La fuga de Maite Aranalde pone en ridículo a la Justicia y a Rubalcaba
Maite Aranalde ha puesto pies en polvorosa. Ni la polémica surgida tras abandonar la prisión ni el más que previsible operativo de vigilancia que debía marcar de cerca a la integrante de ETA han impedido que burle la presión judicial y policial. Cinco días después de salir en libertad tras abonar una fianza de 12.000 euros impuesta por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que no pudo decretar prisión incondicional por un fallo burocrático de la Justicia francesa, la activista se encuentra en paradero desconocido. Así lo han constatado las Fuerzas de Seguridad del Estado, que el pasado lunes, a instancias del magistrado Baltasar Garzón, se dirigieron a su domicilio de Ibarra para detenerla, lugar en el que no había rastro de Aranalde.
Garzón emitió ayer una orden de busca y captura de la antigua integrante del comando K-Zelatun, aunque 24 horas antes, el juez de la Audiencia Nacional ya advirtió del riesgo de fuga de la activista en el auto de prisión que dictó y que daba por buenas las demandas de la Fiscalía. El Ministerio público presentó el pasado viernes un recurso en contra de la decisión del juez Velasco -sustituto de Garzón durante el periodo estival- y solicitó, además, que se le impusieran mayores medidas de seguridad para garantizar que la integrante de la organización armada no huyera, como finalmente ha sucedido. Precisamente, la Policía sospecha que Aranalde podría encontrarse huída desde el pasado domingo. Ese mismo día, vecinos de su localidad celebraron una manifestación de protesta contra la prohibición de la Audiencia Nacional de rendirle homenaje al que la propia activista no acudió.
Aranalde fue entregada a las autoridades españolas hace una semana después de cumplir en Francia una condena por asociación de malhechores. A su llegada a la Audiencia Nacional se comprobó que la documentación que la acompañaba se refería únicamente a una de las dos causas por las que se la investiga, un delito de tenencia de explosivos. No existía, sin embargo documentación sobre la otra investigación en marcha, sobre su participación en la colocación de varias bombas durante el Puente de la Constitución de 2004.
Velasco decretó su ingreso en prisión por esta acusación de posesión de dinamita y le impuso para eludir la cárcel una fianza de 12.000 euros, que fue abonada por su familia. El Juzgado responsable de la otra causa se vio impedido de dictar medidas en su contra ante la carencia de papeles. Aunque Garzón no comparte esta tesis en su auto de prisión. Según el juez, "no debe olvidarse que Aranalde huyó de España, que ha sido detenida y entregada por las autoridades francesas y que pertenece a ETA y, por ende, con posibilidad más que probable de que, en cualquier momento, de estar en libertad, pueda volver a la actividad en el seno de la misma, a la que no ha renunciado, ni expresa ni tácitamente".
LA PROMESA DE RUBALCABA La filtración de la huída de Aranalde pilló al ministro del Interior dando cuenta de las cifras de siniestros en las carretetas. Alfredo Pérez Rubalcaba aseguró que en un "Estado de Derecho" los policías cumplen las órdenes de los jueces, tras admitir que su liberación fue propiciada por un "error burocrático" de Francia. "Los primeros que lo lamentan son los franceses", aseveró.
"Hay una orden del juez Garzón para que detengamos a Maite Aranalde y lo vamos a hacer, y en eso estamos", señaló Rubalcaba, que confía en que las Fuerzas de Seguridad del Estado hagan su trabajo.
Por su parte, el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Esteban González Pons, confió en que la detención de Aranalde "sea cuestión de horas o días". En rueda de prensa en la sede del PP, González Pons subrayó que espera que la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Ertzaintza y la Fiscalía actúen con la "eficacia a la que acostumbran". "Esperamos que sea detenida pronto", insistió. En este sentido, según indicaron a este periódico fuentes del Departamento vasco de Interior, la Ertzaintza no recibió notificación de la Audiencia Nacional para vigilar a Aranalde desde que abandonó la prisión madrileña de Soto del Real.
El dirigente popular evitó criticar a las autoridades o a la Justicia española por el hecho de que Aranalde pudiera salir de prisión tras pagar una fianza la semana pasada. "Obviamente la fuga de esta terrorista tiene que ver con un fallo judicial que no se ha producido en nuestro país", aseveró.
Los principales sindicatos policiales fueron más allá y denunciaron que "no cabía la más mínima duda" de que Aranalde iba a fugarse en cuanto se le presentara la oportunidad. Por ello, lamentaron que no se le impusiera una fianza más alta o "fuera devuelta a Francia".
La integrante del comando K-Zelatun llegó a la localidad guipuzcoana de madrugada, donde le esperaba un centenar de vecinos y familiares para darle la bienvenida. La Audiencia Nacional había prohibido cualquier acto de apoyo y, por ello, la Policía vasca desplegó un dispositivo de varias dotaciones de antidisturbios. Con la llegada de Aranalde a su localidad natal se registraron incidentes entre algunos familiares y amigos que le esperaban y los ertzainas. Aunque no se registraron heridos, el tío de la activista fue detenido bajo la acusación de un delito de enaltecimiento del terrorismo. Como protesta, los vecinos marcharon en silencio el domingo por Ibarra
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