncia, el Gobierno Vasco critica la doble vara de medir de la Justicia española, que no ve delito en las conversaciones de Rodríguez Zapatero con ETA, mientras encausa penalmente al lehendakari por dialogar con Batasuna o a la Mesa del Parlamento "por respetar las decisiones soberanas del mismo".

La declaración concluye poniendo el acento en la necesidad de encauzar el problema vasco alejándolo de la "espiral sin fin de enfrentamiento y confrontación". Por eso, proclama la necesidad de "mantener la iniciativa política para ofrecer a la sociedad la oportunidad de participar y de expresar democráticamente lo que piensa de todo lo que está sucediendo".

El ejecutivo reitera que "vamos a dar la palabra al pueblo", en alusión a la consulta anunciada por Ibarretxe en el Pleno de Política General del pasado setiembre. "Es nuestro compromiso", subraya el ejecutivo, que concluye afirmando que "sólo el principio de respeto entre instituciones y pueblos, entre Euskadi y España, puede servir de modelo de convivencia para el futuro".

Izaskun Bilbao, actual presidenta del Parlamento y que puede encontrarse ante la misma tesitura que Atutxa ante la más que probable ilegalización de EHAK, reconoció sentirse "restupefacta" con la sentencia. Bilbao que asistió en persona al desarrollo de la vista, opinó que tanto de lo escuchado a las partes como al Ministerio Fiscal "no quedaba ninguna duda de que la resolución no debía haber sido condenatoria".

Ante el mantenimiento en los últimos tiempos de conflictos que se dirimen "entre los ámbitos parlamentarios y judiciales", Bilbao abogó por arbitrar un sistema que resuelva estos asuntos sin llegar a los extremos del 'caso Atutxa'.

Por su parte, el secretario general del sindicato ultraderechista Manos Limpias, Miguel Bernad, no vaciló en calificar la sentencia como un "triunfo", a la vez que criticó el comportamiento "del Ministerio Público por convertirse en una especie de inquisidor político" ya que, según dijo, éste "queda inhabilitado ante la sociedad" puesto que "ni ha promovido la acción de la justicia ni ha defendido la legalidad ni el interés público y social"

Manos Limpias condenó moralmente al "Ejecutivo de la nación, al Fiscal general del Estado y a los subordinados de éste en el proceso" porque "por razones políticas y de oportunismo" dejaron de "perseguir un hecho delictivo cuando estaban obligados por imperativo legal a actuar".

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Otro retorno al oscuro pasado

Editorial de Noticias de Gipuzkoa.

Pese a las numerosas consideraciones técnico-jurídicas que concurrían, muchas de ellas esgrimidas incluso por el propio fiscal. Pese a las repetidas absoluciones dictadas por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que lo juzgó. Pese al antecedente del caso Botín sobre la relativa validez de las acusaciones interesadas para alimentar un procesamiento, una doctrina que al parecer vale para unos supuestos pero no para otros. Pese a que el impulso que le llevó hace cinco años al Gobierno Aznar y a su aparato mediático a emprender la persecución judicial de la Mesa del Parlamento vasco como otra de sus catapultas se quedara sin su contexto de película de guerra. Todos los elementos apuntaban a que el caso Atutxa iba a pasar a la historia con un carpetazo definitivo.

Pero el pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo sorprendió anoche a propios y extraños con una extemporánea condena de inhabilitación a Juan Mari Atutxa , Gorka Knörr y Kontxi Bilbao que, más allá de que sólo tenga efectos prácticos en el caso de la tercera -todavía parlamentaria de EB-, desde el punto de vista político y hasta simbólico supone la consumación de un despropósito y el triunfo de un grupo ultraderechista como Manos Limpias, la última estela de una insistente acusación que no paró hasta sentar al Parlamento Vasco en el banquillo de los acusados y no ha descansado hasta encontrar en la magistratura conservadora una grieta que saciara su sed con una condena. Y en este contexto, la posibilidad de amparo ante el Tribunal Constitucional no desactiva la carga política de esta sentencia y el debate técnico-jurídico sobre si existía o no un supuesto delictivo o si concurría una colisión de poderes queda desbordado por el torrente de la politización que confluye en el Poder Judicial, arrastrando con ello la propia credibilidad de un sistema garantista.

Resulta descorazonador comprobar cómo pueden acabar arrastrada por el fango las intachables trayectorias personales y políticas de Atutxa, Knörr o Bilbao. Y resulta también inquietante pensar hasta dónde pueden alcanzar los tentáculos de un grupo ultraderechista en esa misma alta magistratura empeñada en extender su manto de sospecha hasta el líder de los socialistas vascos o el propio lehendakari. La estela del caso Atutxa retorna desde un oscuro pasado.

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Hay que crear las condiciones para abrir un nuevo tiempo político

Entrevista a Joseba Egibar en Diario Vasco.

-En su última entrevista ETA ha advertido que la hoja de ruta de Ibarretxe es "un nuevo fraude con el Estado". ¿Es posible que la propuesta del lehendakari sirva para desconectar la violencia?
-La propuesta compromete un calendario. Primero, oferta de diálogo y acuerdo con el presidente español que gane en marzo. La izquierda abertzale piensa que o sólo lo intentan ellos o nadie, y ni siquiera los que ostentan la representación popular pueden hacerlo. Si les sale bien hay que aplaudirles y si no, la culpa es de los demás. Los pasos previstos en la hoja de ruta se van a dar y ya veremos qué hace EHAK. Que no es posible el acuerdo, habrá que ir a la consulta directa a la sociedad. ¿Van a impedir también ese tipo de pronunciamientos? Pues serían los primeros vascos, al menos de esta parte de Euskal Herria, que impidieran un pronunciamiento de la sociedad vasca.

-Los procesos de diálogo con ETA frustrados de los últimos años pesan cada vez más...
-Hay un escenario de desconfianza a todas las bandas que se supera primero con relación y luego con pasos recíprocos. La clave que hay que trabajar es el principio de reciprocidad.

-¿Reciprocidad?
-No sé me ocurre otra palabra mejor y he mirado unas cuantas veces en el diccionario María Moliner. Reciprocidad en el sentido de partir del respeto mutuo. Miremos el escenario tras la ruptura del alto el fuego. El Partido Socialista ha llegado a la decisión de que para que la izquierda abertzale pueda volver a ser operativa en política, tiene que desaparecer ETA o anunciar un alto el fuego definitivo. Y toda la arquitectura jurídica va apuntando esa tesis en una lectura democrática cada vez más restrictiva, con la sentencia del sumario 18/98, donde se amplía el universo social que se persigue en un retroceso democrático que me parece muy preocupante aunque parece que al Estado no le importa ese desgaste. No se trata ya de combatir a los miembros de ETA sino a 150.000 votantes de la izquierda abertzale. Sinceramente, no creo que eso está acercando la solución, sino alejándola.

-¿Por qué?
-Euskadi está atascada en un tiempo antiguo. El proceso de paz se ha roto, la amenaza de atentados de ETA vuelve a ser una realidad. El lehendakari y otros líderes políticos están encausados, la representación política de una parte de nuestra sociedad está ilegalizada y muchos de sus líderes encarcelados. Existe un amplio abanico de procesos judiciales abiertos. La violencia callejera vuelve a estar presente. Los partidos políticos estamos divididos y a menudo trasladamos una imagen de crispación y desencuentro permanente. En este contexto tenemos un importante desafío, tenemos que crear las condiciones que hagan posible abrir un nuevo tiempo político, que supere los enfoques parciales de la realidad y un insuficiente sentido de la reciprocidad en la gestión de los problemas y de sus soluciones, lo que deriva inevitablemente en una sucesión de fracasos.

-Usted plantea esa reciprocidad, pero de hecho la sociedad vasca es plural y ha alcanzado acuerdos basados en esta pluralidad...
-Es verdad, pero el pluralismo o es compromiso de pluralidad o no es. El diálogo, la negociación y el acuerdo o son compromiso de reciprocidad o no son. La democracia se asienta en Euskadi sobre compromisos de reciprocidad. La transversalidad o es reciprocidad o es derecho de veto de unos y autolimitación de otros. La reciprocidad sólo se puede actuar desde el reconocimiento y respeto mutuo. La reciprocidad en la aceptación de consensos y disensos, es el método que puede permitirnos edificar un nuevo tiempo político nuevo de paz y de normalización.

-¿Pero cómo puede explorarse la paz a partir de la decisión de ETA de romper el alto el fuego?
-La prioridad de la paz desde el punto de vista de la reciprocidad implica un compromiso para compartir la oposición a cualquier forma de violencia o de amenaza del uso de la misma para alterar la situación política o los procesos de diálogo y negociación. Implica compartir un compromiso con todos los derechos humanos, articulando mecanismos de garantía efectiva que salvaguarda especialmente los de las personas amenazadas, detenidas, presas o imputadas. Y compartir el criterio de desvinculación del logro de la paz y de la resolución de los conflictos políticos. Que la violencia no sea una excusa. La violencia no se puede utilizar ni para justificar ni para impedir la búsqueda de soluciones a los problemas políticos. También implica la voluntad de corregir los excesos legislativos y judiciales que han mermado los derechos, libertades y garantías democráticas de personas, grupos, medios de comunicación y líderes políticos o institucionales.

-¿Por qué no fructificó el proceso de conversaciones de Loiola entre el PSE, el PNV y Batasuna?
-Loiola fue intento en un momento delicado de intentar salvar lo que ya estaba roto. El esfuerzo fue sincero por parte de las tres formaciones. Al PNV también se le llamó en una situación de emergencia, cuando el Gobierno y la izquierda abertzale no conseguían avanzar. Y no se consiguió.

-Con gran malestar de la izquierda abertzale frente al PNV...
-Sí, pero esa es la obsesión enfermiza de Batasuna y sinceramente creo que es un error de libro. Cada vez que no sale algo, la izquierda abertzale le imputa la responsabilidad al PNV, esté o no esté. Ocurrió en Argel, donde no estuvimos y se ha visto incluso en las mociones municipales sobre el 18/98 con críticas al PNV o sobre las torturas, a pesar de nuestra clara posición contraria. Y tenemos las calles con las fotografías de nuestros concejales.

-¿Ve condiciones para emprender un futuro proceso de paz similar al desarrollado en esta legislatura?
-Similar no creo. Tendrá que ser diferente porque si no se corrigen errores, los esquemas miméticos volverán a fracasar. Que es imprescindible un escenario de alto el fuego es clarísimo. El lehendakari dice que con o sin ETA este país tiene que seguir dando pasos en los dos caminos y la existencia de la violencia no debe ser utilizada. Algunos dicen que mientras haya violencia no hay juego político y otros que mientras no haya solución política va a haber violencia. Ése sería uno de los compromisos a compartir, que la violencia no sea aplicada para condicionar la negociación política, ni para justificar ni para impedir las soluciones políticas.

-¿Se podría volver a los contenidos de la mesa de Loiola?
-No conozco su contenido al detalle, hubo muchos borradores y textos, todos sirven para empezar a hacer un esfuerzo de poner negro sobre blanco. Pero algunos de los párrafos y apartados me parecían excesivamente ambiguos.

-Es que usted siempre ha advertido del riesgo de una 'esparterada' o un acuerdo 'a la baja' entre el PSOE y la izquierda abertzale...
-Sí, la firma de Espartero y Maroto. Se dice que todos los marcos pueden ser modificados, pero falta saber si hay un principio democrático que suponga una nueva obligación para efectuar estos ajustes constitucionales. ¿Supeditarlo a los procedimientos de reforma del marco? Pero no se trata de eso.

-¿Sobre qué principios debería asentarse esa reciprocidad para buscar un nuevo consenso político?
-Se trata de compartir unos compromisos. Primero, una paz integral. La convivencia debe construirse sin violencia y sobre el respeto de todos los derechos humanos y libertades, en el diálogo, los acuerdos y los principios democráticos. La sociedad vasca constituye un pueblo y ha manifestado una voluntad de autodefinición nacional que debe respetarse mediante el reconocimiento del derecho de autodeterminación. Debemos compartir que la sociedad vasca constituye un pueblo con derecho a decidir sobre su futuro, a ser consultada y a que su voluntad libremente expresada sea respetada por el Estado. El principio democrático exige dotar a la expresión clara de la voluntad de los ciudadanos vascos de un valor relevante, dando lugar al nacimiento de una obligación recíproca de las partes de negociar los ajustes constitucionales. Es el principio democrático del dictamen del Tribunal de Quebec. Es decir, que si una mayoría clara apuesta por la soberanía, Canadá tiene la obligación de negociar. ¿Cabe una iniciativa así en una modificación constitucional española? Creo que sí, si hay voluntad. Otro tipo de compromiso de reciprocidad sería compartir que la sociedad vasca es plural, que está compuesta de identidades políticas culturales y nacionales diferentes que conviven en desigualdad en su reconocimiento.

-Dice que es posible, pero a la vez usted es escéptico sobre la voluntad del PSOE de negociar un acuerdo sobre el derecho de decisión...
-No lo veo maduro y con voluntad. Pero otros lo ven, hay que llevarle a ese terreno e intentarlo.

-¿Cabe el derecho de decisión en una reforma estatutaria?
-¿Del actual Estatuto? La clave es si hay o no voluntad política. La reforma del Estatuto, que fue la vía empleada en el proyecto de nuevo estatuto político, se hizo para diseñar un salto cualitativo. Entonces se vio que no existía voluntad política ni reciprocidad.

-La consulta del lehendakari no es un compromiso de reciprocidad...
-Una consulta no perjudica a nadie. ¿Dónde está el problema?

-¿Para pedir a la sociedad que exprese su rechazo a ETA y a los partidos que pacten?
-Para pedir a los partidos que se pongan de acuerdo o para que ETA deje las armas no hace falta consulta. La base está en decir: somos un pueblo y tenemos derecho a decidir. Articulemos ese derecho y pactemos su ejercicio

-¿Pero eso es la interpretación nacionalista del 'conflicto'?
-Es una interpretación democrática. Lo demás es jugar siempre en desventaja. Es como lo de la famosa transversalidad. El nacionalista tiene que llegar aquí a acuerdos con el unionista. Si hablamos de transversalidad prefiero hablar de reciprocidad y yo le voy a reconocer al unionista que es tan vasco como yo pero es unionista porque su condición nacional que prevalece es la española y yo le pido que mi condición nacional vasca esté reconocida jurídicamente.

-¿Y dónde quedan las diferencias entre 'imacistas' y 'egibarianos'?
-Eso ha dejado su poso. Pasan cuatro años, se han adoptado unas decisiones, se decía que no había diferencias ideológicas, que era cuestión de talante y de velocidad. Las decisiones están ahí. Pero no voy a entrar a hablar de Josu Jon.

-¿El papel del PNV fue correcto durante el proceso de paz?
-Fue correcto. Hubo una obsesión por parte del PSOE y de la izquierda abertzale de querer ganarse al PNV en las negociaciones. Creo que en un proceso negociador, si se está hablando de un conflicto político, el PNV tiene que estar seguro de su posición desde la posición vasca nacionalista. Y la parte española está al otro lado de la mesa. Y cada uno tiene que conocer los límites del otro. El PSOE entiende que para un escenario de fracaso el PNV es el mejor dique de contención de una izquierda abertzale cada vez más unida a la suerte de ETA. Mientras el nacionalismo de la izquierda abertzale y el nacionalismo institucional no puedan tejer un entendimiento progresivo, el Estado sabe que el PNV no tiene masa crítica para plantearle un conflicto político democrático al Estado. Es un diseño que Rubalcaba tiene claro, en una obsesión de los socialistas por domesticar al PNV. En Lizarra se encendieron todas las alarmas. No era, como se dijo, un frente nacionalista. Era un método de paz, que establecía la desaparición de ETA. El 3 de octubre de 1998 se quemó en Donibane-Garazi un comunicado de ETA en una reunión de los firmantes de aquella declaración. Era un mensaje de salutación de ETA que era lo peor que le podía ocurrir a Lizarra. El moderador, y tras una discusión, procedió a leerlo, yo pedí la palabra y ataqué duro aquel mensaje. Cogió el moderador el mechero de Urbiola, que estaba al lado, y quemó el comunicado. ETA nos respondió luego llamándonos cobardes.

-¿Por qué no ha sido posible la coalición por el derecho a decidir? ¿Está usted decepcionado?
-Yo en su día lancé la conveniencia de una reflexión en todas las formaciones. Esa reflexión no ha tenido el punto de madurez.

-¿Quizá será posible en las autonómicas?
-No lo sé, no necesariamente. La reflexión ha sido positiva. Pero no me siento ni responsable ni frustrado de que no haya salido adelante.

-¿Cerradas todas las heridas en el PNV de Gipuzkoa?
-Algunas situaciones humanas delicadas requerirán su tiempo.

-Hay quienes dicen que usted no ha querido negociar un GBB de integración...
-La propuesta de integración fue nuestra para que en otros territorios se pudiera aplicar. Ese esfuerzo se ha hecho. Ha habido una línea de trabajo sobre determinadas personas, pero algunos pretendían ciertas interlocuciones. Hay proyecto, hay ideas y muchos candidatos nuevos.

-¿Que Jon Jauregi haya sido el burukide más votado en el nuevo GBB le dice algo?

-Que es una expresión clara de lo que la organización del partido piensa sobre lo que sucedió con Jon Jauregi hace un año. Con las conclusiones de la inspección fiscal de cuatro años a la que se ha sometido voluntariamente y la resolución de la Agencia Vasca de Protección de Datos, los guipuzcoanos tendrán una idea clara de lo que realmente sucedió.

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Hacienda eleva a 8,1 millones de euros el presunto fraude de la oficina de Irun

La aparición de 51 nuevos expedientes irregulares eleva a un total de 8.125.106 euros el presunto fraude cometido en la oficina de Hacienda de Irun entre los años 1989 y 2004. Según las investigaciones de la Diputación Foral de Gipuzkoa, los responsables de la trama, cuyo principal imputado es José María Bravo, se habrían apropiado de aproximadamente 1.638.552 euros a través del cobro de supuestas deudas tributarias que luego no eran ingresadas en las arcas forales.

"Es un escándalo que genera alarma social y que no vamos a tolerar", confesaba ayer el diputado de Hacienda, Pello González, minutos después de aportar los datos de la investigación que lleva a cabo su departamento ante la Comisión de Hacienda de las Juntas Generales. "El departamento va hacer todo lo que esté en su mano para recuperar todo el dinero y castigar a los culpables", añadía tajante.

González ofreció ayer los resultados de la segunda fase de investigación de los expedientes que fueron dados de baja en Gipuzkoa por prescripción o insolvencia entre 1989 y 2000. Los primeros años coinciden con la época en la que José María Bravo se hizo cargo de la oficina tributaria de la localidad fronteriza.

Si la primera fase de la investigación de la Diputación centrada entre 2001 y 2004 detectó 37 expedientes irregulares que elevaban el presunto fraude a 7.553.137 euros, los 18 funcionarios del departamento que trabajan en la segunda fase -puesta en marcha en octubre de 2007- han hallado 51 nuevos expedientes con anomalías, con un importe total de fraude de 571.968 euros. "El total que la Hacienda foral ha dejado de recaudar son 8.125.106 euros", apuntó González, quien descartó que esa cifra vaya a aumentar más.

Fuentes de la Diputación foral señalan que la diferencia de cuantía entre ambos periodos se "puede deber a una toma de contacto. Parece razonable pensar que durante las primeras veces que se cometió el fraude se negociaron cantidades pequeñas. Posteriormente, al sentirse más tranquilos, optaron por elevar las sumas de dinero".
Policía judicial

La Diputación ha puesto los 51 nuevos expedientes a disposición de la juez encargada del caso, Almudena Ovejero, quien ha solicitado al departamento de Hacienda que investigue en "profundidad" estos documentos con el fin de realizar una "criba" para que finalmente sólo se trasladen al Juzgado aquellos en los que se aprecie un "contenido probatorio" claro.

De esta manera, la Hacienda foral actuará como una "policía judicial" y citará a declarar a los contribuyentes que figuran en esos expedientes. El departamento que dirige Pello González ha acordado un "sistema" especial con el Juzgado y la Fiscalía para evitar que los afectados se nieguen a acudir alegando la falta de competencia foral para estas labores. Lo que parece evidente es que la aparición de esos 51 nuevos expedientes retrasará la instrucción del caso que lleva el Juzgado número 2 de Irun.

Tras desvelar los resultados de las labores de investigación, el diputado de Hacienda insistió en centrar la trama en la oficina de Irun. "No ha habido en ningún caso más expedientes irregulares" que los descubiertos en esa oficina, afirmó, antes de recordar dos excepciones: dos informes detectados en la sucursal de Errenteria entre 1989 y 1991, años en los que José María Bravo trabajó en la delegación de la villa papelera.

González quiso enmarcar el fruto de la investigación dentro de la "apuesta decidida" de su departamento para luchar contra el fraude fiscal. "Con esta actuación nuestro departamento cumple con su compromiso adquirido a principio de la legislatura de mantener una tolerancia cero con este tipo de actuaciones, y de intentar llegar al final de toda la investigación de la trama de Irun y de otras posibles tramas que pudiera haber", indicó González, consciente de la pérdida de confianza en la Hacienda foral que el presunto fraude ha generado.

"Nuestro fin es recuperar todo el dinero, que se castigue a los culpables y adoptar las medidas oportunas para que no vuelva a ocurrir lo mismo. Hay que reforzar los mecanismos internos de control para que la labor de unos pocos no enturbie el trabajo de los 500 profesionales que trabajan en la Hacienda foral", subrayó González.

El diputado de Hacienda señaló que la actuación que está llevando su departamento en el "affaire Bravo" ha puesto "nerviosa" a mucha gente. "Iremos a por quien no cumpla sus compromisos tributarios", concluyó González.

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El fin de la era Galdos

Artículo de la web www.abertzale.eu.

Dicen que no hay mas verdad que la que aparece en la prensa. Pero a veces la verdad que nos cuentan no es la verdad que ha sucedido. O al menos no es toda la verdad de los hechos que si bien han ocurrido no se transmiten totalmente a los medios de comunicación bien por falta de espacio o por falta de interés acerca de la noticia. La noticia que nos ocupa gira en torno a un político guipuzcoano.

Ha sido protagonista en otras ocasiones y no en todas como adalid victorioso de su causa, ni en su partido ni en las instituciones. Hace 4 años se postulo como presidente de su partido, pero fracaso por un margen amplio. Lo intento, defendiendo sus mismos ideales, una vez más, en un congreso extraordinario y el margen se amplio, siendo una vez más derrotado. En el pasado congreso no hubo lugar a ese reflejo en dos planchas, pero fue derrotada su lista a la Asamblea Nacional. Con lo que se puede decir que no ha sido una etapa de rosas para nuestro protagonista. Y menos el día de ayer.

Hablamos de Iñaki Galdós, Presidente en funciones de EA Gipuzkoa.

Este tampoco ha sido su mes, hace unas días perdió el control de su alkartetxe. Siendo consciente de su posible derrota inicio un trasvase de afiliados afines a el hacia su alkartetxe pero pese a sus tácticas salió perdedor tanto el como los afiliados que había propuesto.

Ayer se repitió el mismo patrón, invirtiéndose la correlación de fuerzas existente Galdós y el resto del mal llamado sector critico perdió el control de la ejecutiva y la asamblea de Donostia. Con la elección de los miembros de la Asamblea Regional correspondientes a Donostia, elección en la que los candidatos propuestos por Galdós volvieron a perder, se abre la puerta a que el sector critico pierda su bastión, la ejecutiva de Gipuzkoa.

Esta no es la típica noticia que le hubiera gustado filtrar a Galdós a la prensa (algo para lo cual tiene una magnifica habilidad), pero como dice el refranero “no siempre llueve a gusto de todos. Hablando de filtrar noticias ahí se encuentra su intención de ser candidato en las elecciones de Marzo, y es que nadie le ha elegido por ahora, el solito se ha propuesto (algo totalmente legitimo) y el solito se ha dedicado a filtrarlo a la prensa (esto ya es un poquito más feo).

Con todo esto, me aventuro a anunciar el principio del inicio del comienzo del fin de la carrera política de Iñaki Galdós. Diría que es una gran perdida, pero seria mentira asi que mejor lo dejamos asi.

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Agur Coleman

Chris Coleman, el entrenador de la Real, abandona su cargo.

El entrenador de la Real Sociedad, Chris Coleman, anunció en ruda de prensa su decisión de abandonar el club por sus profundas diferencias con el nuevo presidente, Iñaki Badiola, y de renunciar a cualquier indemnización que pudiera corresponderle por los dos años de contrato que le quedan por cumplir.

"Dejamos de ser entrenadores de la Real Sociedad y abandonamos el cargo con mucha tristeza ya que es un club fantástico, pero que vive un momento difícil. Las cosas han cambiado con la llegada de Badiola porque hay dos formas diferentes de ver el club y de trabajar", dijo Coleman, quien ofreció una rueda de prensa, acompañado de su ayudante Steve Kean, en la que no admitió preguntas.

El galés quiso agradecer la actitud de los jugadores txuri-urdines y especialmente la del capitán Mikel Aranburu. Finalemente, quiso desear suerte al club y al próximo entrenador.

El preparador físico Karla Larburu e Iñaki Manzisidor, entrenador de porteros, fueron los encargados de dirigir al equipo en el entrenamiento que por la tarde realizó la primera plantilla. Por otro parte, se espera que en uno o dos días se de a conocer el nombre del nuevo entrenador txuri-urdin.

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Zapatero admite que hubo intentos "extranjeros" por mantener el proceso

El jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, valoró ayer los "intentos" de algunas personas desde el extranjero para que tras el atentado de Barajas no se rompiera el alto el fuego, aunque subrayó que a pesar de los contactos que se mantuvieron después de este ataque las expectativas "eran ya prácticamente nulas" para el Ejecutivo.

En una declaración en el Palacio de la Moncloa tras aprobarse el decreto de convocatoria de elecciones y de disolución de las cortes, Zapatero se refirió, en respuesta a la pregunta de un periodista, a los contactos que autorizó el Gobierno con ETA tras el atentado que provocó el fin de la tregua.

El jefe del Ejecutivo explicó que después de este ataque terrorista "hubo instancias internacionales de distinta naturaleza y distintos países que intentaron que no se produjera la ruptura del alto el fuego". En este sentido, admitió que conoció esta iniciativas y las valoró, si bien comentó que "las expectativas eran ya prácticamente nulas" y que "desde el Gobierno habíamos dado por cerrado el proceso de diálogo".

La valoración ofrecida ayer por Zapatero se suma a la entrevista publicada recientemente en la que el líder socialista admitía que se habían autorizado contactos con la banda terrorista tras el atentado de la T-4.

Estas declaraciones reactivaron el enfrentamiento entre socialistas y populares , alimentado ya de por sí por la proximidad de las elecciones generales. La respuesta del PP a las palabras del presidente del Gobierno se basó, en boca del secretario general de la formación Ángel Acebes, en acusar a Zapatero de "no ser de fiar". El número dos del partido presidido por Mariano Rajoy destacó que "ha quedado demostrado que mintió a los españoles incluso en el Parlamento" sobre los contactos con la organización terrorista.

A su juicio, Zapatero ha quedado "invalidado para presidir el Gobierno de España" y carece de "credibilidad" cuando dice que no retomará el diálogo con ETA en el futuro.

El portavoz socialista en la Comisión de Interior del Congreso, Antonio Hernando, criticó que el secretario general del PP haya tachado al presidente del Gobierno de mentiroso "porque él fue el gran embustero del 11-M y el que ha seguido engañando a los españoles durante todos estos años".

Hernando no entró en el fondo de las palabras de Zapatero pero incidió en que Acebes "no es el más indicado para hablar de mentiras, porque su mismo nombre es sinónimo de engaño y tendrán que pasar muchos años antes de que pueda acusar de mentir a nadie sin que se le caiga la cara de vergüenza". "Acebes carece de legitimidad para llamar a nadie mentiroso", agregó.

El diputado destacó que, a diferencia de su predecesor José María Aznar, Zapatero dejó clara "ante el Parlamento y los ciudadanos la actuación de su Gobierno en los contactos con ETA, que fue transparente y honesta". Hernando añadió que el líder socialista ha hecho de la verdad y la transparencia "una de las señas de identidad de su Gobierno, a años luz" de los dirigentes de la formación popular de los que dijo que "son los mejores herederos de las mentiras que nos llevaron a la guerra de Irak".

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EA y Aralar no cierran la puerta a una coalición electoral aunque la ven difícil

La hipótesis de una amplia coalición en defensa del derecho a decidir empieza a disolverse como un azucarillo tras la decisión del PNV y de Ezker Batua de decantarse por acudir a las urnas en solitario. Pero aún queda un resquicio de esperanza que se despejará en un sentido o en otro en las próximas horas. Nadie quiere del todo cerrar la puerta a una alianza por el derecho a decidir de la sociedad vasca, aunque todo el mundo es consciente de lo difícil que supone articular este tipo de alianza, en este momento preelectoral y ante el plazo perentorio que existe para cerrar las candidaturas al Congreso y al Senado y que termina entre el 30 de enero y el 4 de febrero. El descuelgue del PNV deja lastrada ya la iniciativa y ahora lo que se libra es, en esencia, una batalla por la escenificación pública del desacuerdo.

Las direcciones de los partidos concernidos en esta operación se reunieron ayer para perfilar sus respectivas estrategias en las próximas semanas. El EBB lo hizo en Bilbao después de adoptar por unanimidad una decisión el sábado. La Ejecutiva Nacional de EA también mantuvo su encuentro habitual en Vitoria para fijar una estrategia después de la posición adoptada por el PNV.

Ezker Batua también han mantenido reuniones al más alto nivel en las últimas horas y, aunque no han tomado una decisión definitiva, la opinión mayoritaria parece inclinarse por presentarse en solitario. En medios de la Ejecutiva Nacional de EA se considera "poco probable" que prospere una coalición sin el PNV y sin EB, pero tampoco se tira del todo la toalla y se anuncian contactos en las últimas horas que pueden resultar decisivos. "Hemos dicho a priori que no cerramos la puerta a nada sin antes hablar con Aralar, que es quien ha lanzado la propuesta", señaló Mikel Irujo, secretario de Comunicación de EA en relación con la propuesta de la formación liderada por Patxi Zabaleta de un pacto electoral a tres bandas con EA y EB.

El malestar de EA se hizo palpable el pasado viernes con el PNV, al que reprocha un deliberado intento de confundir a la opinión pública y de endosar a la formación que preside Unai Ziarreta la negativa a participar en una coalición a dos bandas. EA ha recordado que su negativa a esa alianza se remonta al congreso extraordinario celebrado en enero del año pasado y que aprobó por mayoría presentarse en solitario en las municipales y forales.

EA lamentó ayer la decisión del PNV, señaló que "la respeta", pero indicó que "supone una gran ocasión de impulsar la hoja de ruta del lehendakari, hoja sobre la que pivote la política vasca durante los próximos meses".

También Aralar ha valorado las declaraciones de los últimos días y señaló que la renuncia a esa posible coalición "significa la pérdida de una ocasión inmejorable para llevar al congreso de Madrid una voz simplificada de los partidos que se muestran a favor del derecho a decidir".

Abril afirmó que desde Aralar "se hará un intento respondiendo a la petición de parte de la sociedad que se muestra a favor del derecho a decidir, para tratar de llegar a un acuerdo con EA y EB para conformar una coalición entre las tres fuerzas. Nuestra prioridad sería una coalición entre las tres fuerzas que defendemos el derecho a decidir".

Una coalición, en opinión de Aralar, supondría "una opción para defender y desarrollar políticas progresistas en el Congreso". Abril señaló que "el PNV ha antepuesto sus intereses de los partidos por encima del interés general".

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La Rioja llevará a los tribunales el decreto del Impuesto de Sociedades de Gipuzkoa

Se repite la historia de siempre.

El decreto que aprobó la Diputación de Gipuzkoa para rebajar el tipo general del Impuesto de Sociedades de 2007 al 28% apenas ha podido tomarse un respiro. Quienes creían que su aplicación tenía por fin vía libre tras el rechazo de las Juntas Generales a emprender la vía judicial se equivocaban. El gobierno de La Rioja presentará en los próximos días un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco al considerar que la rebaja del tipo al 28% es "discriminatoria" con respecto al 32,5% vigente en el territorio común.

No es la primera vez que La Rioja recurre el tipo del 28%. El año pasado, el Ejecutivo que preside Pedro Sanz llevó también a los tribunales el nuevo Impuesto de Sociedades aprobado en Álava y Vizcaya, que contemplaba una rebaja del tipo general del 32,6% al 28%. En esta ocasión, y a diferencias de otros recursos presentados contra otras normas forales que rebajaban el Impuesto de Sociedades del País Vasco, el TSJPV denegó su petición. El Alto Tribunal estableció a mediados de octubre de 2007 que, tras el criterio establecido por la sentencia de las Azores, no existía la certeza suficiente como para suspender las normas forales del Impuesto de Sociedades. "Ese auto no altera nada. Lo tenemos recurrido en súplica. La solución no es firme, así que no va a cambiar nada nuestros argumentos contra el nueva norma de Gipuzkoa", explicaban ayer a este periódico fuentes del gobierno de La Rioja.

Durante estos días, los servicios jurídicos del Ejecutivo de Pedro Sanz se encuentran estudiando el recurso que presentarán contra "el fondo" del impuesto ante la Sala de lo Contencioso del TSJPV. "Esta norma es muy parecida a las dictadas en Álava y Vizcaya el año pasado. Tiene un contenido prácticamente idéntico. Nuestros argumentos irán en la misma línea que Álava y Vizcaya. Sobre todo, en lo que se refiere al tipo general del 28%, y a alguna deducción que incorpora y que no se sujeta a derecho", apuntan los servicios jurídicos del gobierno riojano.

Lo que aún no ha decidido el Ejecutivo de Pedro Sanz es si el recurso también se centrará en el aspecto formal del impuesto. Es decir, en la fórmula del decreto. "Todavía no lo hemos analizado en profundidad", señalan. Es, precisamente, la legalidad de la fórmula del decreto para modificar los tipos de un impuesto la que más dudas ha generado en las últimas semanas en la Diputación de Gipuzkoa, cuyo departamento de Hacienda prefiere no pronunciarse sobre el recurso de La Rioja hasta que no esté formalizado.

De hecho, la posibilidad de que las Juntas Generales recurrieran el decreto ante los tribunales encendió las alarmas en el PNV, único defensor de la iniciativa. Con el objetivo de alejar el fantasma del recurso, los jeltzales acordaron un pacto de urgencia con EA para que el viernes pasado votara en contra del recurso. La formación de Galdos se desmarcaba de su postura frontalmente contraria a la figura del decreto a cambio del compromiso del PNV de impulsar una reforma integral del impuesto. Algo que, por otra parte, es necesario ya que, tras la derogación del decreto por las Juntas, el tipo vigente en Gipuzkoa en 2008 es el 32,6%. Más de un juntero nacionalista subrayó que el acuerdo entre PNV y EA ponía punto y final al culebrón del Impuesto de Sociedades. La Rioja le ha demostrado que no.

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El futuro cárnico vasco

Artículo de Javier Azpitarte Ariño y Eneko Egibar Artola, presidente y gerente de Erralde, en Noticias de Gipuzkoa.

La cadena de comercialización, el incremento de la presencia de los productos agroganaderos en la comercialización, el apoyo a la transformación y comercialización agraria, el valor añadido, etc son términos y conceptos que utiliza hoy en día el departamento de Agricultura de la Administración vasca a la hora de planificar y llevar a cabo, según parece, un futuro más digno para el agro vasco.

Pero, ¿qué significan estos conceptos? ¿Cómo se llevan a la práctica? ¿Por qué hay que involucrar al baserritarra en la cadena de comercialización? ¿Por qué es preciso fomentar una cadena de comercialización en el sector de la carne, como la que se puso en práctica en el sector lácteo vasco?

Teniendo en cuenta que la mayor parte de la producción autóctona se comercializa a través del circuito corto, es decir, con una venta directa del baserritarra al carnicero, ¿por qué es necesario crear una cadena de comercialización? ¿No sería más urgente conseguir una clara diferenciación comercial de nuestra producción?

Desde el departamento de Agricultura se señala que estas cadenas de comercialización son para que los productores puedan comercializar directamente sus productos para así poder adquirir una mejor renta e incluso abaratar el precio final. ¿Acaso hay algo más directo que la compraventa únicamente entre dos partes?

La primera cuestión sería la de incidir en por qué es necesaria la creación de una cadena de comercialización para que los productores puedan hacerlo directamente, cuando ya lo están llevando a cabo. Y es que, la mayoría de la producción autóctona de carne se comercializa bilateralmente entre el carnicero y el baserritarra. Entonces, ¿ para qué crearla? ¿No sería mejor crear unas pautas de diferenciación de la producción autóctona, con unos precios de referencia y actuar en consecuencia para que esa diferenciación exista en el mercado?

Uno tiene la sensación de que son otros los intereses que se ocultan detrás de la aclamada comercialización. Si no, ¿cómo se puede entender que la Administración vasca dé la espalda a un proyecto de matadero como el de Erralde, cuando, dentro de la CAV, es el que tiene los mejores precios para baserritarras y pastores; donde los vacunos pesan más por el faenado tradicional; y donde, por ejemplo, se excluye el sacrificio del cordero no procedente de Bizkaia para salvaguardar, más si cabe, la producción local del cordero lechal de calidad? Por cierto, actividad esta última que esta llevando al matadero a tener unos resultados exitosos en el mercado.

Ese mercado que, por supuesto, tiene nichos económicos adecuados para actuar, por ejemplo, en defensa de conceptos como el de la soberanía alimentaría, cuya aplicación, como Erralde ha demostrado, es factible.

Quizás a la Administración vasca le puede molestar abrir una brecha en el mercado con ese concepto. Concepto que estaría al servicio del baserritarra y sería ajeno a los intereses de las grandes multinacionales cárnicas, fábricas de piensos, etc, las cuales en gran medida están bajo el dominio de unos pocos lobbies alimentarios que controlan el comercio mundial.

En Erralde se comercializa directamente con los productores, ya que el matadero asume que dentro de sus funciones como matadero está la de comercializar el producto intentando evitar toda la intermediación, sin ningún añadido por gastos de comercialización. Y es que, ¿por qué tenemos que crear más estructuras, más gastos de personal, más de lo mismo?, cuando ya existen, además, comercializadoras que trabajan con la carne autóctona. ¿Por qué no buscar una mayor colaboración entre todos y crear segmentos de mercado donde se valore la producción local y artesanal, y donde se busque la diferenciación del producto?

La cuestión debiera ser qué es lo que tenemos que comercializar en lugar de hablar de cadenas de comercialización. El valor añadido del que tanto se habla debiera ir, por naturaleza, incluido en el producto. Siendo así, la estrategia comercial que se tuviera que llevar a cabo sería una cosa muy distinta. Hablaríamos de nuevas formas de presentación del producto, como platos precocinados, etc., que son muy interesantes. Pero estas nuevas formas de presentación del producto debieran de tener también como objeto una estrategia de diferenciación. Tenemos una ganadería de poco volumen, pero por ello, muy interesante a la hora de encontrar una diferenciación determinada y su lugar en el mercado.

Cuando nos hablan de una carne homogénea y globalizada en el mercado -que es de lo que se habla desde la Administración vasca- y, seguidamente, nos señalan el necesario apoyo de la Administración a la comercialización y transformación en el mercado de ese producto, ¿de qué nos están hablando? De la creación de una especie de multinacional cárnica con nombre vasco; una multinacional que tendría que trabajar con carnes no vascas y con estrategias de las grandes comercializadoras y de las grandes superficies, y bajo sus intereses. ¿Sería esto beneficioso y enriquecedor para el baserritarra? ¿Residiría en ello el valor añadido? Se habla incluso de que el baserritarra debiera de bajar el precio final del producto, se supone, para ofrecerlo en la gran distribución.

Lo que probablemente ocurra es que esa cadena de comercialización se convierta en una carga para las arcas públicas y el supuesto valor añadido se quede en esa cadena comercial que, ya en sí misma, se habrá convertido en un fin, absorbiendo en su camino el objetivo para la que fue creada.

La cadena de comercialización de la carne en Euskal Herria necesita medidas valientes y eficaces. Pero, apostar desde la administración, mediante subvenciones varias, por un modelo de mataderos en los cuales el 80% de lo sacrificado es de procedencia no CAV, no creemos que sea el mejor camino. ¿A quién le aporta mayor beneficio esa política? Y, ¿quién será el mayor beneficiado de una cadena de comercialización que abarque el concepto de la carne de manera global? Pensamos que el beneficiario en ninguno de los casos sería el baserritarra. Probablemente, esta cadena de distribución sería utilizada por las comerciales y por las distribuidoras para obtener mayores éxitos y ganancias, si cabe.

¿Cuándo recaerán los beneficios en el productor autóctono? Probablemente, cuando se realicen actuaciones valientes y con criterios soberanos a la hora de analizar de qué manera queremos producir los alimentos que nos gustaría ofrecer a la sociedad. Ya que, también el derecho de soberanía alimentaría está para ejercerlo y no para que un par de lobbies alimentarios nos concedan el permiso para ponerlo en práctica. Siendo además estos lobbies alimentarios, en parte, los responsables de que aun habiendo sobreabundancia de alimentos en este mundo globalizado, miles de personas mueran diariamente por falta de los mismos.

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Vertedero de San Marcos: a los maestros de la confusión

Carta al director de Maite Peña, concejal de EAJ-PNV en Errenteria, en Noticias de Gipuzkoa.

El pasado 10 de enero, el Sr. Ferradás publicaba una carta hablando del cierre del vertedero de San Marcos en la que constantemente "echaba balones fuera" imputando responsabilidades a todo el mundo menos a los actuales gestores de la Mancomunidad. Me veo en la necesidad de puntualizar y corregir algunas de las cosas que se decían en aquella carta.

Sr. Ferradás, no me extraña que el Sr. Ricardo Ortega (actual presidente de la Mancomunidad de San Marcos) fuera increpado en aquella manifestación. Es evidente que el cierre del vertedero de San Marcos compete única y exclusivamente a la propia Mancomunidad y son sus gestores los que deben dar los pasos necesarios para proceder al tan ansiado cierre. Resulta el colmo del cinismo que el propio presidente de la Mancomunidad asista a esta manifestación. Sr. Ferradás: ¿se imagina usted al Sr. Elorza en una manifestación pidiendo al Ayuntamiento de San Sebastián que ejecute "no se qué" obra de la ciudad?

Por favor, seamos serios. Si de verdad quieren ustedes cerrar el vertedero, pónganse a trabajar en ello de una vez y déjense de tanta pose política, que eso es lo único que están buscando, réditos electorales.

Ante la ausencia de los anteriores gestores en la citada manifestación, se pregunta usted "¿dónde estaban los anteriores gestores de la mancomunidad?". Esa pregunta es muy fácil de contestar. Los anteriores gestores están en su casa porque ahora están ustedes en el gobierno de la Mancomunidad gracias al apoyo inestimable del PSOE (ya que EB-Berdeak y ANV únicamente representan al 30% de la población de San Marcos). Y los anteriores gestores están con la conciencia muy tranquila porque dejaron la cuestión perfectamente encarrilada. El cierre del vertedero se debía haber realizado el pasado 1 de octubre y si no se ha realizado ha sido porque ustedes no lo han querido así.

Dice usted que "los anteriores gestores impusieron una estación de transferencia que sólo tiene sentido en función de la planta incineradora". Pero por favor, ¡que barbaridad!

La estación de transferencia sólo tiene sentido para cerrar el vertedero de San Marcos y llevar la basura a otro sitio (ya sea una incineradora u otros vertederos). Y tiene sentido porque se compacta la basura de forma que se reduce el número de camiones para el transporte de la basura y el impacto medioambiental de los mismos. El empeño de los anteriores gestores por construir la estación de transferencia es otro ejemplo de su compromiso por sacar la basura de San Marcos y cerrar el vertedero.

Finalmente, basta ya de hablar de chantaje por parte de los vertederos de Lapatx, Sasieta y Urteta. Es absolutamente falso que ellos no hayan cumplido con los compromisos adquiridos y es absolutamente falso que se nieguen a recibir la basura de San Marcos. Es justamente al contrario y prueba de ello es que ya tienen los nuevos turnos de personal adaptados y la maquinaria nueva adquirida. Están preparados para recibir la basura de San Marcos y están incurriendo en unos costos económicos importantes por la no llegada de la basura de San Marcos. Son ustedes los que han incumplido los compromisos adquiridos y es esto lo que está imposibilitando el cierre del vertedero. Ustedes están pidiendo a estos tres vertederos un cheque en blanco. Les están pidiendo que "suiciden" su capacidad a cambio de nada. Y estos tres vertederos lo que están planteando, una y otra vez, es que están dispuestos a recibir la basura de San Marcos siempre y cuando a ellos se les garantice una solución a futuro, esto es, una vez se hayan colmatado.

No quisiera terminar esta carta sin denunciar la irresponsabilidad con la que ha actuado en PSOE en esta cuestión. Todo este problema no se hubiera suscitado y el vertedero estaría ya cerrado, si el Sr. Odón Elorza no hubiera regalado a EB-Berdeak una representatividad en la Mancomunidad que no obtuvieron en las urnas.

En fin, Sr. Ferradás, llama a los demás "maestros de la confusión", pero usted podría dar un master a los maestros de la confusión.

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Los intereses partidistas dan al traste con la opción de la coalición del tripartito y Aralar

Definitivamente, no habrá una coalición de los partidos que integran el tripartito y Aralar de cara a las próximas elecciones generales. Ezker Batua y el PNV ya han decidido oficialmente que no concurrirán a los comicios en esa entente de partidos y anunciado que concurrirán en solitario, aunque la formación jeltzale deja la puerta abierta a EA para conformar una alianza electoral. De momento, la formación que lidera Unai Ziarreta ha rechazado por dos veces esa posibilidad.

Ezker Batua anunció ayer por la mañana su intención de concurrir en solitario a las próximas elecciones. En el mejor de los casos, lo haría junto con Aralar, formación con la que ya formó una unión electoral en los comicios municipales del pasado año, pero las relaciones entre ambos partidos no atraviesan un buen momento y ello dificulta ahora esa posibilidad. El portavoz de la Presidencia de EB, Mikel Arana, puso voz ayer a la decisión de descartar la coalición con los nacionalistas vascos al señalar en rueda de prensa que se presentarán con sus "propias siglas, candidaturas y programa". Arana recordó que en las últimas semanas "se ha hablado de la hipótesis" de la coalición, aunque afirmó que su formación no ha recibido una propuesta concreta, "y por ello hemos permanecido en silencio, por prudencia, para no alimentar especulaciones".

La decisión de la formación liderada por Javier Madrazo ha estado muy mediatizada por las fuertes presiones que ha recibido desde Madrid por Izquierda Unida. Algunos sectores muy importantes de IU no ven con buenos ojos una entente de su franquicia en la Comunidad Autónoma Vasca con los partidos nacionalistas. Estas tensiones internas -que no sólo se hubieran circunscrito a IU sino también a algunos municipios y comarcas de Euskadi- explican que durante las conversaciones que las cuatro formaciones han mantenido en las últimas semanas para estudiar la posibilidad de ir unidos a las elecciones, Ezker Batua puso como condición para la coalición que, tras los comicios, sus posibles electos integraran el Grupo Parlamentario de IU, mientras que Aralar y EA abogaban porque todos habrían de integrarse en el Grupo Mixto y el PNV en el Grupo Vasco.

Precisamente la dificultad de conciliar entre sí las aspiraciones partidarias entre las cuatro formaciones es uno de los principales argumentos que han llevado al PNV a rechazar la fórmula de la coalición. La decisión la adoptó por unanimidad en una reunión del EBB el sábado y así se lo ha trasladado a los líderes de las otras formaciones implicadas: Unai Ziarreta, Javier Madrazo y Patxi Zabaleta. De esta manera, la formación jeltzale da por zanjado un asunto que ha trabajado durante las últimas semanas con reuniones al más alto nivel con representantes de las otras siglas y que debatió por primera vez en la ejecutiva nacional el 7 de enero.

El presidente del EBB del PNV, Iñigo Urkullu, señaló ayer que su partido es un "proyecto político propio, abierto a la colaboración con el resto de las formaciones políticas", pero a renglón seguido afirmó que "le cuesta ver coaliciones de carácter natural, no forzadas". El burukide jeltzale entiende que, en este estado de cosas, la mejor manera para "ser el referente ante la sociedad en la defensa de los intereses de Euskadi y en la defensa de la propuesta del lehendakari" es concurriendo en solitario o, en su caso, de la mano de EA. "Todo lo demás está abierto a la disposición de las otras formaciones", subrayó en declaraciones a la Cadena Ser.

La decisión de EB y PNV sepulta definitivamente la coalición del tripartito más Aralar y tan sólo deja abiertas las posibilidades a dos bandas entre los cuatro implicados. También esta posibilidad de alianza a dos parece poco probable a la luz de los intereses contrapuestos que han quedado en evidencia durante las conversaciones entre ellos mantenidas en las últimas semanas. Estas divergencias han afectado no sólo a las diferentes interpretaciones tácticas y estratégicas que realizaban, sino incluso a cuestiones concretas como la denominación de la marca de la alianza, la imagen que proyectaría cada cual interna y externamente (con los ojos puestos en la izquierda abertzale, unos, y el PSOE y el Gobierno español, otros), o incluso eventuales problemas de coordinación.

Pero, sin duda, la operatividad política de una alianza de partidos que defienden el derecho a decidir antes y después de las elecciones de marzo ha sido el factor de más peso en el PNV a la hora de valorar y decidir sobre la conveniencia de concurrir en coalición. Como avanzó hace una semana el diputado del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, "una coalición así podría ser vista desde el Estado como un bloque frentista". En las filas jeltzales temen que esa imagen tendría consecuencias negativas antes de las elecciones, pero sobre todo después, de cara a la crucial negociación que entre abril y mayo tendrán que sostener el Gobierno vasco y el Ejecutivo español para dar cauce a la hoja de ruta del lehendakari.

Para salvar estos inconvenientes, tanto el PNV como el resto de las formaciones han valorado la posibilidad de concurrir en coalición solamente al Senado, aunque se rechazó esa opción.

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