El Gobierno Vasco acusa al Estado español de romper el pacto de convivencia de la Transición

El lehendakari, Juan José Ibarretxe, compareció ayer ante los medios de comunicación acompañado por su ejecutivo para leer una dura declaración institucional en el día después de hacerse pública la condena a los miembros de la Mesa del Parlamento. En el texto, el Gobierno vasco acusa al Estado español de "romper el pacto de convivencia alcanzado en la transición" de forma "consciente y permanente" a través de sus diferentes órganos institucionales. Para el ejecutivo vasco, la condena impuesta por el Tribunal Supremo a Atutxa, Bilbao y Knörr es "muy seria, muy grave y muy preocupante".

El anuncio de que Ibarretxe iba a comparecer ante los medios y no la portavoz Miren Azkarate, como suele ser costumbre, ya era indicio del impacto que para el Gobierno Vasco ha tenido el fallo del alto tribunal. En su lectura, Ibarretxe defendió la inocencia de los tres encausados, la autonomía parlamentaria y la democracia como instrumento para solucionar el conflicto. Por contra, denunció el acoso judicial a las máximas instituciones y representantes de la sociedad vasca, y el papel del PP y el PSOE en el encausamiento de Atutxa. El lehendakari cerró su intervención anunciando que dará la palabra a la sociedad para que dé "una respuesta democrática a todo este sinsentido".

El Gobierno Vasco tiene la convicción de que Atutxa, Knörr y Bilbao han sido condenados por "defender la autonomía de nuestro Parlamento y ejercer con dignidad la función política para la que fueron elegidos". En consecuencia, considera que la autonomía política de la cámara vasca ha quedado totalmente en "entredicho", menoscabando el autogobierno que "de forma legítima e histórica le corresponde a este país".

El Estado, responsable La declaración gubernamental responsabiliza directamente al Estado español, representado en sus instituciones, de romper las reglas del juego de la convivencia social y política alcanzadas tras la dictadura. El 'caso Atutxa', el 'caso Ibarretxe' o el arrinconamiento político de una parte de la sociedad vasca a golpe de ilegalización no hacen sino confirmar al Gobierno Vasco que "el autogobierno político está siendo devaluado hasta límites insospechados". La conclusión de todo ello es que el Estado está "consciente y permanentemente rompiendo el pacto de convivencia alcanzado en la transición".

El Gobierno Vasco ni "acepta" ni "entiende" que los tres condenados "hayan cometido delito alguno", una convicción que la expresa de forma "clara y contundente". Además, considera que el fallo del Tribunal Supremo es consecuencia, por una parte, "de la labor" que iniciaron PP y PSOE y, por otra, de Batasuna "cuando echaron a Atutxa de la Presidencia de la cámara vasca. PP y PSOE dijeron que Atutxa y la Mesa del Parlamento eran los abogados defensores de ETA y de Batasuna", recuerda la declaración gubernamental, mientras atribuye a la Izquierda Abertzale la tarea de señalarles como "opresores de este pueblo".

En su denuncia, el Gobierno Vasco critica la doble vara de medir de la Justicia española, que no ve delito en las conversaciones de Rodríguez Zapatero con ETA, mientras encausa penalmente al lehendakari por dialogar con Batasuna o a la Mesa del Parlamento "por respetar las decisiones soberanas del mismo".

La declaración concluye poniendo el acento en la necesidad de encauzar el problema vasco alejándolo de la "espiral sin fin de enfrentamiento y confrontación". Por eso, proclama la necesidad de "mantener la iniciativa política para ofrecer a la sociedad la oportunidad de participar y de expresar democráticamente lo que piensa de todo lo que está sucediendo".

El ejecutivo reitera que "vamos a dar la palabra al pueblo", en alusión a la consulta anunciada por Ibarretxe en el Pleno de Política General del pasado setiembre. "Es nuestro compromiso", subraya el ejecutivo, que concluye afirmando que "sólo el principio de respeto entre instituciones y pueblos, entre Euskadi y España, puede servir de modelo de convivencia para el futuro".

Izaskun Bilbao, actual presidenta del Parlamento y que puede encontrarse ante la misma tesitura que Atutxa ante la más que probable ilegalización de EHAK, reconoció sentirse "restupefacta" con la sentencia. Bilbao que asistió en persona al desarrollo de la vista, opinó que tanto de lo escuchado a las partes como al Ministerio Fiscal "no quedaba ninguna duda de que la resolución no debía haber sido condenatoria".

Ante el mantenimiento en los últimos tiempos de conflictos que se dirimen "entre los ámbitos parlamentarios y judiciales", Bilbao abogó por arbitrar un sistema que resuelva estos asuntos sin llegar a los extremos del 'caso Atutxa'.

Por su parte, el secretario general del sindicato ultraderechista Manos Limpias, Miguel Bernad, no vaciló en calificar la sentencia como un "triunfo", a la vez que criticó el comportamiento "del Ministerio Público por convertirse en una especie de inquisidor político" ya que, según dijo, éste "queda inhabilitado ante la sociedad" puesto que "ni ha promovido la acción de la justicia ni ha defendido la legalidad ni el interés público y social"

Manos Limpias condenó moralmente al "Ejecutivo de la nación, al Fiscal general del Estado y a los subordinados de éste en el proceso" porque "por razones políticas y de oportunismo" dejaron de "perseguir un hecho delictivo cuando estaban obligados por imperativo legal a actuar".