La Fiscalía pide la absolución de Ibarretxe al considerar que no cometió ningún delito

Fiel a la línea mantenida desde que comenzó el caso, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) solicitó ayer la absolución del lehendakari los, dirigentes socialistas y los representantes de la izquierda abertzale que se reunieron durante el proceso de paz. María Ángeles Montes, fiscal jefe del tribunal, defiende en su escrito que los citados encuentros no tuvieron, "a priori, entidad delictiva" porque no consta, "en modo alguno", que las reuniones tuvieran como objetivo "favorecer la acción delictiva del complejo terrorista dirigido por ETA, sino todo lo contrario".

De esta forma, el ministerio público reitera una visión defendida desde los orígenes del caso Ibarretxe, al no detectar delito alguno en las iniciativas a favor del diálogo puestas en práctica por todos los dirigentes imputados. Lo novedoso es que la solicitud de ayer llega tres días -hábiles- después de que el juez instructor Roberto Saiz anunciara a través de un auto -sin fijar fecha- la apertura del juicio. Hasta el momento, la sintonía entre el magistrado encargado de la causa y la Fiscalía ha brillado por su ausencia, con enfrentamientos directos sobre la posibilidad de que el caso pudiera finalizar en vista oral con una petición de sobreseimiento del ministerio público de por medio. Saiz interpretó que la sola presencia del Foro Ermua y la asociación Dignidad y Justicia como acusación popular era suficiente para seguir con el procedimiento jurídico, en contra de los postulados de Montes.

La fiscal jefe recuerda en su petición de absolución precedentes como el auto del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón , en el que rechazó la petición de Dignidad y Justicia de impedir la celebración del 6 de julio entre el PSE-EE y representantes de la izquierda abertzale. "En la convocatoria anunciada por parte del secretario general del PSE no se observa ningún elemento que induzca a pensar que, con ello, se pretende favorecer la acción delictiva del complejo terrorista dirigido por ETA y en el que se incluye a Batasuna, sino todo lo contrario, evitar que el hecho delictivo continúe produciéndose", apuntó. Asimismo, aludió al auto del Tribunal Supremo del 13 de noviembre de 2006 por el que se rechazó la querella por supuesta desobediencia interpuesta por Manos Limpias contra el presidente del Gobierno y miembros de su partido.

Lehendakaritza acogió ayer con satisfacción la "esperada" reacción de la Fiscalía, una iniciativa que, según fuentes de la sede presidencial, "deja en evidencia que el proceso está sustentado únicamente en la opinión del Foro Ermua y el juez instructor". Estas mismas fuentes apuntaron que los servicios jurídicos a disposición del lehendakari no han entregado todavía el escrito de defensa solicitado por el magistrado al decretar la apertura de la vista oral. El plazo para entregar la documentación en la que se argumentará la petición de absolución de Ibarretxe finalizará la próxima semana y la defensa del jefe del Ejecutivo tiene intención de agotar este límite. Y mientras en Lehendakaritza continúan elaborando este escrito, los miembros del Euskadi Buru Batzar (EBB) analizaron en su reunión de ayer las alternativas para responder a la apertura del juicio. Sobre la mesa estaba la opción de convocar un movilización social, tal y como planteó en el seno jeltzale el diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao. No obstante, los burukides optaron, según fuentes del EBB, por seguir "estudiando" las herramientas posibles, sin llegar a tomar ninguna decisión en firme.

Por el contrario, EB sigue adelante con su intención de proponer a la sociedad vasca que salga a la calle para denunciar la situación creada con el juicio al lehendakari, una iniciativa que detallará hoy en una rueda de prensa que se celebrará en Bilbao. A las reacciones también se sumó ayer el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, quien calificó de "coherente" y "firme" el criterio de la Fiscalía de solicitar la absolución para el lehendakari y Patxi López, un enjuiciamiento que tildó de "error legal desde el punto de vista material y procesal". Y de forma paralela a estas valoraciones, el proceso sigue su curso con las dudas sobre quiénes serán los encargados de juzgar a los imputados. Una vez conocida la recusación por parte del Foro Ermua de la magistrada Nekane Bolado -contraria al encausamiento-, falta saber si los imputados pedirán también el relevo de los demás jueces implicados en la causa: el presidente del tribunal, Fernando Ruiz Piñeiro, el juez instructor, Roberto Saiz, y Antonio García. Esta más que probable posibilidad desembocará en la configuración de la Sala especial del 77, cuyos miembros -los presidentes de la Sala de lo Contencioso y de los Social y los tres miembros "más modernos" del tribunal- se encargarán de aceptar o desestimar las recusaciones.

Una vez completado este paso, se procedería a designar a la nueva terna judicial, la encargada de juzgar a los imputados. De momento, el candidato que cuenta con más posibilidades de figurar entre estos magistrados es Antonio Subinas, el único juez englobado en la Sala de lo Civil y Penal que no ha tomado parte en el caso. Respecto a los demás magistrados, Europa Press apuntaba ayer que los presidentes de la Sala de lo Contencioso, Juan Luis Ibarra, y de lo Social, Manuel Díaz de Rábago, completarían la lista de jueces, dos magistrados con trayectorias ostensiblemente diferentes.

Ibarra formó parte hace una década de la asociación progresista Jueces para la Democracia, pero su evolución le ha llevado a vincularse con agrupaciones netamente conservadoras como el Foro Ermua, presente en el caso Ibarretxe en calidad de acusación popular. Asimismo, el presidente de la Sala de lo Contencioso formó parte del Ministerio de Justicia bajo las órdenes de Juan Alberto Belloch, en la anterior etapa de gobierno socialista. Díaz de Rábago, por su parte, forma parte de Jueces para la Democracia y ha defendido posturas progresistas desde sus inicios en el mundo de la judicatura