Piden la imputación del superior inmediato de Bravo y responsable de las oficinas tributarias

Una de las acusaciones populares en el procedimiento judicial abierto por las presuntas malversaciones en la oficina de Hacienda de Irun ha solicitado a la magistrada instructora del caso la imputación de J.P., que era responsable de la Unidad de Coordinación de Oficinas Tributarias cuando se produjeron los supuestos delitos en la delegación de la ciudad fronteriza. Esta persona era el cargo inmediatamente superior a José María Bravo, ex jefe por delegación de la sucursal irundarra y principal acusado en el caso.

Según ha podido saber este periódico, la petición de imputación fue presentada ayer por el abogado y ex funcionario de Hacienda Fernando Argote, personado en la causa como acusación popular, quien considera que existen indicios que demuestran que J.P. -que actualmente ejerce el puesto de jefe de la Unidad de Atención Tributaria del erario guipuzcoano- participó en el delito de malversación de caudales públicos que también se le imputa a Bravo.

Argote pide que se le tome declaración como imputado a J.P. a raíz de los hechos conocidos tras la comparecencia el pasado miércoles de un contribuyente como testigo en el caso que está siendo investigado en los juzgados de Irun. El declarante aseguró haber efectuado en el año 2001 pagos en metálico a Bravo para saldar una deuda tributaria por un importe total de cinco millones de pesetas, cantidad que, según datos aportados por la Fiscalía, nunca fue ingresada en las arcas forales.

En su escrito presentado a la jueza Almudena Ovejero, Argote explica que el citado contribuyente, G.S., comenzó a efectuar pagos periódicos de 1.500.000 pesetas a Bravo. Sin embargo, la Hacienda foral le practicó con posterioridad un embargo en una cuenta bancaria por importe de 821.786 pesetas, puesto que la deuda no había sido aplazada ni había sido pagada.

Argote explica que el reglamento de recaudación de Hacienda establece que el importe embargado ha de ingresarse de forma inmediata en la tesorería Foral y que sólo podrá levantarse esta orden si se trata de bienes inembargables. A pesar de ello, en el caso de G.S., se procedió al levantamiento del embargo sólo un día después de haber sido decretado -asegura Argote- y fue el entonces jefe de la Unidad de Coordinación de Oficinas Tributarias (J.P.) quien firmó las dos acciones (el embargo y el alzamiento del mismo).
El abogado Argote considera que J.P. realizó esa "maniobra de levantamiento de embargo y otras similares que se han podido venir produciendo por los mismos autores y que procede investigar" para que bravo "no fuera descubierto por el testigo, quien pensaba que los pagos que realizaba eran ingresados en Hacienda". De esa manera, añade Argote, se evitó que el contribuyente sospechara que el aplazamiento de la deuda que le había concedido Bravo era legal, y no un medio para la comisión de un delito de malversación. Y es que, afirma el ex funcionario de Hacienda en su escrito a la jueza, el testigo se había sorprendido de que se le realizara un embargo de su cuenta corriente cuando previamente había concertado con Bravo el pago de la deuda. Una vez se dio cuenta del embargo, acudió a aclarar el asunto a su asesoría, Asesoría Urdanibia, en la que participa el ex responsable de la oficina de Hacienda en Irun.

En definitiva, el abogado presentado como acusación popular cree que el mencionado alzamiento de embargo fue "ilícitamente y criminalmente" llevado a cabo por J.P. "con el deliberado objeto de encubrir el delito de malversación". Por ello pide su imputación y que se investiguen los procedimientos en los que intervino el ex responsable de las oficinas tributarias porque "puede presumirse que ese levantamiento de embargo no fue un caso aislado".

A raíz de unas informaciones que circularon hace unos meses por la Hacienda y que le acusaban de haber participado en las presuntas malversaciones en la oficina de Irun, J.P. salió al paso con un correo electrónico que introdujo en el sistema interno de la institución foral para que lo leyeran todos sus compañeros. En esa misiva aseguraba que "nunca he sustraído dinero de nadie, ni de Hacienda, ni de particulares, ni he autorizado o colaborado con otros para hacerlo, ni he tenido conocimiento de que otros lo hicieran porque, de haberlo sabido, lo habría denunciado yo mismo".

J.P., de cuyo cargo dependían directamente todas las delegaciones de la Hacienda del territorio (Donostia, Eibar, Irun, Tolosa, Bergara y Azpeitia) recordaba en la carta a sus compañeros que "en tanto no se hayan juzgado los hechos y condenado a los responsables, todo el mundo goza de la presunción de inocencia". En su escrito J.P. reconocía que era amigo de los hermanos Bravo -José María (imputado e n el caso y actualmente encarcelado de forma provisional en Martutene) y Víctor (ex director general de Hacienda y ex senador del PNV)- pero insistía en su inocencia.