Restricciones en los cobros de diputados forales

A veces las cosas llegan tarde, pero llegan.

Los diputados forales sólo cobrarán indemnizaciones por cese si acreditan estar en el paro. Se trata de una de las principales novedades de la reforma que llevará a cabo el nuevo Gobierno foral para restringir el derecho de los diputados a percibir un sueldo tras dejar sus funciones y acabar con un reglamento considerado "poco racional". Lo anunció ayer la diputada para la Presidencia y la Administración foral, Edurne Egaña, que compareció en Juntas Generales a petición de Aralar.

Según explicaron ambas fuentes, el Ejecutivo encabezado por Markel Olano ha llegado a un acuerdo con Aralar para modificar el artículo 50 de la norma 6/2005, aprobada en la anterior legislatura con los votos del PNV, EA, PP, PSE y EB. El texto establece que los miembros del Gobierno saliente tienen derecho a percibir durante un año una pensión mensual equivalente al 80% de su sueldo. La retribución la pueden recibir incluso si pasan a ocupar otro trabajo y, en consecuencia, perciben otros ingresos.

En la práctica, las ayudas equivalen a 6.524 euros al mes durante un año para el ex diputado general y a 5.525 euros para los antiguos diputados forales. Con la futura reforma, que se tramitará con carácter urgente, las cantidades se reducirán a la mitad (3.262 euros y 2.762, respectivamente), ya que la pensión indemnizatoria pasará del 80 al 40% del sueldo. Los interesados en recibir las compensaciones deberán solicitarlo expresamente y "acreditar" su situación laboral para poder cobrar el salario durante un año: que estén en paro o que se vean afectados por incompatibilidades al dejar sus cargos.

El "espíritu" inicial de la norma, explicó Egaña, fue precisamente el de indemnizar a aquellos diputados que por diversas razones no pudieran ejercer su anterior profesión durante un tiempo por algún tipo de impedimento legal. Sin embargo, la diputada reconoció que la aplicación de la norma ha tenido "consecuencias no deseadas". Según pudo saber este periódico, a fecha de ayer sólo dos de los once anteriores diputados del Gobierno encabezado por Joxe Joan Gonzalez de Txabarri han renunciado a sus retribuciones, a pesar de que la mayoría desempeña ya otra profesión remunerada: Rafael Uribarren, que repite en el cargo al frente del Departamento de Desarrollo Rural, y Joaquín Villa, que ha rechazado la prestación recientemente.

El nuevo Gobierno foral, que se comprometió a no cobrar en un futuro las compensaciones, envió hace varias semanas una carta a los once miembros del anterior gabinete en la que se les informaba de la inminente reforma normativa. La diputada para la Administración foral precisó que en las misivas han solicitado a sus predecesores detalles sobre su actual situación laboral para determinar "quiénes pueden recibir la prestación y quiénes no". Uno de los puntos clave del acuerdo con Aralar es que la reforma del debatido artículo 50 tendrá carácter retroactivo a fecha de 1 de julio de 2007, por lo que afectará a los anteriores cargos, sin excepción. ¿Tendrán los diputados que devolver por lo tanto las pagas ya recibidas? Este extremo no fue confirmado ayer por ninguna fuente, aunque todo parece indicar que no será necesario, ya que hasta la fecha el cobro se ha realizado de acuerdo a derecho, en cumplimiento de una norma foral aprobado legalmente, recordaron varios junteros.

Edurne Egaña quiso desmarcarse de la norma en su discurso e insistió en que el actual Ejecutivo foral "sólo está haciendo cumplir una norma aprobada en la anterior legislatura", lo que no quiere decir, añadió, que suscriba todos sus puntos.

Rebeka Ubera, de Aralar, subrayó por su parte que la situación actual es "totalmente injusta" con el resto de trabajadores de Gipuzkoa. "Ahora sabemos que hay personas que están cobrando dos sueldos de la administración pública gracias a esta norma foral. Además, las cantidades nos parecen francamente escandalosas". Ubera, la única juntera que preguntó sobre el asunto, quiso saber "qué diputados y cuánto dinero han cobrado" hasta el momento, aunque la diputada de Administración foral eludió entrar en "privacidades".