Investigan la oficina de Eibar para buscar expedientes que no aparecen en la de Irun
En un principio, Irun dependía de la oficina de Donostia en cuestiones de gestión tributaria y recaudación, y de Eibar en lo que se refiere a las derivaciones de deudas y su posible declaración de insolvencia posterior. A finales de los noventa, la delegación eibartarra dejó de encargarse de las derivaciones porque no tenía personal suficiente, ya que sólo se dedicaban a esa tarea dos personas. Una de ellas, el jefe de la oficina, causó además baja por enfermedad, lo que fue otra de las razones por las que Irun pasó a ser la única delegación que trataba las derivaciones e insolvencias.
Las irregularidades detectadas en Irun afectan a expedientes de derivación de deudas, es decir, a obligaciones tributarias que no fueron satisfechas por una determinada empresa o persona física y que son derivadas hacia otra compañía o a otro contribuyente que tienen relación con el deudor.
La Fiscalía considera probado que en la oficina tributaria de la ciudad fronteriza fueron presuntamente malversados más de un millón de euros procedentes de deudas que fueron abonadas por contribuyentes a los que se había derivado la obligación, y que no fueron ingresados en las cuentas restringidas de Hacienda.
Los deudores pensaron que su dinero había ido a parar a las arcas forales e incluso muchos de ellos conservan justificantes con el sello oficial de Hacienda en los que consta que abonaron cantidades. Sin embargo, el fiscal asegura que el ex responsable de la delegación irundarra entre los años 1995 y 2004, José María Bravo, se apropió del dinero, y que condonó una gran parte de las deudas, dando de baja después los expedientes como si fueran insolventes o hubiesen prescrito.
La Diputación Foral de Gipuzkoa, personada como acusación particular en las diligencias previas que se desarrollan en los juzgados de Irun, considera que, entre lo que supuestamente Bravo malversó y lo que perdonó, la Hacienda del territorio dejó de ingresar más de tres millones de euros.
Técnicos de Hacienda y la Fiscalía investigan desde hace un año los expedientes irregulares que se tramitaron en la oficina de Irun y que correspondían a deudas superiores a 5.000 euros. Hasta ahora se han centrado en una cuarentena de casos, algunos de ellos relacionados entre sí, que afectan al periodo en el que Bravo fue jefe por delegación de la sucursal tributaria.
Sin embargo, los responsables del departamento de Hacienda y Finanzas han dado orden de ampliar la investigación a años anteriores, hasta 1991, si bien se hace más difícil recuperar documentación de aquella época, en la que la informatización era escasa. Por ello, ahora han acudido a la oficina de Eibar para tratar de encontrar expedientes o copias de ellos que no obran en Irun, ya sea porque fueron trasladados a la sucursal de la localidad armera o porque fueron destruidos.
La magistrada instructora del caso de la Hacienda de Irun, Almudena Ovejero, tomará hoy declaración a tres testigos y a la mujer de Bravo, Rosa Cobos, imputada en el procedimiento. La jueza quiere conocer dónde está el dinero que el matrimonio de acusados obtuvo por la venta la pasada primavera de su anterior residencia, una villa en la localidad labortana de Urruña.
Según la escritura notarial de venta del inmueble, la propiedad fue traspasada a una pareja de ciudadanos británicos por la cantidad de 1,25 millones de euros. Sin embargo, sobre la villa existía todavía una hipoteca de la que restaba por abonar 470.000 euros, cifra que el matrimonio Bravo-Cobos hubo de pagar al notario para realizar la transacción. En un escrito remitido a la jueza hace una semana, la imputada explicaba que la parte que obtuvo por la venta de la villa (la pareja tiene separación de bienes) la destinó al "pago de deudas existentes", ingresándola en "cuentas bancarias españolas" que obran en las diligencias previas.
Asimismo, añadió, hizo un préstamo a su hija para "sufragar sus estudios superiores en Francia". Cobos aseguró que ponía la cantidad restante, 154.477 euros, "a disposición de la jueza de inmediato".
En lo que se refiere a la cantidad correspondiente a su marido, Cobos señaló que la ingresó en una cuenta bancaria en San Juan de Luz en la que se habían cargado diferentes gastos como seguros médicos, colegios y abogados.
Por otro lado, están llamados a declarar hoy también A.E., ex empleado de la oficina de Hacienda de Irun, cuya firma aparece en uno de los justificantes de embargo de metálico que fue entregado a un contribuyente al saldar su deuda. Asimismo, también debe testificar A.G., subdirector general de Recaudación y Oficinas Tributarias de la Hacienda guipuzcoana, que ha sido el responsable de aportar a la Fiscalía toda la información tributaria de los contribuyentes afectados por los expedientes, haciendo constar que las deudas que habían abonado no fueron ingresadas en las arcas forales.
Por último, también está llamado a testificar un abogado y asesor fiscal que aparece en los expedientes y que el letrado Fernando Argote, personado como acusación popular, quería que compareciera como imputado, ya que le acusa de colaborar con Bravo en algunas malversaciones.
2 comentarios:
Y lo que no dice la notícia es que a la acusación particular le ha parecido correcto este descarado alzamiento de bienes producido mientras el marido estaba en la carcel y pesaba un orden de embargo que conocía la esposa sobre los bienes..¿Para esto se presentó la Diputación como acusación particular?....luego la mujer esconde el dinero liquida las facturas que le dá la gana y presenta los justificantes de pago y cuatro euros que le sobraron....¿tenemos que pagar con el dinero estafado los estudios superiores de su hija en el extranjero?....espero que se haga justícia.....pero en la Dipu ya han quedado de culo.
Y nos tiene que dar pena que la pobre hija no va a poder estudiar en la Universidad prívada, Pues que se joda y vaya a la pública como hacemos los demás.
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