Vería muy grave que un partido recurra a los tribunales para que las empresas tributen al 32,6%
Markel Olano se ha echado sobre sus hombros la responsabilidad de aprobar la reforma del Impuesto de Sociedades de Gipukoa a través de una medida tan impopular como es un decretazo. "No ha habido presiones del Gobierno Vasco ni de ningún diputado general de Álava o Vizcaya. La decisión es mía y de los diputados del PNV", apunta. Olano justifica en esta entrevista todos los pasos que ha dado su grupo, incluido el controvertido rechazo a su propio proyecto foral, en aras de salvaguardar un fin mayor: la armonización. "La norma aprobada en Gipuzkoa no podía activar una crisis política que afectara al conjunto de Euskadi", subraya. Mientras, insiste en que las empresas de Gipuzkoa podrán tributar en 2007 al 28% gracias al decreto. "Consideraría muy grave que un grupo político acuda a los tribunales para que las empresas tributen al 32,6%", avisa.
– En las últimas semanas todo el mundo ha opinado del Impuesto de Sociedades menos el diputado general. ¿En el plano personal, cómo ha vivido este tema Markel Olano?
– Yo lo definiría como una cuestión heredada que supone un lastre importante para este Gobierno. Por lo demás, tengo que hacer un valoración magnífica del comienzo de legislatura. Creo que en pocos gobiernos se han producido en tan pocos meses unos avances y unos establecimientos de bases tan importantes como lo hemos hecho nosotros en la Diputación de Gipuzkoa. Hemos elaborado ya el plan de gestión para la legislatura y aprobado los Presupuestos del primer año de mandato, que eso marca, en base a mi experiencia política, el conjunto de la legislatura. A su vez, también hemos sentado las bases para el plan extraordinario de gestión. Por ello, la reforma del impuesto ha supuesto un lastre que hemos tenido que gestionar con todas las voluntades y dedicación posible, aunque sin poder llegar a buen puerto.
– Habla de Presupuestos, de plan de gestión, pero sin embargo la primera norma de importancia que tiene en sus manos ha salido como ha salido. Nome negará que a eso precisamente no se le llama empezar con buen pie...
– Lo que sucede es que no es una norma que nosotros hayamos gestionado desde el principio. Esa norma fue aprobada en Álava y Vizcaya a principios de año, y en Gipuzkoa salió adelante en Consejo de Diputados con la abstención de EA. Posteriormente el diputado general se vio obligado a retirar el proyecto. En ese sentido hay una discrepancia abierta entre PNV y EA desde la pasada legislatura. En todo caso lo que nosotros no hemos podido es cerrar el debate. Durante estos meses ha habido una concatenación de pasos que han enquistado y dificultado la negociación. Yo creo que esto también tiene una lectura alternativa. Nos hemos dado cuenta de que se trata de un debate de país y, por lo tanto, tengo esperanzas de llegar a buen puerto con un esquema que resuelva la desarmonización y lleguemos a una unidad fiscal estable para los próximos años. Confío en que ese acuerdo integral lo consensuemos en los próximos días.
– Hablemos de responsables o de culpables. ¿Lo ha sido el diputado general? ¿EA? ¿La oposición?
– Cuando una norma no es aprobada en Juntas Generales es una responsabilidad del conjunto de las fuerzas. Estábamos ante una situación de vacío, con un tipo general del 32,6%, que mantenía una desarmonización. Con lo que implica además un diferencial de 4,6 puntos en el tipo general con respecto a Álava y Vizcaya. Ese era el peor de los escenarios y fue la fotografía que quedó tras el pleno de Juntas del 5 de diciembre. Es cierto que se rechazó el proyecto de la Diputación y, por tanto, el Ejecutivo tiene la responsabilidad de no haber logrado apoyos suficientes. Por supuesto que no estábamos contentos con esa situación y está claro que debemos hacer autocrítica. Pero el resultado final es que tampoco ha habido una norma alternativa aprobada, con lo que al final se mantuvo la peor de las situaciones. Nosotros respondimos ante ese escenario con una fórmula como el decreto, que era la única alternativa.
– ¿Cuándo llega el PNV a la convicción de que el decreto es la única alternativa posible?
– Yo creo que existían varias posibilidades diferentes. Estaba la opción de aprobar una norma de lectura única. Pero cuando se formularon esas ofertas desde el PSE o desde EA, pivotaban sobre una propuesta desarmonizadora. No se ha querido consensuar el tipo, por lo que estábamos en las mismas. Para nosotros el requisito clave y fundamental era la armonización. La norma aprobada en Gipuzkoa no podía activar una crisis política que afectara al conjunto de Euskadi.
– ¿Confía en la validez legal del decreto?Me refiero a que usted lanza un categórico mensaje de tranquilidad a las empresas.
– Sí, por supuesto. Las empresas en Gipuzkoa tributarán en 2007 con los tipos que establece el decreto normal, que entrará en vigor hoy.
– Si las Juntas rechazan el decreto no ocurrirá nada. Y si se acude a los tribunales usted se basa en la urgencia del decreto para defender su legalidad. ¿No resulta difícil de creer que un tribunal admita la urgencia cuando ha habido todo un año para aprobar la norma y cuando se ha llevado a votación a las Juntas Generales, es decir, cuando su tramitación ha seguido un proceso normal?
– Ha sido un proceso largo que acabó con un proyecto rechazado en el Pleno del 5 de diciembre. Ese texto fue devuelto a la Diputación a mediados de este mes, por lo tanto cualquier otro tipo de fórmula para poner en marcha otro proceso en Juntas Generales era inviable. Además, tenemos claro que es una urgencia justificada debido a esa disposición normativa que nos impide la desarmonización. La urgencia se sostiene en que teníamos que aprobar una norma armonizada, algo que no se daba.
– ¿Cree firmemente que un tribunal entendería ese argumento?
– Sí, está establecido por ley la necesidad de la armonización.
– ¿Y si al final se falla en contra del decreto y las empresas tienen que tributar en 2007 al 32,6%?¿Quién será el responsable?
– Nosotros vemos con normalidad que se acuda a los tribunales, pero yo resaltaría la gravedad de ese paso, que podría redundar en un perjuicio importante para las empresas de Gipuzkoa. Hablamos de un diferencial en el tipo general de 4,6 puntos, pero las pymes han visto cómo el cociente se reduce 8,5 puntos. Por lo tanto, el hecho de que una formación política tome la decisión de acudir a los tribunales para mantener esta situación del 32,6% es muy grave. Sería un gran agravio para las empresas guipuzcoanos, que redundaría en la pérdida de competitividad.
– ¿Según usted, entonces, el responsable sería quien pone en marcha el proceso judicial y no quien aprueba un decreto que al final la Justicia considera ilegal?
– Yo no contemplo la posibilidad de que las empresas tengan que tributar al 32,6%. Estoy firmemente convencido de la seguridad jurídica del decreto normal. Tenemos perfectamente establecida la urgencia de esta norma, que es la cuestión que han tenido en cuenta los tribunales para echar atrás otros decretos, como el del IBI de Álava. Los servicios jurídicos de la Diputación nos confirman, sin ninguna duda, la urgencia del decreto.
– Como todo buen culebrón, ¿podemos hablar de traiciones?¿El PNV ha traicionado a EA o EA al PNV? Me refiero fundamentalmente al Pleno del 5 de diciembre donde su partido votó en contra del proyecto formal ante la sorpresa de toda la Cámara.
– Cada cual ha dado los pasos que ha considerado más adecuados para que su posición salga adelante en un ambiente de discrepancia. Lo que tenemos que corregir es esa discrepancia. Yo no utilizaría palabras como traición. Hablaría de que cada cual ha seguido sus pasos para conseguir sus objetivos. ¿Que son discutibles? Puede que sí. ¿Deseables? Seguro que no.
– ¿Por qué en las diferentes comisiones el PNV dejó con su abstención que el proyecto foral llegara al Pleno del 5 de diciembre para luego rechazarlo?¿Quería ganar tiempo?
– Queríamos posibilitar que continuara la negociación. Si hubiéramos asumido desde el principio el proyecto del 30% estaríamos en un escenario de desarmonización. Nuestros pasos han permitido que no se consolide este escenario y continuar negociando.
– Si la armonización es tan importante para ustedes, ¿por qué aprobaron el 4 de septiembre con EA el proyecto foral que recogía un tipo desarmonizador del 30%? ¿Qué pasó entre el 4 de septiembre y el día en que presentan sus enmiendas contra su propio proyecto?
– A lo largo de julio y agosto el Ejecutivo foral tenía clara su obligación de presentar cuanto antes un proyecto. Para nosotros era inviable esa especie de limbo que existía. Acordamos aprobar un proyecto y tanto yo como mi partido establecimos la necesidad de la armonización con Álava yVizcaya.Nosotros aprobamos el proyecto del 30% con la vocación de abrir un proceso negociador con el resto de formaciones para llegar a un escenario de armonización.
– ¿Ese proceso negociador no se tenía que haber hecho de manera previa? ¿No creen que aprobar un proyecto del 30% sin creer en él es confundir a las empresas?
– En todas las negociaciones tiene que haber un resultante. En su día fue lo que decidimos, fue una decisión mejor o peor, pero había que proponer un proyecto.
– Deduzco, por lo que dice, que el PNV albergaba la esperanza de que EA apoyaría finalmente el 28%.
– Nosotros ponemos en marcha este movimiento para llegar a un acuerdo con el conjunto de fuerzas. Teníamos la convicción de que llegaríamos a un escenario armonizador. Desgraciadamente hemos observado que la posición pública de cada partido estaba tan establecida que no había opciones. Eso lo sabemos ahora, pero no lo sabíamos el 4 de septiembre.
– ¿Ha recibido presiones del Gobierno Vasco para evitar la ruptura de la unidad fiscal?
– Eso lo quiero dejar muy claro. La decisión de no entrar en un escenario de desarmonización y dar los pasos que hemos dado, como el decreto, es una decisión que hemos asumido los diputados del PNV y yo mismo como diputado general. Yo me responsabilizo de esta cuestión. No puedo negar y tengo que agradecer el apoyo que he recibido del Gobierno Vasco y de las diputaciones de Álava y Vizcaya. También agradezco el apoyo recibido por el conjunto de organizaciones empresariales del país y, fundamentalmente, de Adegi. Pero la decisión la asumí yo.
– Entonces, no ha habido presiones sino conversaciones...
– La convicción de que no podíamos entrar en la desarmonización no ha sido algo impuesto de manera externa a este diputado general. Es una convicción profunda mía.
– La oposición, en cambio, le ha acusado de falta de liderazgo y sumisión ante el Gobierno Vasco y el diputado general de Vizcaya.
– La crítica de la falta de liderazgo creo que procede de ese debate puesto en marcha por nosotros sobre la necesidad de llevar a cabo un liderazgo compartido. Cuando decimos que las cuestiones básicas y estratégicas de Gipuzkoa deben ser acordadas por el conjunto de instituciones y agentes, hablamos de liderazgo compartido. Ese mensaje se interpreta como un síntoma de debilidad por algunos formaciones que tienen una concepción caduca de lo que es gestionar la política en el siglo XXI. Para mí, liderazgo es acordar las cuestiones con el conjunto de las instituciones. Es el camino que voy a seguir.
