Aralar y EB insisten en pedir la devolución de las pensiones por cese abonadas a altos cargos

Ezker Batua y Aralar volvieron a demandar ayer que los diputados salientes que comenzaron en agosto a percibir las pensiones indemnizatorias previstas en la Norma foral 6/2005, a pesar de tener ya otro trabajo, devuelvan el importe de lo ingresado, que viene a sumar unos 50.000 euros al mes. Todo apunta a que este pago se seguirá realizando hasta que entren en vigor las reformas que se prevén introducir en este texto o sus beneficiarios renuncien voluntariamente a él.

La diputada de Presidencia y Administración, Edurne Egaña, insistió en que la decisión de devolver lo cobrado -entre 6.500 y 5.500 euros al mes por diputado- es "muy personal" y el Gobierno foral no puede forzar a los cargos salientes a realizar esta renuncia. "Quienes perciben esta indemnización están en su derecho, aunque éticamente puede ser cuestionable", aseguró la diputada, quien dijo que el "Gobierno no puede meterse" en ese ámbito ni exigir una devolución sobre un cobro que ha sido legal, lo que sería más bien una "expropiación".

Las Juntas Generales de Gipuzkoa dieron ayer inicio al proceso de reforma por vía urgente de la norma foral sobre cesantías para que quede claro que los diputados salientes sólo podrán cobrar pensiones indenmizatorias durante un plazo de 12 meses si tras abandonar su puesto de trabajo se encuentran en situación de desempleo, si solicitan expresamente el cobro de las cantidades previstas y si no incurren en una serie de incompatibilidades previstas en la norma por la que ya se regulan los cargos del Gobierno Vasco. Además, la retribución que perciban será equivalente al 40% del sueldo que tenían asignado cuando ocupaban el cargo, y no del 80%, como estaba establecido en la norma de 2005.

Se quiere evitar así que diputados que ya trabajan en una nueva actividad cobren además estas pensiones indemnizatorias, como está ocurriendo en Gipuzkoa merced a esta norma. Así sucede con el propio ex diputado general, Joxe Joan Gonzalez de Txabarri, que es presidente de la Autoridad Portuaria de Pasajes, y con buena parte del resto de su equipo de diez diputados, cinco de los cuales se han incorporado a puestos de trabajo públicos. Sólo el diputado de Desarrollo Rural, Rafa Uribarren (PNV), y el ex diputado para la Innovación, Joaquín Villa (EA), han dado de momento el paso de renunciar a esta pensión.

Egaña expuso ayer en las Juntas de Gipuzkoa los detalles del anteproyecto para la reforma de la norma foral vigente, a la que los diferentes grupos políticos pueden realizar sus aportaciones hasta el próximo 9 de noviembre.

La portavoz de Aralar, Rebeka Ubera, se felicitó por la modificación de una norma que suponía una "discriminación para el resto de trabajadores" y confirmó que el partido retira su propia propuesta de norma. No obstante, instó a los diputados que han ingresado estas pensiones aun teniendo otro trabajo a que "devuelvan un dinero que éticamente nunca debieron percibir". El juntero de EB, Mikel Izagirre, también consideró necesario que se efectúe esa devolución y planteó que las Juntas lo soliciten así formalmente. Ambos grupos vieron caer estas peticiones en dique seco.

El juntero del PP Iñigo Manrique consideró un "brindis al sol" el carácter retroactivo de la reforma si no va acompañada de estas devoluciones. Egaña lo negó, explicando que al marcar el 2 de julio de este año como fecha de entrada en vigor de la reforma se interrumpirá el derecho a percibir estas pensiones en cuanto se aprueben los cambios, ya que de lo contrario la medida se pospondría a futuros diputados salientes, lo que marca un horizonte de cuatro años.

El portavoz del PNV, José Ignacio Otermin, se felicitó por la velocidad con la que se ha propuesto modificar la ley, mientras que los representantes de EA, Joxean Rekondo, y el PSE, Julio Astudillo, justificaron su voto a favor de la norma en 2005 aludiendo a que el "espíritu" con el que se confeccionó era distinto al que se ha visto reflejado en la práctica.

Astudillo estimó que la Diputación "podía y debía haber realizado otra interpretación, más acorde con el espíritu y finalidad" de la norma y no propiciar que el artículo 50 de la misma se convirtiera en la práctica en un "blindaje" por el que los diputados pudieran ser indemnizados fuera cual fuera su situación. Egaña aclaró que ha sido precisamente esa interpretación "subjetiva" a la que estaba expuesta la norma lo que ha precipitado su reforma.