Hacienda cree que se hicieron desaparecer deliberadamente expedientes irregulares

La Hacienda foral cree que en su oficina de Irun se hicieron desaparecer de forma deliberada expedientes que podían ser irregulares y cuya ausencia impide conocer con más detalle las presuntas malversaciones cometidas, según la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, por el ex jefe de esa delegación tributaria, José María Bravo, imputado en las diligencias judiciales previas.

Según declaró el pasado lunes A.G., subdirector general de Recaudación y Oficinas Tributarias del departamento de Hacienda y Finanzas -que compareció como testigo ante la magistrada instructora del caso, Almudena Ovejero-, en los cerca de cuarenta expedientes incluidos en las investigaciones previas faltan documentos que las normas del erario público obligan a su conservación.

Concretamente, este alto cargo de la Hacienda del territorio manifestó en varias ocasiones, según se le fueron mostrando expedientes del caso, que "no tenía sentido" y "resultaba extraño" que estuvieran incompletos con ausencia de informes obligatorios. A.G. -quien, desde que comenzó la investigación hace un año, ha gestionado todas las indagaciones realizadas desde Hacienda sobre las irregularidades en la oficina de Irun- señaló ante la jueza que "no parece probable que la desaparición de expedientes se deba a una tramitación negligente" y, a su juicio, la ausencia de los mismos "tiene que ser debida a un acto voluntario".

El subdirector general de Hacienda especificó que en otros casos ha resultado imposible encontrar el original del expediente, si bien no supo decir dónde se realizó la ocultación de los expedientes pues, en su opinión, "no puede descartarse la posibilidad de que desaparecieran en un sitio distinto a Irun".

A.G. explicó que las oficinas de Hacienda tienen la obligación de conservar más de diez años los expedientes relativos a deudas y para destruir una documentación es necesaria una orden del alto estamento directivo del departamento foral. Según el testigo, "si esa orden no existe y no está el expediente, es una irregularidad voluntaria". El subdirector general dejó claro que la documentación relativa a las deudas de los contribuyentes "tiene obligación de custodiarla el responsable de la oficina donde se encuentre" esa información. A.G. indicó que "no es normal" que un expediente no esté donde debería estar y no se encuentre en el archivo de la oficina.

Según recalcó A.G., "la remisión de expedientes a Irun debía haberse autorizado por los jefes de coordinación o los superiores de la oficina correspondiente". Es por ello que la jueza le requirió al subdirector general que aporte datos sobre si las salidas de los documentos estuvieron autorizadas y por quién.

Como ya adelantó NOTICIAS DE GIPUZKOA, Hacienda busca en la actualidad los expedientes que faltan en la oficina de Eibar, de la que dependió Irun durante varios años en materia de derivaciones de deudas. En el caso de que no aparezcan en la delegación de Debabarrena, podría confirmarse que la documentación pudo ser destruida o extraviada deliberadamente.

El responsable de Hacienda también hizo referencia en su declaración como testigo al hecho de que en la oficina irundarra se gestionaron expedientes de deudas que correspondían a otras delegaciones tributarias. Así, afirmó que "no era regular que hubiera ciertos expedientes remitidos de Eibar para que se les diera de baja en Irun" y dijo desconocer el motivo por el que José María Bravo pidió expedientes para que fueran tramitados en la oficina de la ciudad fronteriza, "pese a que ésta no tenía competencias para tratarlos".

Por otro lado, preguntado por las quitas de deudas que fueron realizadas a contribuyentes, A.G. aseguró que "la condonación de sanciones es excepcional, sólo se puede hacer por decisión del diputado de Hacienda o por una norma foral o cuando hay proceso concursal con convenio judicial". A su entender, en los casos investigados por Hacienda y la Fiscalía, "no hubo nada que justificara la condonación" de deudas y consideró que las quitas que se realizaron fueron "ilegales".

Por último, el subdirector general de Recaudación y Oficinas Tributarias del erario guipuzcoano recordó que "en la gran mayoría" de los expedientes tramitados en la oficina de Irun "el contribuyente era de perfil solvente", a pesar de que una gran cantidad de deudas fueron dadas de baja por insolvencia.