El Gobierno Vasco censura un subsidio de la Diputación apoyado por el PSE en Gipuzkoa

El Gobierno Vasco acusó ayer a la Diputación Foral de Gipuzkoa de "romper el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos" e introducir "un claro elemento de desequilibrio interterritorial" por aprobar una nueva ayuda social que irá destinada a personas en situación de pobreza que no cumplen los requisitos mínimos para cobrar la renta básica. De este modo, el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, dirigido por Gemma Zabaleta (PSE-EE), arremetió contra una medida aprobada por su propio partido en Gipuzkoa, ya que la creación de esta prestación contra la exclusión social corresponde a un mandato de las Juntas Generales apoyado por PNV, EA, EB, Aralar y los 16 miembros del Grupo Socialista en el Parlamento territorial.

La nueva ayuda económica beneficiará, principalmente, a familias inmigrantes, ya que ofrece un sueldo mensual (512 euros) a ciudadanos que, por no llevar un año empadronados en Gipuzkoa, no están amparados por el subsidio de garantía de ingresos (o renta básica). La paga llegará, asimismo, a los jóvenes tutelados por la Diputación que alcancen la mayoría de edad.

El Departamento foral de Política Social comenzará a repartir este subsidio en septiembre. De este modo, cumple una exigencia aprobada en Pleno por el Parlamento territorial el pasado 31 de enero de 2008: "Las Juntas Generales de Gipuzkoa hacen un llamamiento a la Diputación para que establezca una prestación económica destinada a la inserción social de aquellas personas que no cumplen los requisitos para la percepción de la renta básica, al igual que en el resto de territorios históricos". En este sentido, los Presupuestos Generales de Gipuzkoa de 2009 -cuya aprobación fue propiciada por la abstención del PSE-EE- cuentan además con una partida de un millón de euros para "crear una nueva prestación para aquellas personas que no cumplen los requisitos para la percepción de la renta básica".

CONTRADICCIÓN Esta iniciativa, impulsada por Aralar, obtuvo el beneplácito de todos los grupos junteros, a excepción del PP, cuyos seis miembros se abstuvieron. La ayuda social, por lo tanto, contó con un amplio respaldo en el Parlamento foral, incluido el del Grupo Socialista. Ayer, sin embargo, el Gobierno Vasco cayó en la incongruencia al contradecir públicamente la postura de su partido en Gipuzkoa al remitir un comunicado censurando que los ciudadanos residentes en este territorio tengan derecho a esta prestación. El departamento que dirige Gemma Zabaleta, además, manifestó sus dudas sobre el alcance de la capacidad normativa que tiene el ente foral sobre este asunto.

En este sentido, consideró que, al adoptar esta decisión de forma "unilateral", la Diputación "se desmarca de la Ley de Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social", en vigor desde el pasado 31 de diciembre, "con el agravante de que la misma se haya producido en un contexto de teórica colaboración y coordinación en el ámbito de la Comisión Interinstitucional para la Inclusión Social, de carácter tripartito (Gobierno, diputaciones y ayuntamientos)".

Por todo ello, censuró "el procedimiento y oportunidad" de la aprobación de esta medida, cuya denuncia trasladará a la mencionada Comisión Interinstitucional en la reunión que tiene previsto celebrar el próximo 7 de septiembre.

El Ejecutivo autonómico insistió, asimismo, en que la medida genera desigualdades: "No podemos volver a discriminar a la ciudadanía afectada en función del territorio en el que viva". En su opinión, en todo caso, de haber consenso político en dicha Comisión, "lo correcto sería proponer la introducción de cambios en la Ley, para que afectara al conjunto de los tres territorios".

El PSE-EE de Gipuzkoa, por su parte, declinó efectuar comentarios sobre las críticas vertidas por su partido desde Lakua, aunque manifestó su intención de abordar hoy el tema