El PP activa el frente contra la consulta de Ibarretxe y sitúa el 11-M en el eje de la campaña

El escaso margen que separa a socialistas y populares en el conjunto del Estado dibuja un horizonte incierto de cara a las elecciones generales del próximo mes de marzo en el que ambos partidos se disputarán en cada circunscripción La Moncloa. Esa dinámica polarizadora que imprimen a la política los dos grandes partidos en la mayoría del territorio español tiene su contrapunto en Euskadi, donde el PNV ha sido la fuerza más votada en todos los comicios al Congreso -salvo en 1993-, aunque el reparto de escaños no le ha sido siempre propicio.

Con esa perspectiva, la campaña electoral vasca se presenta de nuevo como una pugna a tres bandas que requiere una cuidada estrategia por parte de los contendientes pese a que la apuesta de unos sea más sutil, mientras que otros intentarán transmitir su mensaje con la brocha gorda del cuerpo a cuerpo, del ataque frontal al adversario. Los ejes del choque de trenes en Euskadi serán la consulta que propone el lehendakari y la intención del PP de mantener abierto el 11-M.

Los populares se mueven firmes por ambos terrenos. El pleno del Parlamento Vasco el próximo viernes marcará un nuevo hito en la línea de acoso y derribo al Gobierno Ibarretxe, con un golpe colateral a Rodríguez Zapatero a través de una interpelación en las comunicaciones que han mantenido. La consulta anunciada por el lehendakari para octubre del próximo año figura en tres preguntas del orden del día, todas planteadas por el PP.

Dos de ellas aluden directamente a la intención de "dar la palabra a los vascos", mientras que una tercera, que planteará la propia María San Gil, interroga a Ibarretxe sobre si Zapatero conocía de antemano su nueva propuesta. En concreto, alude a una información publicada el mes pasado en Deia que revela que en junio, tres meses antes de su presentación en el Parlamento, ambos mandatarios intercambiaron impresiones en torno a la iniciativa.

Tras ese primer contacto telefónico, los dos escenificaron en La Moncloa su desencuentro, pero -según otra información del mismo rotativo- el presidente socialista reconoció en privado al lehendakari la solidez de los argumentos sobre los que se sustenta su hoja de ruta. Los populares tirarán de esa madeja con el objetivo de poner en entredicho el "no rotundo" que recibió la oferta de diálogo planteada por Ibarretxe. Su tesis sostiene que si los socialistas vuelven a ganar las elecciones se abrirá esa puerta e incluso la de la negociación con ETA.

frente de presos La estratagema del PP tiene otro pilar en la tradicional persecución de las ayudas a familiares de presos de la organización armada. Uno de los primeros puntos del día del pleno de este viernes es una petición al Gobierno Vasco para que "excluya" de su núcleo de subvenciones a "grupos y asociaciones que no condenen o apoyen el terrorismo".

En su formulación, el parlamentario popular Carlos Urquijo, un azote recurrente en ese frente, pone como ejemplo las partidas presupuestarias destinadas a Etxerat.

No renuncia el partido de San Gil a plantear otras cuestiones de índole social, pero su postura contrasta con la de los socialistas, que circunscriben sus intervenciones del próximo debate parlamentario a ese ámbito y que, tras sus últimos resultados en las urnas, se presentan como una "alternativa de gobierno" al PNV en Euskadi. Un buen resultado en las generales de marzo apuntalaría ese discurso, pero para ello la formación que lidera Patxi López tendrá que capear las críticas que recibe Zapatero por su gestión del proceso de paz tanto de la derecha como del nacionalismo.

La celeridad con la que el PP ha abierto en la Cámara la batalla de la consulta tiene su origen en el papel de "vigilante de la legalidad" con el que se ha autoinvestido la formación conservadora.

Los populares reconocen en privado que tienen que "hacer un marcaje" de los pasos que se den desde los ejecutivos de Madrid y de Vitoria en la pacificación para crear una tensión en la opinión pública que recorte el recorrido de las aspiraciones de los nacionalistas vascos. Se trata, en definitiva, de criminalizar las pretensiones de los partidos abertzales.

En esa táctica se enmarca también la resistencia del partido de Mariano Rajoy a dar por zanjado el debate político del 11-M tras la sentencia del juicio.

Los últimos embates, que no han cesado en toda la legislatura, en esa línea ponen de manifiesto la capacidad del PP, en simbiosis con medios de comunicación afines, de mantener tibio el caldo de cultivo en el que se ha desarrollado la teoría de la conspiración que incluye a ETA en la masacre de Madrid.

El histórico vuelco electoral que desencadenaron aquel atentado y su gestión a nivel informativo por parte del Ejecutivo de José María Aznar en el año 2004 es una herida que en la sede de la calle Génova se resisten a dejar cicatrizar. Mantener viva, con pruebas o sin ellas, la polémica es rentable en términos electorales y sin duda será uno de los ejes de la campaña electoral.