El Consorcio ofrece a San Marcos los medios para cerrar el vertedero en octubre

El Consorcio de Residuos quiere acabar de una vez con el culebrón del vertedero de San Marcos. La entidad ha lanzado una propuesta a la Mancomunidad para que en octubre se deje de depositar basura. Si la entidad comarcal no dispone de los medios para trasladar los residuos a los vertederos acordados, el Consorcio se ofrece a ponerlos. La Mancomunidad, entidad competente en el vertedero, debe dar el visto bueno a la oferta.

La solución definitiva a la basura de Donostialdea parecía algo ya consolidado. Los acuerdos alcanzados con los demás vertederos guipuzcoanos y con la Diputación de Vizcaya permitían dejar de depositar basura en San Marcos. Ahora bien, la Mancomunidad debía aportar los medios técnicos, básicamente camiones, para proceder al trasladado de los residuos al resto de basureros.

La Mancomunidad no dispone de los vehículos suficientes para hacer frente a esta labor y tampoco los ha adquirido. Por tanto, parte de la basura se sigue arrojando en San Marcos. De ahí que el Consorcio de Residuos se haya ofrecido a comprar los camiones necesarios. El coste posteriormente se repercutiría en la Mancomunidad.
La propuesta del Consorcio fue entregada por escrito en la Mancomunidad el pasado lunes. Lleva la firma del presidente de la entidad, Carlos Ormazabal, también diputado foral de Desarrollo Sostenible, y va dirigida a Ricardo Ortega, presidente de la Mancomunidad. La presidencia la ostenta EB y la vicepresidencia, ANV.
Ormazabal señala en la carta que la clausura del vertedero es un «objetivo prioritario» del Consorcio y una exigencia de la sociedad. El presidente indica que «si existen cuestiones menores que están dificultado el cierre las deberíamos de abordar a la menor brevedad posible».

Ormazabal explica a Ortega que el Consorcio se ha puesto en contacto con Fomento de Construcciones y Contratas, empresa adjudicataria de la recogida de basuras, «requiriéndole que defina cuáles son los medios imprescindibles para que el transporte de los residuos que aún no se derivan a los vertederos sea viable. Caso de solicitar dichos medios de forma inmediata, FCC se compromete a derivar el 100% de los residuos para el 1 de octubre».

FCC, en respuesta al Consorcio, indica que precisaría dos semirremolques, ocho cajas para transportar los residuos y otro tipo de equipos, con un coste de 419.292,55 euros. Además, necesitaría de una explanada de 400 metros cuadrados para el almacenamiento de los contenedores, cuya ejecución material requeriría una inversión superior a los 368.000 euros.

Ormazabal señala en la misiva que el Consorcio «está dispuesto a realizar las inversiones necesarios para complementar la insuficiencia» de las infraestructuras de transporte de San Marcos».

Ormazabal propone a Ortega que en un «plazo acordado el Consorcio proceda a la adquisición de los medios necesarios para abordar el cierre y que posteriormente los costes puedan repercutir en la Mancomunidad».

La propuesta del presidente del Consorcio pretende cerrar un problema cuyas aristas más difíciles ya se han limado. El año pasado, los vertederos de Lapatx (Azpeitia), Urteta (Zarautz) y Sasieta (Beasain) aceptaron recibir la basura de Donostialdea, excepto 25.000 toneladas anuales. En mayo, las diputaciones de Gipuzkoa y Vizcaya llegaron a un acuerdo para que esas 25.000 toneladas se trasladaran a vertederos del territorio vecino. Ahora bien, para materializar estos acuerdos es preciso que San Marcos disponga de camiones suficientes, algo que de momento no ocurre.

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Olano dice que el punto negro de Gipuzkoa es el terrorismo de ETA

El diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, hizo ayer un balance «muy positivo» de su primer año al frente del Gobierno foral. Sin embargo, lamentó que en Gipuzkoa «existe un punto negro, que no es otro que la existencia y persistencia del terrorismo de ETA».

Olano denunció las recientes acciones de la organización terrorista en Orio e indicó que desde la Diputación trabajarán «para que la violencia de ETA desaparezca de un modo definitivo».

Respecto al primer año de legislatura, destacó su satisfacción por haber «establecido las bases» para los tres años restantes en materias como infraestructuras, políticas sociales y transporte público. Asimismo, afirmó que su «quehacer fundamental es trabajar por una nueva cultura política en el territorio guipuzcoano» entre la Diputación, otras instituciones públicas y privadas, y los ciudadanos. El diputado general no ocultó que los problemas puedan surgir en ese periodo, pero subrayó que «las bases están bien asentadas. Vamos por el buen camino».

En referencia a la reforma del Impuesto de Sociedades, Olano confío en que los socios del Ejecutivo foral, PNV y EA, alcancen un acuerdo en esta materia «sin llegar al último minuto», tal y como ocurrió el año pasado. El diputado general también indicó que no se repetirá «la vía del decreto» utilizada en el Impuesto de Sociedades de 2008. Olano no quiso concretar en qué momento se encuentran las relaciones entre los dos partidos de cara a este asunto, aunque sí confirmó que tanto PNV como EA están limando sus discrepancias en torno al tipo impositivo nominal que se debe fijar para 2008. Aseguró que las conversaciones se desarrollan «en buen ambiente» y anunció que «en este momento existe una labor intensa de relación entre PNV y EA que, probablemente, finalizará antes final de año». «Están abocados a lograr un acuerdo», apostilló.

Por otro lado, el diputado general valoró que los acuerdos políticos alcanzados con las diferentes instituciones en este año «permitirán avanzar en cuestiones, retos y proyectos estratégicos para el territorio».

Entre estos acuerdos, subrayó el alcanzado con el Ayuntamiento de San Sebastián como uno de los logros más reseñables de este primer año. Las dos instituciones acordaron hace dos meses impulsar juntas diecisiete proyectos estratégicos para el territorio guipuzcoano, entre los que destacan la construcción de la estación central de autobuses de Atotxa, la ampliación y rehabilitación del museo San Telmo o la ampliación del Palacio Kursaal.

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Otegi se aparta del liderazgo del MLNV

Arnaldo Otegi abandonará el liderazgo de la izquierda abertzale cuando salga a finales de agosto de la prisión de Martutene. En realidad, su ingreso en la cárcel ya había supuesto un desplazamiento real de su protagonismo político, crítico con la dinámica de ETA a partir de la ruptura del alto el fuego y particularmente tras el asesinato del ex concejal socialista de Arrasate, Isaías Carrasco, el pasado 7 de marzo. Otegi fue el interlocutor por excelencia del Partido Socialista de Euskadi durante el último proceso de paz.

El diario El País se hacía ayer precisamente eco del futuro de Otegi en esos términos, dando a entender la pérdida de peso del sector más político de la izquierda abertzale frente a la victoria de la línea dura y más radicalizada en ETA, responsable de la ruptura del alto el fuego. El mismo rotativo, que citaba fuentes nacionalistas, sostenía que en cualquier caso Otegi no iba a hacer públicas sus opiniones críticas. El que fue portavoz de Batasuna cumple una condena de 15 meses por un delito de apología del terrorismo. Tiene también dos procesos pendientes.

Sin embargo, el descoloque de Otegi y su decisión de apartarse del liderazgo del mundo radical no sólo tiene que ver con las condiciones de práctica clandestinidad en la que se mueve la izquierda abertzale que se niega a romper amarras con el entorno de ETA. También refleja la frustración creciente de ese mundo con la evolución de los acontecimientos.

El fracaso de este proceso de paz ha generado un profundo desconcierto interno en el seno de la izquierda abertzale, en donde determinadas iniciativas judiciales de marcaje a Batasuna han empujado el cierre de filas interno, pero en donde los atentados de ETA han reabierto disensiones que se han trasladado al colectivo de presos.

Este duro pulso que se libra en el seno de la izquierda abertzale se ha acentuado en especial tras el asesinato de Isaías Carrasco. El crimen ha generado un profundo malestar en el sector más político de la izquierda abertzale, que apostó con fuerza en la última legislatura de Zapatero por un proceso de final dialogado que permitiera definitivamente la puesta en marcha de un proyecto político del radicalismo abertzale al margen de la influencia de las armas.

Este malestar tras el asesinato de Carrasco habría llegado incluso al movimiento republicano irlandés, tanto al Sinn Féin como al IRA, que habrían hecho llegar al mundo de ETA su crítica contundente a este tipo de atentados. Los republicanos irlandeses, que avalan en Irlanda del Norte un proceso de paz y de diálogo, son aliados de la izquierda abertzale y ya mostraron su desmarque con ETA con la ruptura del alto el fuego.

Otegi ha mantenido en prisión algunos encuentros con los dirigentes sindicales de ELA y de LAB, José Elorrieta y Rafa Díez, así como con responsables del Sinn Féin y del IRA. Otras fuentes abertzales subrayan que el histórico dirigente de la izquierda abertzale realiza un intenso seguimiento de la política vasca en los últimos meses.

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Una octavilla del PNV buzoneada en San Sebastián en favor de la consulta indigna al PSE y al PP

Una octavilla del PNV buzoneada en algunos barrios de San Sebastián a favor de la Ley de Consulta aprobada por el Parlamento Vasco ha irritado profundamente al PSE y al PP, que consideran ofensivos los términos de la misma. En el pasquín, que se ha repartido por los domicilios del barrio donostiarra de Gros, el PNV asocia al Partido Socialista con los GAL mientras que al PP lo relacionada con una fotografía de Franco con Hitler, y a ANV con el anagrama de ETA. La hoja está firmada por el PNV de los barrios donostiarras de Gros, Intxaurrondo, Egia, Bidebieta y Ulía.

La octavilla pretende subrayar la falta de credibilidad en el pasado de quienes se oponen hoy a la Ley de Consulta y durante los últimos 30 años han «incumplido» el Estatuto, han «mantenido silencio ante asesinatos», han avalado la dispersión de los presos y las torturas tras las detenciones, han apoyado la Ley de Partidos, y rechazan hablar con el lehendakari y que se pregunte a la ciudadanía. También realiza una comparación entre las diferentes fuerzas políticas vascas respecto al cumplimiento de los «derechos individuales» y los «colectivos». Así destaca que, mientras ANV suspende en el respeto a los «derechos individuales», aprueba en relación a los «derechos colectivos». Sin embargo, tanto los socialistas como los populares suspenden tanto en relación con los derechos individuales como con los colectivos mientras los partidos nacionalistas e IU aprueban ambos apartados.

El contenido del pasquín ha provocado incluso una queja formal del secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa, Iñaki Arriola, al presidente del PNV en este territorio, Joseba Egibar, al que ha enviado una carta por correo certificado. En la misiva, que Arriola acompaña del panfleto, lo llama «basura» y destaca el «gusto» de sus autores «que hacen un flaco favor a los intereses e imagen del partido al que dicen representar».

«No quiero pensar que esta acción se haya llevado a cabo con tu conocimiento y aprobación, y en este sentido, te pido que adoptes las medidas oportunas en la línea del respeto que debe imperar en las relaciones entre dos partidos democráticos». Más aún, Arriola sugiere con cierta sorna a Egibar que «traslade» a los autores su recomendación de que «la guarden donde mejor les quepa, porque siempre podrá servirles para salir de un apuro».

El secretario general del PP guipuzcoano, Borja Sémper, expresó también su indignación con el contenido de este panfleto. «Responde al pánico que empieza a experimentar el PNV ante la posibilidad de perder la poltrona y que le lleva a hacer cosas impropias de un partido democrático», señaló.

Sémper responsabilizó al PNV de poner más aún en el punto de mira de ETA a los ediles del PSE y del PP con este tipo de mensajes, que inciden en una deslegitimación democrática del adversario político. «Es un juego sucio que puede insuflar excusas añadidas a los etarras. Es intolerable que por oponerse a la consulta te llamen franquista y terrorista», dijo. Sémper exigió al presidente del PNV, Iñigo Urkullu, que pida disculpas por esta «agresión» y que desautorice esta campaña de «criminalización».

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De la consulta al chuletón de Berriz

José Manuel Etxaniz Makazaga en Noticias de Gipuzkoa.

Me comentaba Lourdes, la suministradora del pan y la prensa en mi barrio, que ha percibido un descenso notable en la venta de periódicos, mientras se mantienen las cifras de consumo de pan. Ha realizado un estudio en el que analiza los motivos de tal descenso, las franjas de edad y sexo de sus clientes y sus preferencias en los tipos de prensa, general o deportiva, libros y revistas, obteniendo unas conclusiones que podríamos analizar en otro momento, pero no ha considerado como indicador el hastío que provoca en los lectores la dosis diaria de "más de lo mismo".

Aunque Moncloa evite los comentarios sobre los cien días largos de crisis económica, sólo son un adelanto de lo que vendrá el próximo otoño; como fuego de distracción, se aumenta la producción de humo, fuegos de artificio y audaces y transgresoras políticas gestuales disfrazadas de progresismo, que es lo que se lleva y garantiza la presencia, incluso con foto, en las portadas.

Aquí, en el terruño, el capítulo tropecientos de "La Consulta", que ya comienza a provocar carcajadas en algunos círculos de votantes del tripartito, con un mínimo de criterio y sentidos, común y del humor. Aristófanes, comediante de la Grecia clásica que sabía relativizar los asuntos sociales, decía que un drama mal representado, quizás por el concurso de un director torpe en referencia a su enemigo Sócrates, puede tornarse en cómico y arruinar las pretensiones del autor.

Algo de eso comienza a pasar en Euskadi, cuando militantes y votantes del propio partido del lehendakari admiten que cada vez es más evidente, que el inquilino de Ajuria Enea, parte de su partido y el gobierno que preside, se mueven en una órbita diferente a la de la sociedad vasca a la que dicen representar, servir y liderar y exigen tal vez por última vez a Urkullu, le eche valor y ponga fin a este esperpento y sus previsibles consecuencias, jubilando al Mesías de Llodio que va a conseguir llevarles al desierto. ¡Y vaya travesía les espera!. ¡Y vaya alternativa para los ciudadanos vascos!.

Mientras los principales actores de la tragicomedia nacional vasca, declaman su discurso sobre la capacidad de decisión y el autogobierno, como si fueran los problemas que preocupan a los vascos, sus peones del opaco departamento continúan su labor a favor de los productos autóctonos pero sin productores autónomos, es decir, ajenos a su dictado e intereses, impugnando ante la Oficina Española de Patentes y Marcas dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el registro de las marcas comerciales "Chuletón de Bérriz" y "Bizkaiko bildotsa" que impulsaban los gestores del matadero Erralde de Durango, al tiempo que filtran a la prensa la apertura de un expediente administrativo.

A juicio de la Administración no es correcta la utilización de nombres genéricos dentro de la marca comercial, obviando la existencia de otros nombres genéricos dentro de marcas comerciales, chorizos de Orozco, tejas de Tolosa, ...Y desde hace un mes el bonito de Bermeo, la anchoa del Cantábrico de Ondarroa, registradas por la propia Administración demandante.

Parece que esta iniciativa económica y social surgida en la Mancomunidad del Duranguesado, excepto el Ayuntamiento de Durango por disciplina partidaria, se ha convertido en la piedra en el zapato gubernamental.

Después de una comparecencia gubernamental de los representantes de la veterinaria en Euskadi en donde comentamos casos como el señalado, todos los cargos políticos vizcaínos del partido mayoritario fueron llamados a capítulo, para recordarles que -¡prietas las filas!- la política del sector primario en este país era la correcta y la desarrollaba el Ejecutivo, no teniendo que hacer caso a los cantos de sirenas, tal y como hizo Ulises con sus argonautas, sólo que aquí, en lugar de tapones de cera utilizaron medias verdades y mentiras a medias.

Erralde surgió para ofrecer un servicio a los ganaderos, carniceros y consumidores de la zona, objetivos que viene cumpliendo de manera notable y de los que también se benefician productores de otras comarcas vizcaínas, guipuzcoanos y alaveses, pero las altas instancias de Lakua lo han considerado desde su inicio, como un elemento contrario a la iniciativa gubernamental denominada Gurokela, que con importantes aportaciones de dinero público, dice agrupar en su accionariado a los grandes productores de carne, centralizando el sacrificio y faenado en el matadero bilbaíno de Zorroza, beneficiando a las grandes distribuidoras y trabajando con ganado mayoritariamente nacido y criado fuera de Euskadi.

A tenor del resultado del dictamen del Tribunal Constitucional sobre La Consulta, que alguna alto cargo de la Moncloa ya anuncia favorable a sus tesis, quizás podamos extender la técnica participativa a estos asuntos domésticos y salir de dudas sobre la fórmula que resulta más conveniente y transparente para dar respuesta a las necesidades de nuestro sector primario.

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Konsulta Bai

Julen Ansorregi, Miren Sojo, Arantza Kortabitarte, Mª Paz Berasaluze, Ion Ganbra y Luis Felipe Galarraga en Noticias de Gipuzkoa.

El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero ha intentado truncar una posible salida a los principales problemas que tenemos los vascos. Ha recurrido la Ley de Consulta, aprobada por la mayoría de los representantes de los ciudadanos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, ante el Tribunal Constitucional. De esta forma, ha conseguido que quede suspendida la aplicación de la misma hasta que dicho Tribunal resuelva.

Ese es el verdadero talante de Zapatero y de los socialistas, se llamen vascos o españoles: negar la democracia. Negar la legitimidad de nuestro Parlamento y negar la posibilidad de abrir una solución dialogada que nos permita lograr la paz y resolver los problemas de encaje que Euskadi tiene con España. No sólo niegan la democracia y demuestran tener miedo a lo que opine el pueblo. Además, lo hacen mintiendo y manipulando.

Dicen que el lehendakari Ibarretxe plantea un referéndum y que un referéndum es inconstitucional, cuando en realidad estamos hablando de la realización de una consulta no vinculante que recoja el sentir de los vascos. Una Consulta no vinculante cuya fuerza residiría, exclusivamente, en el respeto que a cualquier demócrata le debe merecer la opinión del pueblo.

Dicen que la Consulta divide a los vascos. Mentira. La prohibición y la imposición es lo que nos divide. Y, en última instancia, la división surge cuando no todas las identidades nacionales están reconocidas, cuando quienes se sienten españoles sí tienen reconocida, constitucionalmente, su identidad pero quienes nos sentimos vascos -y sólo vascos- carecemos de ese reconocimiento porque el Estado español se empeña en negárnoslo. Esa es la situación. Y, a la vista de lo que está sucediendo, nos sentimos obligados a, al menos, expresar nuestra indignación. Una indignación que sabemos que es compartida por la mayoría de la gente de nuestra bailara.

En cualquier caso, por mucho que Rodríguez Zapatero y todos los poderes fácticos del Estado español se empeñen en impedirlo, estamos convencidos de que se ha abierto, definitivamente, una puerta que ya no podrá ser cerrada. Vamos a decidir nuestro futuro. Y lo saben, porque saben que tenemos derecho a decidir. Y eso no se puede parar.

Kontsulta Bai. Aurrera, Lehendakaria!

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La mayoría del nacionalismo no está por el choque de trenes

Afirma que el año que lleva al frente del Departamento de Turismo y Deportes de la Diputación de Gipuzkoa le ha dado otra perspectiva política. Iñaki Galdos, presidente de EA en este territorio, analiza el momento vasco desde una convicción: «La mayoría del nacionalismo vasco no está por el choque de trenes».

-A los pocos días de las elecciones generales del 9 de marzo, usted decía que muchos nacionalistas no consideraban prioritaria la consulta. ¿Lo mantiene?
-Dije entonces que había sectores del nacionalismo que tal vez no veían como prioritaria aquella cuestión. Debemos tener muy en cuenta en todo momento lo que está respirando la sociedad. La apuesta del Gobierno Vasco en torno a la consulta es absolutamente legal, legítima, democrática y necesaria. Dicho esto no podemos ocultar en estos momentos la realidad y aceptar con mucha humildad que hay sectores importantes del nacionalismo que tal vez piensan de otra manera. Tenemos que analizar sin prejuicios por qué a muchos nacionalistas no les entusiasma la idea. Para ganar la aceptación social y electoral, los partidos tienen que mirar mucho más a las periferias que a los núcleos duros ideologizados.

-Pero parece que el 'nacionalismo tranquilo' ha plegado velas...
-No creo que se trate de plegar velas sino de reconocer que existe dentro del nacionalismo vasco esas sensibilidades y que no podemos recluirnos sólo en el núcleo duro. Es innegable que parte de nuestra propia sociología no está viviendo esta apuesta por la consulta con la misma pasión con la que la viven otros.

-¿Se siente cómodo con la estrategia trazada desde la Ejecutiva Nacional de EA a este respecto?
-EA aprobó una ponencia en su último congreso que yo voté a favor. No debemos confundir las discusiones ideológicas con las estratégicas. En el plano ideológico la unanimidad es completa, pero en torno a las estrategias y a las tácticas las divergencias pueden ser mayores. Estoy absolutamente cómodo.

-¿Pero respalda estrategias de desobediencia civil como a veces ha trasladado la dirección nacional de su partido?
-Primero tengo que aclarar que nadie en EA ha propuesto una estrategia de desobediencia. Lo que he visto en dirigentes de mi partido han sido aportaciones para el debate teórico. Dicho esto, ideológica y conceptualmente no estoy en contra de la desobediencia civil, entre otras cosas porque fui condenado en 1984 a 14 meses de cárcel como insumiso. No obstante, EA y el PNV estamos gobernando en este país y la desobediencia civil se ha dirigido históricamente contra la recaudación del dinero, y las policías y se da la circunstancia de que en este momento tanto una cosa como la otra están en nuestras manos. Sería un poco surrealista que nos desobedeciéramos a nosotros mismos.

-¿Qué hacer entonces?
-El nacionalismo tiene que mirar a su propia historia y ver cómo ha podido salir adelante en momentos de una gran convulsión social. Cuantas más dosis de realismo, madurez y busca de centralidad mejor le ha ido. Si hay una sentencia del Tribunal Constitucional que eche abajo la Ley de Consulta, cuestión que me parecería grave, llegará el momento en el que el nacionalismo vasco tendrá que adoptar decisiones históricas pensando siempre muy mucho en qué clave está la sociedad vasca. La mayoría de los nacionalistas no estamos ni en el choque de trenes ni en aventuras que suponen echarnos al monte.

-¿Qué siente con el apoyo de EHAK a la Ley de Consulta?
-Sinceramente me siento muy incómodo con el apoyo. La dosis de humillación a la que pretendió someternos la izquierda abertzale no fue plato de buen gusto.

-¿Qué opina de la estrategia del Partido Socialista?
-Me parece realmente desalentador ver la actitud de Zapatero. Más que nunca vemos que es más fachada que otra cosa.

-¿Y de la izquierda abertzale?
-La izquierda abertzale, a pesar de las injusticias de las que son víctimas, no da ningún signo de cambiar de actitud. Sí que es cierto que ETA sigue tratando de hacer mucho daño y tratando de controlar una vez más la agenda política de este país y de condicionarla. Creo que está habiendo éxitos policiales, no quisiera hacer una lectura excesivamente optimista, será un proceso largo, espero que llegue, pero no va a ser sencillo. Los éxitos policiales contra ETA son innegables y ayudan a todos a vivir más tranquilos.

-¿Estaría a favor de una gran coalición por el derecho a decidir para las elecciones autonómicas?
-Siendo como era partidario de una coalición con el PNV, siempre veía la coalición como un instrumento. La pregunta es si estar a favor del derecho a decidir del pueblo vasco es suficiente argumento como para articular una coalición. Sería una coalición defensiva y con dosis de debilidad. No creo que fuera un argumento suficiente para una gran coalición, y lo digo a título personal. Para defender este derecho no hace falta esa coalición, máxime cuando los ciudadanos tienen otras preocupaciones.

-Tras este primer año de gestión en la Diputación de Gipuzkoa. ¿Fue acertada la decisión de EA de pactar con el PNV?
-Decidimos al final gobernar con el PNV porque era la opción más coherente y creo que fue una decisión acertada. Aquel debate abrió definitivamente una puerta para el futuro y se rompió un tabú.

-¿No fue una pose para reforzarse en su negociación con el PNV?
-Hay quien piensa que fue una pose, una especie de partida de mus. Lo desmiento absolutamente, los que protagonizamos aquellos procesos asamblearios en los que hubo una gran participación interna constatamos una gran seriedad y una gran madurez en la discusión.

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Los socialistas de Gipuzkoa muestran su «indignación» por el «macabro plan»

El PSE-EE de Gipuzkoa expresó ayer su «apoyo y cariño» al edil socialista de Eibar Benjamín Atutxa, a quien ETA planeó secuestrar, y se sumó a la «indignación popular» por los «macabros planes de la banda terrorista».

El secretario general del PSE-EE guipuzcoano, Iñaki Arriola, condenó los planes del comando Bizkaia, que había situado entre sus objetivos al edil socialista de Eibar y al juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska.

Además, aplaudió la «eficacia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado» porque «gracias a las detenciones se ha logrado evitar mucho sufrimiento y que de nuevo las calles de Euskadi se tiñan de sangre».

Arriola, quien ha sido durante cuatro años compañero de Atutxa en el Ayuntamiento de Eibar, donde era alcalde, subrayó que «el intento de ETA de amedrentar al PSE es absolutamente inadmisible e intolerable», tras lo que garantizó la «total implicación, esfuerzo y compromiso» de los militantes del PSE-EE para «conseguir la paz y la convivencia a través del diálogo».

«La mejor respuesta frente a ETA es la defensa de los derechos del pueblo vasco que reivindica vivir en paz, sin bombas, sin secuestros y sin tiros en la nuca», agregó.

El antecesor de Arriola al frente de la dirección socialista en Gipuzkoa y ahora diputado, Miguel Buen, advirtió ayer de que no debe «bajarse la guardia» porque ETA va a seguir intentado «hacer lo que pueda», a la vez que aseguró que los terroristas «no van a doblegar nunca al Estado de derecho con sus asesinatos y chantajes».
En declaraciones a RNE, Buen reiteró su petición de que «no se baje la guardia» y lamentó que todavía haya quienes «no tengan claro» en Euskadi que, contra ETA, «se deben emplear todas las armas del Estado de derecho».

Tras conocer las intenciones del comando Bizkaia de atentar contra Grande-Marlaska y repetir un secuestro como el de Miguel Ángel Blanco, Buen dijo que ETA «iba a intentar hacer de nuevo lo mismo». «Iban a repetir aquella tragedia, aquel acto ignominioso de tener a una persona en unas condiciones de desesperación para intentar chantajear al Estado de derecho, si ya saben que no le van a poder vencer», añadió.

En referencia al tripartito y a los nacionalistas, Buen lamentó y criticó que en el País Vasco aún haya gente «que no respalda que el Estado utilice todas las armas del Estado de derecho» para combatir a ETA.

«Todavía hoy en Euskadi, por desgracia, hay gente que no termina de ver claro que hay que combatirla con todas las armas del Estado de derecho y que es mucho mejor, sin ninguna duda, que ellos estén en la cárcel que no otras muchas personas estén o estemos en el cementerio», concluyó.

El secretario de Organización del PSE-EE, Rodolfo Ares, recordó por su parte que todos los socialistas son objetivo de ETA, por lo que destacó la importancia de que lleven escolta, especialmente tras conocerse el seguimiento que el comando Bizkaia había realizado al edil de Eibar durante tres meses.

Ares envió a su compañero de partido y a su familia un «fuerte abrazo» y el apoyo de los socialistas vascos. Además, advirtió de los riesgos que conlleva ser dirigente socialista en el País Vasco. «Todos sabemos que podemos ser objetivos de ETA, que somos objetivos de ETA», dijo.

Por otra parte, felicitó la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por impedir que los presuntos etarras pudieran cumplir sus objetivos.
Tras conocerse que el comando Bizkaia desistió de intentar el secuestro de Atutxa porque llevaba escolta, Ares insistió en la importancia de que «todos los amenazados lleven escolta y utilicen todos los medios de autoprotección porque se demuestra que son eficaces». Pese a las amenazas, Ares recalcó que los socialistas defenderán no sólo su proyecto sino también «la lucha contra el terrorista para consolidar la paz y la libertad, defendiendo la democracia, la libertad para todos y estamos seguros de que estamos en el buen camino».

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Eibar expresó su «profundo rechazo al vil y cruel atentado» que ETA pretendía contra Atutxa.

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El 'complejo Bizkaia' iba a perpetrar un atentado "importante" en Getxo en unos días

ETA tenía planes para que Getxo volviera a convertirse en el primer argumento de todos los informativos y portadas de periódico de manera inminente. La organización armada había dado orden a sus liberados -activistas a sueldo- de cometer una "ekintza importante" a finales de este mes en la localidad vizcaina, una de las más castigadas por la violencia del grupo armado. Fuentes consultadas por este periódico no han podido precisar a quién o a qué tenía ETA en su punto de mira. El departamento de Interior del Gobierno vasco ha mandado una circular a todos los agentes de la Ertzaintza en la zona para que extremen las medidas de autoprotección y para que también extremen la vigilancia sobre los posibles objetivos de un ataque de ETA en Getxo.

La detención del complejo Bizkaia ha truncado los planes de la organización armada. Fue precisamente en uno de los registros motivados por la operación policial del lunes cuando la Guardia Civil intervino a uno de los dos detenidos en Getxo -Iñigo Gutiérrez y Mikel Saratxo- una carta de la dirección de la organización armada. En la misiva, la cúpula de ETA le advertía de que a finales de julio debía ausentarse un tiempo fuera de su municipio porque la organización iba a cometer una "ekintza importante", según detallaron fuentes de la lucha antiterrorista a este periódico.

A expensas de que avancen las investigaciones policiales, el Ministerio de Interior cree que Arkaitz Goikoetxea-detenido en un piso de la calle Iturribide, en Bilbao- era el liberado del complejo y que el resto de los ocho detenidos eran legales que le ayudaban a la hora de realizar seguimientos, facilitarle alojamiento o medios de transporte. En este sentido, los expertos antiterroristas consideran que con esa misiva la dirección de ETA quería proteger a los legales aconsejándoles que se marcharan fuera de Getxo para que de esta forma nadie pudiera implicarles en el atentado que planeaba cometer con los liberados .

huido Eskuinaldea en general y Getxo en particular se han convertido en uno de los epicentros de la actividad de ETA. Y no sólo por los atentados. También en la formación de sus grupos operativos. La Guardia Civil busca a otro vecino de Getxo que, según los indicios policiales, también estaría implicado en la estructura montada en torno a Arkaitz Goikoetxea y, quizás, otros liberados . Se trata del joven A.B.T., cuyo domicilio fue registrado hasta la una y media de la madrugada.

Los agentes del Instituto Armado debieron derribar la puerta para entrar en el inmueble, puesto que no había nadie en el interior. Los guardias civiles encargados del examen de la vivienda requirieron la presencia de dos vecinos de la escalera para que ejercieran como testigos. Las fuerzas de seguridad creen que A.B.T. se encuentra huido y mantienen un dispositivo de búsqueda. Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro de Interior, vaticinó que habrá más arrestos relacionadas con este operativo: "La Guardia Civil no descansa. La operación de detenciones va a continuar. No sólo hemos detenido a los culpables, sino que hemos evitado nuevos atentados. En los próximos días sabremos hasta qué punto es cierto esto". Rubalcaba añadió que la información incautada es abundante y que la están estudiando.

Una vez conocidas las intenciones de ETA, la Policía vasca distribuyó una circular entre todos sus agentes de la zona para que extremen tanto sus medidas de autoprotección como la vigilancia sobre los potenciales objetivos de la organización armada. La Ertzaintza no se fía de ETA y recuerda a todos sus miembros que la estructura de la banda sólo está desmantelada parcialmente.

Los registros practicados como consecuencia de estas detenciones se extendieron ayer a la localidad riojana de Ezcaray, donde la Guardia Civil halló un zulo en la urbanización El Cardizal próxima a la estación de esquí de Valdezcaray. Los agentes localizaron evidencias de la posible presencia de bombas trampa, por lo que serán los Grupos de Especialistas en Desactivación de Explosivos de la Guardia Civil quienes tratarán de acceder hoy a su interior.

En cuanto a los detenidos en la operación del martes, todos han sido trasladados a dependencias policiales de Madrid. Según informó ayer el grupo contra la tortura (TAT) ordenó ayer la aplicación del protocolo para garantizar los derechos de los arrestados durante su periodo de incomunicación.

El magistrado ha solicitado a la Guardia Civil que informe a los familiares sobre su situación, que permita el acceso de los médicos de confianza para supervisar su estado de salud y la grabación en vídeo del todo el periodo de incomunicación. Según informó el TAT, los médicos designados por los detenidos se personaron ayer mismo en la Audiencia Nacional, aunque aún no pudieron visitar a los detenidos.

Representantes de la izquierda abertzale calificaron la operación contra el 'complejo Bizkaia' como "una nueva agresión del PSOE" en el marco de "la ofensiva y cruzada represiva" en la que estarían inmersos los socialistas. El histórico dirigente de Herri Batasuna Tasio Erkizia, que estuvo acompañado por Idoia Ibero, aseguró que "no es descabellado" pensar que el PSOE ha realizado una "declaración de guerra abierta contra Euskal Herria" y que "existe un estado de excepción encubierto". Para el ex-dirigente abertzale, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, quiere "ilegalizar ideas" y proyectos políticos y quiere que la izquierda abertzale "en la cárcel".

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Lakua enmarca el recurso en el intento de Zapatero de "acabar con Ibarretxe"

Se esperaba que ayer el Gobierno Vasco concretara algo las alegaciones que planteará ante el Tribunal Constitucional contra las impugnaciones a la Ley de Consulta presentadas por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y el PP. Sin embargo, el Consejo de Gobierno se limitó ayer a hacer un examen jurídico del recurso del Abogado del Estado y dejará para la semana que viene la presentación de sus alegaciones, en las que ya trabaja. En el plano político, el Gobierno Vasco no duda en hacer una interpretación muy alejada de la legal del recurso del Estado a la Ley de Consulta, un paso del que responsabiliza en exclusiva a Rodríguez Zapatero y que enmarca en "su principal y gran objetivo político, acabar con Ibarretxe como lehendakari".

La portavoz del Ejecutivo vasco, Miren Azkarate, daba lectura de esta declaración haciendo referencia directa a las palabras pronunciadas este domingo por el presidente del Gobierno durante la clausura del Congreso del PSC, en las que afirmó que su principal objetivo "en términos políticos" es contribuir a que el secretario general del PSE, Patxi López, sea lehendakari. Declaraciones que permitieron ayer al Gobierno de Juan José Ibarretxe llevar el recurso del Abogado del Estado contra la Ley de Consulta al terreno preelectoral -o electoralista- aún a más de medio año de los comicios autonómicos.

Sin embargo, el Ejecutivo vasco todavía no desvela el contenido de sus alegaciones a ese recurso, que considera sustentado en "premisas falsas". Será previsiblemente el próximo martes, coincidiendo con la última reunión del Consejo de Gobierno antes de las vacaciones de agosto, cuando se conozcan más concretamente los argumentos del Ejecutivo autonómico en defensa de la Ley de Consulta. En cualquier caso, confirmó Azkarate, éstos serán presentados ante el Constitucional antes del 1 de agosto, sin agotar, por tanto, el plazo de 15 días que otorgó el tribunal.

reunión en la moncloa Por otra parte, el portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, se reunirá el próximo lunes con el presidente del Gobierno, dentro de la ronda de contactos que éste mantendrá con los portavoces parlamentarios, y le propondrá "explorar alguna salida democrática a la situación creada por el recurso que ha interpuesto" contra la Ley de Consulta ante el Tribunal Constitucional. En el encuentro, el máximo representante del Grupo Vasco también emplazará a Zapatero a "sentarse en serio para realizar un diagnóstico, a calzón quitado", con el fin de adoptar medidas consensuadas en relación con la crisis económica.

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Origen fraudulento de la soberanía del pueblo español

José Luis Orella Unzué, Catedrático senior de Universidad, en Noticias de Gipuzkoa.

El pueblo de Madrid respondió en 1808 (ahora hace dos siglos) a la entrada de las tropas francesas con el levantamiento popular del 2 de Mayo, con Daoiz y Velarde como jefes militares, como decían los manuales de la época. Poco después se organizaron las Juntas Provinciales y la Junta Suprema Central, la cual se apropió de la sublevación popular y se constituyó en poder supremo y central de España, pasando por alto la legalidad de los reinos y coronas, lo mismo que de las restantes soberanías y regímenes forales de los que se constituía la unidad del reino.

Cuando esta Junta Suprema Central derivó en las Cortes de Cádiz, los miembros integrantes de las mismas Cortes que no respondían legalmente a ninguna de las soberanías constituidas en el reino, se apropiaron de la representación de un ente político, no existente antes de ese momento, como era el del pueblo español. Dando un golpe de estado ilegítimo e ilegal, afirmaron que correspondía a los representantes reunidos en aquel momento en las Cortes de Cádiz la soberanía de un único pueblo español, suprimiendo las territorialidades soberanas y los reinos que eran las depositarias de la integración de las tierras en una única corona de España.

Ahora, 200 años después, estamos sufriendo las consecuencias de este golpe de estado por el que se constituyó fraudulentamente la soberanía de un pueblo español, ya que la legalidad y la legitimidad del reino de España se integraba por tierras, reinos, señoríos, soberanías, tanto peninsulares como las establecidas en Indias y en Asia.

El golpe de estado trajo como primera consecuencia la sublevación de las tierras americanas, que pronto y con las armas en la mano se proclamaron estados soberanos desgajados de una centralidad en la que ellas no habían participado.

Si los estados americanos llegaron a su independencia por la fuerza de las armas, las tierras vascas y navarras con el mismo objetivo se enfrascaron en las guerras carlistas. Cuando las perdieron se les dio una fórmula jurídica sibilina y mentirosa que se ha prodigado hasta nuestros días en la Constitución de 1978.

En aquel momento se les confirmaron los fueros vascos y navarros sin merma de la unidad constitucional de la monarquía. También en la adicional primera de la Constitución de 1978 se reconocieron los derechos históricos de los territorios forales, sin merma de la unidad constitucional.

La fórmula era tortuosa pero jurídicamente clara. Pero su ejecución humillaba el orgullo de las armas españolas. Se pedía la convocatoria de una reunión paritaria entre los representantes del Estado y los de los territorios forales, para llegar a evaluar hasta dónde y cómo se extendían estos derechos forales o estos derechos históricos dentro de la unidad constitucional.

Pero los gobernantes de Estado español, desde Espartero a Zapatero, temerosos del encuentro político y jurídico con los nacionalistas, optaron por la negación práctica de la adicional primera de la Constitución y por la tramitación torticera de las competencias señaladas en los Estatutos, de modo que treinta años después no han querido cumplir la legalidad.

Zapatero, como los demás jefes del Estado español, se han comportado ante el Derecho como rufianes, por no decir delincuentes, que se han amparado en la fuerza, aun militar, para no cumplir con la legalidad pactada tras las guerras carlistas y exigida por la Constitución vigente.

Ahora, cuando el lehendakari ha afirmado que llevará adelante las iniciativas legales, sociales y políticas pertinentes para obligar a Zapatero a cumplir la legalidad, se le recuerda a este mismo que no ha tenido aliento suficiente: 1) Para crear esa comisión mixta con representantes del Estado y de los responsables de los derechos históricos para llegar a un acomodo de los derechos históricos de los territorios forales a la Constitución; 2) para culminar el autogobierno vasco y navarro, transfiriendo las competencias que los estatutos afirman pertenecer a estas comunidades y que el Gobierno central ha tenido treinta años cautivas.

Ante esta alevosía jurídica de Zapatero y de los restantes presidentes del Gobierno desde la transición, el lehendakari se ha dirigido a los ciudadanos vascos y les ha pedido ejercer el derecho a decidir sobre qué hacer con sus antiguos fueros y sus reconocidos y constitucionales derechos históricos, ante la felonía del incumplimiento. Ibarretxe, con su legitimidad derivada del Estatuto de Gernika y de la adicional primera de la Constitución, reclama que se señalen unos plazos de concordia y ejecución de los derechos asignados en el Estatuto y en la adicional constitucional.

No cae en la cuenta el editorialista interesado de El País que no sustituye el principio constitucional autonómico por el soberanista, porque en ambos textos se declara el origen primigenio de los derechos forales y de los derechos históricos.

Y entre los derechos forales estaba uno que era clave de bóveda del régimen, que afirmaba que las decisiones judiciales y de gobierno que fueran contra los fueros se obedecían y no se cumplían. Y este derecho histórico y foral está reconocido, como todos los demás derechos, en la propia Constitución del 1978. Por lo tanto, serán consecuentes con la Constitución aquellos vascos que obedezcan y no cumplan la decisión constitucional si es contraria a sus derechos históricos.

Negar, por lo tanto, los derechos históricos de los territorios forales no sólo es una ataque a la autonomía vasca y una suspensión de hecho de nuestro autogobierno político, sino que es un acto anticonstitucional que rompe el pacto por el que se fraguó la nación española tras las guerras carlistas y en la transición.

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Ezkerra: "Me han hecho más daño que todos los nacionalistas y ETA juntos"

En el Foro de Ermua andan a tortazos. Nos alegramos.

Iñaki Ezkerra tachó de "ilegal" la asamblea del Foro Ermua celebrada el domingo en Vitoria, en la que sus opositores decidieron destituirle como presidente de la plataforma. Según la versión que Ezkerra trasladó ayer a Europa Press , él no perdió ninguna elección porque no se presentó, habiendo convocado sólo una asamblea informativa tras impugnar en un juzgado de Madrid el pasado viernes los comicios. "¿Cómo puede ser que recibiera ochenta votos en contra y uno a favor si ni siquiera me presenté?", se preguntó Ezkerra. "Me han hecho más daño que todos los nacionalistas y ETA juntos", afirmó.

Por su parte, la nueva Ejecutiva del Foro Ermua estudia emprender acciones legales contra el que hasta ahora ha sido su presidente, Iñaki Ezkerra, por "las difamaciones" contra este colectivo al afirmar que han existido "irregularidades" en la gestión de sus fondos. Respecto al anuncio del presidente de la anterior dirección de que solicitará una auditoría externa, señaló que ésta está acordada desde enero y que no se ha realizado por el propio Ezkerra.

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Desarticulado el comando Vizcaya, el más activo de ETA

La Guardia Civil ha desarticulado esta madrugada el comando Vizcaya, el más activo de la organización terrorista desde la ruptura del alto el fuego, el cinco de junio de 2007, y al que se atribuyen la mayoría de los atentados cometidos desde agosto del pasado año.

En esta operación policial, según han informado fuentes de la lucha antiterrorista, han sido detenidas al menos ocho personas, entre ellas Arkaitz Goikoetxea, el "liberado" (fichado y a sueldo de la banda terrorista) considerado como el responsable del comando Vizcaya de ETA, quien fue arrestado junto con dos mujeres.

La Guardia Civil considera desarticulado el comando Vizcaya de ETA con el arresto de Goikoetxea y de al menos siete "legales", los colaboradores de la organización terrorista que no están fichados por las fuerzas de seguridad y realizan una vida aparentemente "normal".

La operación policial, autorizada por la Audiencia Nacional, se desarrolla en varias localidades vizcaínas, como Getxo y Elorrio, desde primeras horas de la madrugada y continúa abierta, por lo que no se descarta que se produzcan nuevos arrestos, según han señalado las citadas fuentes.

Además de las detenciones, la Guardia Civil ha practicado varios registros, sin que por ahora haya trascendido el material incautado en los mismos.

El comando Vizcaya era el grupo más activo de ETA desde la ruptura del alto el fuego y al mismo se le atribuyen la mayoría de los atentados cometidos durante el último año, entre ellos la bomba contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Legutiano (Álava) que mató al agente Juan Manuel Piñuel.

El departamento de Interior del Gobierno Vasco identificó como integrantes "liberados" de este comando a Arkaitz Goikoetxea y Jurdan Martitegi, cuyas fotografías distribuyó públicamente para intentar localizarles.

Otros atentados atribuidos a este grupo son las bombas contra el cuartel de la Guardia Civil en Durango, los juzgados de Getxo y Sestao, las sedes socialistas de Bilbao La Vieja y Balmaseda, todos ellos en Vizcaya, y contra la comisaría de la Ertzaintza en Zarautz, en Guipúzcoa, y el cuartel de la Guardia Civil en Calahorra, en La Rioja.

La Guardia Civil realiza registros en un portal de la calle Iturribide, de Bilbao, en cuyo interior se encuentran agentes del instituto armado, al parecer, con el presunto miembro de ETA Arkaitz Goikoetxea, detenido en la operación desarrollada esta pasada madrugada.

La calle Iturribide se encuentra acordonada por la Guardia Civil desde, al menos, las tres de la madrugada. En el lugar ha estado presente el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que ha ordenado el operativo y que ha abandonado el lugar alrededor de las seis de la mañana.

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El PNV explora en EEUU iniciativas innovadoras

La delegación del Think Gaur Euskadi 2020 se encuentra ya en Estados Unidos para explorar diferentes iniciativas y experiencias avanzadas en los ámbitos empresariales, tecnológicos, económicos, culturales y sociales recogidas en el país norteamericano. El grupo, encabezado por el presidente del EBB del PNV, Iñigo Urkullu, pretende tomar nota de estas experiencias y regresar con ellas en la maleta para su incorporación al estudio que finaliza a finales de este año con una propuesta estratégica para el futuro a medio y largo plazo de Euskadi.

Durante la visita, que terminará el viernes, la delegación jeltzale visitará plantas de producción, así como otros centros tecnológicos vinculados a la sostenibilidad y a la conservación y recuperación del medio ambiente. Asimismo, en los próximos días mantendrán encuentros con agentes sociales y culturales del país, así como con responsables políticos e institucionales tanto de la Administración federal como del Congreso y el Senado estadounidense.

La agenda de trabajo se inicia hoy en Pennsylvania con la visita a la planta de fabricación de aerogeneradores de Gamesa USA, lugar escogido recientemente por el candidato demócrata a presidente del país Barack Obama para pronunciar uno de sus discursos de campaña.

Según avanzó ayer Urkullu a este diario, no será ésta la única planta de matriz vasca radicada al otro lado del Atlántico que conocerán in situ . "Vamos a visitar compañías vascas que han triunfado en Estados Unidos y, al mismo tiempo, vamos a ver y a aprender de las grandes iniciativas tecnológicas americanas vinculadas a la sostenibilidad y a la conservación y recuperación del medio ambiente en estados con similitudes a Euskadi".

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Empresa+Euskara= Ahora somos mejores

Rober Gutierrez, director de Ziurtagiriaren Elkartea, en Noticias de Gipuzkoa.

La euskaldunización del mundo laboral es un factor estratégico en la normalización del euskera, y en esa labor es necesaria la implicación y colaboración de todos los agentes involucrados. El Certificado Bai Euskarari ha sido desde su inicio, allá por junio de 2000, una herramienta destinada a incidir en este ámbito.

Desde entonces ha ido evolucionando gracias a la experiencia adquirida y a las aportaciones recibidas. Así, hace un año, Kontseilua, entidad encargada de la gestión del certificado desde su creación, vio la necesidad de dar un salto cualitativo e impulsó el nacimiento de Ziurtagiriaren Elkartea, la Asociación para la Promoción del Certificado Bai Euskarari. Ese paso fue clave para materializar un proyecto más plural, sólido y eficaz. Un proyecto que proporciona a todas las entidades que poseen el certificado la posibilidad de participar en su gestión, facilitando su consolidación, mejora y difusión.

Ziurtagiriaren Elkartea es, desde junio de 2007, la entidad encargada de la gestión del certificado. Es una asociación sin ánimo de lucro, cuyo principal objetivo es que empresas y entidades de toda índole adopten y desarrollen medidas concretas para la normalización del euskera. Ziurtagiriaren Elkartea certifica que estas entidades están desarrollando un proceso de normalización lingüística y, de esta manera, premia su esfuerzo y les ofrece un símbolo que acredita públicamente su labor. Es un proyecto profesional, independiente, cercano y con el claro objetivo de impulsar la normalización del euskera.

Para la obtención del certificado en cualquiera de sus tres niveles ("Zerbitzua eta lana euskaraz" -"Servicio y funcionamiento en euskara"-; "Zerbitzua euskaraz" "Servicio en euskara"- y "Bidean" "En el camino"-) se deben cumplir una serie de criterios y, en función del grado de cumplimiento, se obtiene uno u otro nivel. El certificado se renueva anualmente y Ziurtagiriaren Elkartea realiza las labores de seguimiento, promoción y evaluación.

En la actualidad son más de 1.500 las empresas, comercios y entidades de todo tipo que han obtenido el Certificado. Para ser más exactos, son 1.516 y alrededor de 20.000 los trabajadores y trabajadoras involucradas. De dichas empresas, 165 poseen el nivel superior, 508 han conseguido "Zerbitzua euskaraz" y 843 poseen el nivel "Bidean" y continúan dando pasos para alcanzar una cota superior. Si analizamos estos datos por sectores, vemos que el Certificado Bai Euskarari está implantado en 194 empresas relacionadas con el sector industrial, el 13% del total; el 37% son del sector comercial y hostelero; el 19% provienen del ámbito cultural, deportivo o están relacionadas con movimientos sociales; el 7% están relacionadas con la educación; los servicios y las finanzas cuentan con el 20%, y el 2% pertenecen al sector primario. Son, como puede verse, entidades de todos los sectores y tamaños, repartidas por toda la geografía: Bankoa, Kutxa, Elkargi, Euskadiko Kutxa, Eroski, Athletic, Real Sociedad, Baskonia, Aviron Bayonnais, Diocesanas, Argiñano, Refractarios Kelsen, Obe Hettich, Elay Taldea, Arlan, JEZ Sistemas Ferroviarios, VUSA, Confederación de Cooperativas, SPRI, Fundación Kalitatea, Gehitu, SkunkFunk, etc. Se puede consultar la lista completa en www.baieuskarari.org.

Con la puesta en marcha de Ziurtagiriaren Elkartea pretendíamos optimizar la gestión, visualizar el futuro. Un año después estamos en condiciones de asegurar que comienza a dar sus frutos. Durante este año se han fijado los cimientos de los próximos cuatro años y, partiendo de un exhaustivo análisis, se han establecido la misión, visión y valores de la asociación, se ha determinado la estrategia a seguir durante los próximos años, fijándose los objetivos e indicadores necesarios para ello. Los objetivos que queremos alcanzar de aquí al 2012 se sustentan en tres pilares: en primer término, incidir en la difusión del Certificado Bai Euskarari. En segundo lugar, convertirnos en un referente en materia de normalización lingüística; con tal fin, trabajaremos para reforzar la marca del certificado y para afianzar Ziurtagiriaren Elkartea.

Por último, aumentar el nivel de satisfacción de las personas. Valoramos el hecho de que detrás de las entidades que poseen el certificado hay personas que trabajan para que el euskera pueda llegar a ser su lengua de trabajo. El éxito del certificado se basa en ese esfuerzo. Somos profesionales, independientes y cercanos. Tenemos el objetivo de incidir en la euskaldunización del ámbito laboral. Y tanto comercios como empresas industriales, entidades financieras y aseguradoras, entidades deportivas y culturales, centros de enseñanza, etc, valoran de manera positiva esa profesionalidad, independencia y cercanía. Y han apostado por el Certificado Bai Euskarari porque, además de ser un factor de calidad, les hace más competitivos al aportar valor añadido a sus productos y servicios.

Tal y como revela la campaña de comunicación del certificado recientemente lanzada, ahora somos mejores. Porque nos entendemos. Porque el euskera es nuestra mejor jugada. Porque en el tren del euskera viajamos todos. Porque el euskera nos diferencia. Con el euskera somos mejores. Con el Certificado Bai Euskarari estamos seguros. Somos más que nunca y seguiremos creciendo.

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Zapatero convierte la derrota electoral de Ibarretxe en su máxima prioridad política

José Luis Rodríguez Zapatero tiene una prioridad para esta legislatura: hacer que el Gobierno Vasco cambie de manos. El jefe del Ejecutivo, enfundado en el traje de secretario general del PSOE, reconoció ayer que éste se ha convertido ya en su principal objetivo político. Hacía años que los socialistas no se veían tan cerca de ganar unas elecciones en el País Vasco como ahora. «Patxi López -se vanaglorió el líder del partido- representa hoy la esperanza no sólo para los que se sienten socialistas; es la esperanza para muchas personas que han podido votar nacionalista».

La apuesta de Zapatero era ya sabida. Lo llamativo fue el escenario elegido para hacerla explícita. No fue en ninguna localidad vasca sino en Barcelona, durante su intervención en el congreso del PSC. Ante centenares de militantes catalanes, alabó la figura del líder de los socialistas vascos, presente en el acto, y afirmó que es un referente tanto para quienes «quieren mantener la vinculación con el conjunto de España» como para quienes se sienten más próximos a una ideología nacionalista.

«Saben que con él -dijo- la identidad de Euskadi está garantizada». Zapatero hizo además alusión a la Ley de Consulta de Ibarretxe, por primera vez tras el recurso ante el TC. Acusó al lehendakari de hacer «críticas y más críticas» para buscar la confrontación con una ley que calificó de mera «plataforma partidista». «Algo que implica a todos -subrayó- no puede ser el resultado de una iniciativa con empecinamiento»

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Urkullu anuncia una respuesta conjunta del tripartito y Aralar y excluye la presencia de EHAK

El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, anunció ayer una respuesta conjunta del tripartito y Aralar frente a la decisión del Tribunal Constitucional, pero descartó la presencia de EHAK en estas iniciativas. La formación de izquierda abertzale, que dio un voto crítico decisivo para aprobar en el Parlamento Vasco la Ley de Consulta del lehendakari, quedaría así excluida de las reuniones para perfilar las movilizaciones de protesta, pese a que Aralar había pedido su presencia.

Urkullu, que en el momento de realizar estas manifestaciones desconocía la decisión definitiva del Constitucional de admitir a trámite la impugnación, aunque era más que previsible, anunció «pronunciamientos» en contra. No obstante, no quiso concretar las posible acciones que adoptarán, subrayando la necesidad de atenerse a los tiempos y el calendario, tanto si las reacciones son institucionales como políticas. En este sentido, consideró que corresponde también al Parlamento Vasco «analizar el posible recorrido que como institución tenga ante la impugnación de una ley aprobada por una mayoría absoluta, legal, legítima y democrática».

El PNV, además, y en la línea de lo defendido por el Gobierno Vasco, espera que el TC entre al fondo de la cuestión y se pronuncie antes del 15 de septiembre. De no hacerlo, «lo que entenderemos es que hay una decisión política, no basada en razones jurídicas, de impedir que la sociedad vasca se pueda pronunciar», aseguró.

En todo caso, reconoció que no tienen «muchas esperanzas en lo que sea el pronunciamiento del TC, estando compuesto como está compuesto el TC y actuando como parece que actúa a directriz del presidente del Gobierno español».

Por su parte, el secretario de comunicación de EA, Mikel Irujo, apostó por llevar al Consejo de Europa el tema. Irujo señaló que la decisión del TC es «un trámite ordinario y algo que ha sucedido muchísimas veces» pero que no por ello «hay que restarle la gravedad que supone».

El portavoz de EB, Mikel Arana, teme, por su parte, que los jueces adopten una decisión final sobre el proyecto del lehendakari «en función de los intereses del Gobierno de Rodríguez Zapatero». Mientras, el coordinador de Aralar, Patxi Zabaleta, defendió que la defensa de la Ley de Consulta debe recaer en el Parlamento Vasco, para hacer una defensa «unitaria».

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Consulta y legalidad

Artículo de José Manuel Castells Arteche en Noticias de Gipuzkoa.

Sostiene Robin Lane Fox en su magistral El mundo clásico , cómo en los albores del siglo VIII antes de Cristo, los reyes de Esparta buscaban en el oráculo de Delfos la aprobación de una reforma constitucional. La respuesta oraculiana fue la configuración de un Consejo de ancianos que asumiera la responsabilidad de preparar las cuestiones que debían plantearse ante el pueblo ; presentadas las propuestas, el derecho soberano del pueblo era definido como el derecho a decirsí o no a dichas propuestas.

De esta forma se producía una anticipación de lo que posteriormente sería la expresión demokratia , o desde otro prisma, una primitiva modalidad de referéndum.

Apelatio ad populum como suprema expresión de la soberanía popular, que ha adquirido carta de naturaleza en países proclives al respeto de la ciudadanía y a sus manifestaciones. Desde las Constituciones suizas al dual Canadá; recordemos el Informe del Tribunal Supremo de este gran país, que reconocía las virtualidades del principio democrático en el momento de plantearse las reivindicación de Québec.

Curiosamente, en 1978 y en el Reino de España, cuando se menciona la posibilidad de un referéndum consultivo para la adopción de decisiones políticas de especial transcendencia -y sólo para ellas- se montó una auténtico akelarre de autorizaciones y propuestas. Ni más ni menos que intervenían el rey, el presidente del Gobierno, el Congreso de los Diputados, además de declarar competencia exclusiva del Estado dicha convocatoria de referéndum.

Parece difícil justificar tan contundentes cautelas constitucionales, salvo para eliminar de raíz un futuro ejercicio del derecho de autodeterminación por parte de una parcela del reino, derecho que, por cierto, sólo fue defendido en las Cortes Constituyente por Paco Letamendia y el cura Xirinachs.

Sin embargo, la pronta Ley Orgánica de Modalidades de Referéndum (1980) se limitaba a regular el referéndum constitucional, aunque una disposición adicional exceptuaba de su normativa las consultas municipales; eso sí, limitadas a asuntos propios y manteniendo la competencia exclusiva del Estado para su autorización. Se respondía así al artículo 10-2 del Estatuto Catalán de 1979, que había asumido como propias dichas consultas populares municipales, aún reconociendo que la autorización de su convocatoria correspondía al Estado.

Luego había más de una modalidad de referéndum, porque así lo proclamaba la Ley Orgánica. La cuestión es si lo que el alcalde de Palafruguell podía hacer -consultar a la ciudadanía sobre un aparcamiento subterráneo- estaba prohibido al presidente de la Generalitat de Cataluña -igual consulta a la ciudadanía-. En otras palabras, admitida la consulta municipal, ¿no existía la igual consulta autonómica?

La respuesta -tardía- la darían los Estatutos del nuevo siglo, o sea, el catalán y el andaluz en cabeza. Concretamente, el primero contempla la cuestión de las consultas populares desde dos vertientes: como un derecho de participación del pueblo y como competencia exclusiva de la Generalitat en cuanto a su regulación, modalidades, etc, en el ámbito de sus competencias. Por cierto, que lasmodalidades son expresamente mencionadas: encuestas, audiencias públicas, foros de participación… Se exceptúa, como no podía ser de otra manera, la modalidad del referéndum estatal de reconocimiento constitucional.

Poder autonómico de consulta, que al regularse en varios Estatutos que no han sido recurridos ante el Tribunal Constitucional, supone la reválida para su posible celebración a nivel comunitario. No hay dudas al respecto. De repente, en estas tranquilas aguas estalla el maremoto. En el marco de una Propuesta del Gobierno Vasco encaminada a salir del actual bloqueo político, el mismo Gobierno presenta un proyecto de ley de convocatoria y regulación de la opinión ciudadana sobre la apertura de un proceso de negociación para alcanzar la paz y la normalización política.

Proyecto que, como es sabido, ha sido aprobado por la mayoría del Parlamento Vasco. Su basamento está en el desarrollo de lo formulado por el artículo 9.2 del vigente -y tan manifiestamente incumplido- Estatuto Vasco: facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social del País Vasco, en tanto encomienda a los poderes públicos.

A dicho proyecto se le añadían dos preguntas a ratificar o rechazar en una consulta a celebrar el 25 de octubre, preguntas tan legítimas como a mi modesto entender un tanto inocuas. La reacción del Gobierno central o español, como guste, ha sido de rechazo total y absoluto, alegando siempre razones de legalidad o de inconstitucionalidad. Argumentando, en un osado juicio de intenciones, que se trataba de la apertura de un proceso secesionista o soberanista. No insistiré en tan profusos y confusos razonamientos, que sólo tienen que ver con la política en su peor sentido, y absolutamente nada con la legalidad.

¿O es que lo que pude hacer -con toda legitimidad y legalidad- el presidente de la Junta de Andalucía, le está vedado al lehendakari vasco? Así parece. Naturalmente que lo que es legal en Cataluña no puede dejar de serlo en otros espacios del reino español. Naturalmente también que Zapatero defiende visiones castellanistas , por encima de la voluntad popular. Nuestros nuevos estadistas parecen poner muy alto el precio del suelo patrio, consolidado por el semen de los reyes, la sangre de los pueblos y el capricho de los gobernantes, para cuestionar el principio democrático y demás zarandajas derivadas de la voluntad del demos .

Pero volvamos a la legalidad. Se ha dicho que sólo si se reconoce en el Estatuto se puede celebrar una consulta popular. Se entiende así que todo lo no previsto en esa norma institucional básica está rigurosamente prohibido para los representantes vascos. Luego suprimamos de raíz el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, el Instituto Vasco de la Administración Pública, la Comisión jurídica asesora y centenares de instituciones y organizaciones que, sin hallarse en la letra estatutaria, han sido creadas y reguladas por las instituciones vascas. En este caso concreto y específico, el Parlamento Vasco ha hablado desde la más estricta legalidad, justificada en su capacidad de autodisposición sobre las materias de su competencia.

Ciudadano vasco: cuando discriminatoriamente se utilice el artículo 161.2 de la Constitución para suspender la Ley vasca (¿por qué no se da igual potestad suspensiva a las comunidades autónomas respecto de actos y normas del Estado?), cuestiona los tópicos al uso justificatorios de tal actuación. Indaga, reflexiona y actúa en consecuencia porque así, y sólo así, seguirás siendo un ciudadano.

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El Tribunal Constitucional suspende la Ley de Consulta y acelera sus deliberaciones

No han sido 24 sino 48 horas las que el Tribunal Constitucional ha tardado en aceptar a trámite los recursos planteados por Gobierno y PP en contra de la Ley de Consulta. Según el guión previsto, el alto tribunal activó ayer la suspensión cautelar de la norma por un periodo máximo de cinco meses a partir del 15 de julio, es decir, hasta el 15 de diciembre. Ahora bien, parece que la intención del Constitucional es no agotar este plazo porque también ha decidido habilitar el mes de agosto para sus deliberaciones, tal y como le pedían los dos recurrentes.

En otras palabras, de las dos providencias dictadas ayer por el Pleno del Tribunal Constitucional se puede deducir su interés por agilizar al máximo el trámite para dictar sentencia en torno a la Ley de Consulta, con la vista puesta en el horizonte que, tanto Gobierno y PP, como el propio lehendakari, han marcado en el 15 de septiembre, fecha prevista en el texto legal para la convocatoria oficial de la consulta para el 25 de octubre y para empezar a pedir el voto por correo.

En cualquier caso, el artículo 161.2 de la Constitución -invocado por el Abogado del Estado para solicitar la suspensión cautelar de la ley- permite al tribunal prolongar la suspensión durante cinco meses sin pronunciarse sobre el asunto, periodo tras el cual estaría obligado a convocar a las partes para decidir si ratifica esta medida cautelar o la levanta. Más allá, el tribunal no tiene ningún límite temporal para dictar sentencia. No obstante, el siguiente paso a cumplimentar en este momento es el plazo de 15 días que el Pleno del Constitucional ha dado a las Cortes, Parlamento Vasco y Gobierno Vasco para poder personarse en el proceso y hacer las alegaciones oportunas a las impugnaciones planteadas.

Pendiente también de resolución para los próximos días queda la más que posible acumulación en una sola causa de los dos recursos planteados -el del Gobierno y el del PP-, aunque la providencia dictada por el tribunal especifica que previamente escuchará a las partes.

mirando al calendario Así las cosas, empieza una carrera contrarreloj para que el Constitucional tenga lista su sentencia sobre la Ley de Consulta antes del 15 de septiembre. Si no lo hiciera así, aunque finalmente decidiera desestimar los recursos, la consulta no podría celebrarse en la fecha prevista del 25 de octubre.

Es en el Constitucional donde se va a librar la primera batalla y los servicios jurídicos del Gobierno Vasco trabajan ya en las alegaciones que presentarán contra las impugnaciones del Abogado del Estado y el PP, según explicaron ayer fuentes de Lehendakaritza. El lehendakari ya expuso el miércoles su opinión sobre la "debilidad argumental" de los recursos planteados contra la Ley de Consulta. El primer paso, la admisión a trámite de los recursos, ha sido adoptado por unanimidad del Pleno del tribunal.

Por perfilar aún queda la respuesta que puedan articular las formaciones que integran el tripartito. Al margen de iniciativas de índole político -un pronunciamiento público por parte de la Diputación Permanente de la Cámara vasca parece una de las respuestas que va ganando peso-, su personación judicial en la causa podría materializarse a través del Parlamento Vasco. El siguiente escalón estaría en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, instancia a la que el propio presidente del Euzkadi Buru Batzar del PNV, Iñigo Urkullu, ya ha apuntado, explicando que su formación, llegado el caso, estudiará esta vía una vez se agoten las instancias judiciales españolas.

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EHAK descarta cualquier medida que no supere el marco autonómico

Ezker Abertzalea pretende que los partidos vascos respondan al veto que el Gobierno español quiere imponer a la consulta con iniciativas que vayan más allá de manifestaciones, recursos judiciales o recogida de firmas. La intención del grupo parlamentario de EHAK es que esta situación sirva de acicate para elevar a la Cámara vasca alternativas al actual marco autonómico que, en opinión de la izquierda abertzale, es el principal escollo para superar el conflicto vasco.

La reacción del Gabinete de Zapatero ante la entrada en vigor de la Ley de Consulta ha dejado al descubierto "su cara más fascista", según interpretó ayer la portavoz abertzale en el Legislativo, Nekane Erauskin. Pero las críticas de este grupo parlamentario no sólo van dirigidas hacia La Moncloa, sino que responsabilizan al PNV del freno judicial que, previsiblemente, el Tribunal Constitucional ejecutará ante la iniciativa plebiscitaria avalada por la mayoría del Parlamento Vasco. Y es que, en opinión de Erauskin, si la consulta no llega a celebrarse quedará de manifiesto, "en contra de lo que dice el PNV", que la palabra de la ciudadanía vasca "no tiene cabida en la Constitución", un límite que "impide que Euskal Herria sea dueña de su futuro".

Amparada en esta argumentación, la izquierda abertzale mantiene inalterable su principal petición a la formación jeltzale: "superar el marco político actual".

La intervención de Erauskin dejó patente que el tripartito y Aralar no contarán con su respaldo si buscan en la Cámara vasca una respuesta conjunta a las medidas emprendidas por el Ejecutivo español y el Partido Popular.

Según la portavoz de EHAK, la elaboración de recursos judiciales, la movilización de la ciudadanía o cualquier otro tipo de iniciativa que vaya en esta línea y que no apuesta de forma decidida por superar el marco autonómico y constitucional supondrán meros "entretenimientos" que no contarán con el respaldo de su grupo, cuyo único voto a favor de la Ley de Consulta resultó determinante para que la iniciativa contara con el respaldo mayoritario del Pleno.

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Diez años de la Declaración de Barcelona

José Manuel Bujanda Arizmendi en Noticias de Gipuzkoa.

"BUSCAMOS un sistema de convivencia en el cual no nos sea concedida ni recortada al gusto de los legisladores de Madrid, una personalidad que es nuestra por el propio derecho, con arreglo a la ley natural anterior, y superior al estado, sino que la organización estatal parta de la realidad de esa previa existencia sin perjuicio de la concreción de facultades que a la Comunidad peninsular hayan de ser atribuidas en el nuevo régimen paccionado que al efecto se otorgue". M. Irujo.

Retomando las experiencias históricas de la Triple Alianza de 1923 y Galeuzka de 1933, el Bloque Nacionalista Galego, Convergencia i Unió y el Partido Nacionalista Vasco suscribieron en Barcelona el 16 de julio de 1998 la Declaración de Barcelona. Galicia, Euskadi y Cataluña son naciones con historia, personalidad y culturas propias. Y con probada voluntad ciudadana de querer seguir siéndolo. Los firmantes consideraron imprescindible el reconocimiento de los respectivos ámbitos nacionales de decisión y establecieron una estrategia de colaboración dirigida a la constitución de un Estado plurinacional, pluricultural y plurilingüe. Se consideró la importancia de generar una nueva cultura política en la defensa de un nuevo modelo del Estado con una nueva actitud ante la diversidad de culturas y de lenguas.

Se consideró importante la presencia más directa de las tres naciones en los foros internacionales a través de futuras medidas, como la reforma de la Ley Electoral para las elecciones europeas o la participación en las delegaciones del Estado en los órganos e instituciones de la UE siempre que trataran de cuestiones relativas a las competencias de las tres naciones, es decir una presencia razonable en las representaciones diplomáticas del Estado.

Las culturas y las lenguas ocuparon un amplio campo de sugerencias y reivindicaciones. Se abogó por conseguir las competencias plenas y exclusivas en lengua y cultura, así como el compromiso para conseguir el reconocimiento oficial de las lenguas propias de cada nación en todos los órganos institucionales y políticos del Estado Español. Se propugnó velar por la implantación progresiva del uso de las lenguas propias en la administración de la justicia y velar por la implementación del uso de los topónimos y antropónimos gallegos, vascos y catalanes en su forma oficial por parte de todas las instituciones del estado.

Se consideró interesante la promoción, conocimiento y asimilación social en el conjunto de la piel de toro, de la riqueza y diversidad nacional, lingüística y cultural de Euskadi, Cataluña y Galicia. Se reconoció imprescindible para ello la implicación, en su caso, de los medios de comunicación del Estado, de los planes de estudio a todos los niveles, de las empresas públicas de producción y difusión de audiovisuales y nuevas tecnologías de la comunicación, así como de las campañas de promoción cultural en el exterior. Los medios públicos de comunicación del Estado deberían de responder a los principios de objetividad y respeto al pluralismo, reflejando la diversidad nacional, cultural y lingüística del Estado impulsando para ello una aplicación preactiva, abierta y flexible del Estatuto de la Radio y Televisión.

Los firmantes reflexionaron sobre la posibilidad de introducir las reformas necesarias en la legislación vigente con la finalidad de permitir que las selecciones nacionales gallegas, vascas y catalanas pudieran actuar y competir en cualquier nivel. Se abogó por la reforma del Tribunal Constitucional de forma que tuviera presente la pluralidad nacional del Estado y se apostó por que los Tribunales Superiores de Justicia fueran en su caso la última instancia en la resolución de litigios, es decir por que fueran los órganos supremos de interpretación y creación de la doctrina jurisprudencial en sus ámbitos respectivos.

El papel actual del Senado fue objeto de crítica y se consideró fundamental impulsar las reformas necesarias para que reflejara en sus objetivos, composición, procedimientos y competencias la plurirealidad del Estado. Se propuso la supresión de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno Central.

Creo que no hemos avanzado nada. Temo que hayamos retrocedido. Y lo escribo desde la desesperanza de no vislumbrar a plazo corto mejores perspectivas. La victoria europea de la selección española de fútbol y los comportamientos, declaraciones, actitudes y comentarios que se han derivado después del minuto 90 de juego me impiden hacerme ilusiones. El nacionalismo español existe, es poderoso, lo sabe y no acepta otras percepciones ni diferentes sentimientos de pertenencia.

Su mensaje es claro, el límite es la Constitución, la soberanía recae en la sociedad española y el único ámbito de decisión es España. Así se demostró lamentablemente cuando el cepillado del jocoso Alfonso Guerra a un Estatut de Cataluña aprobado por la abrumadora mayoría de un 90% de sus diputados.

El nacionalismo español es el más obligatorio de todo. El más intransigente e intolerante. El que menos respeta y asume las voces discrepantes. No puede concebir que alguien no se declare partidario de la selección española. Nos han llamado, sectarios, intolerantes, mentecatos, antideportivos, aguafiestas, mezquinos, "carcomidos por un ego perturbado" y…hasta pigmeos.

He leído en la editorial del ABC "el orgullo de millones de ciudadanos de exhibir sin ridículos complejos ni absurdos pudores su condición de españoles y su orgullo por la bandera nacional y por el escudo constitucinal que los jugadores lucen en el pecho. Miles de familias han colgado en sus balcones rojigualdas como muestra de sincera identificación con la selección y sus metas deportivas o, más sencillamente, con la idea de España como una gran nación..."

Termino parafraseando al presidente del PNV, Iñigo Urkullu, y deseando vivamente que sus deseos a futuro no caigan en saco roto "...desde la responsabilidad, el PNV ofrece un acuerdo de futuro en una cuestión de Estado, de largo aliento y alcance, al menos para dar cobijo a la Euskadi de la próxima generación, un acuerdo que persigue profundizar en el autogobierno y en la democracia, es decir en la ampliación del poder político vasco y en la recuperación para nuestra ciudadanía de su capacidad para decidir en cada momento su futuro y el status jurídico-político de su Nación. Un autogobierno del siglo XXI entendido desde la bilateralidad. Ofrecemos y reivindicamos este acuerdo en un momento de vital trascendencia para nuestra sociedad. Un momento político social en el que necesitamos nuevos instrumentos para que Euskadi pueda hacer frente desde su autogobierno a los importantes y difíciles retos que vienen a un mundo cada vez más globalizado".

Es decir un pacto con el Estado recíproco y de garantías, cuya interpretación y cumplimiento no puede quedar al arbitrio de una de las partes. Dicho de otra manera, bilateralidad efectiva, garantías y condiciones de lealtad y respeto a nuestra idiosincrasia e identidad. Pacto que obliga al acuerdo y a la cooperación, que supone reconocimiento mutuo y que articula una interdependencia en espacios de actuación compartidos. Libre adhesión e intento de una relación amable con España. Lo otro es más de lo mismo.

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El Gobierno recurre la consulta porque «invade» competencias e Ibarretxe anuncia movilizaciones

Apenas habían transcurrido doce minutos desde que el Boletín Oficial del País Vasco publicó la Ley de Consulta y el abogado general del Estado se personaba en el Tribunal Constitucional. Joaquín de Fuentes Bardají ejecutaba así, a primera hora de la mañana de ayer, lo anunciado por el Gobierno de Zapatero el 27 de junio tras aprobar el Parlamento Vasco la iniciativa del lehendakari: un recurso de inconstitucionalidad. Horas después, el PP presentaba otra demanda similar.

La impugnación del Ejecutivo se fundamenta en tres apartados: Juan José Ibarretxe se arroga la «competencia exclusiva del Estado» para autorizar consultas populares, la ley «trocea la soberanía nacional» y su tramitación «vulneró» el reglamento del Parlamento Vasco. El Gobierno no alberga la menor duda de que el Constitucional admitirá a trámite su demanda, paralizará de inmediato la aplicación de la ley y la declarará nula e inconstitucional. De hecho, parece que la celeridad gubernamental será correspondida por el tribunal, cuyo pleno se reunirá esta misma semana para aceptar el recurso, con la consiguiente suspensión de la norma.

Aunque era esperada desde hace tiempo, la decisión del Ejecutivo provocó duras críticas del lehendakari, que arremetió especialmente contra la figura del presidente Zapatero. La habitual comparecencia de los martes de la portavoz, Miren Azkarate, tras el Consejo de Gobierno, se convirtió en una comparecencia extraordinaria del lehendakari arropado por todos los consejeros del Gobierno Vasco. Ibarretxe quiso de esta forma dar solemnidad a la respuesta al Ejecutivo central, que se traducirá en diferentes movilizaciones cuyo contenido no concretó ayer. Además de las previsibles medidas jurídicas, el tripartito estudia ya actuaciones de carácter político y social, entre las que barajan movilizaciones en la calle y una recogida masiva de firmas en favor del derecho a decidir y que podrían llegar a instancias europeas.
Tanto el lehendakari como su gobierno siguen dispuestos a seguir «preparando con toda normalidad» la celebración de la consulta y rechazan los argumentos presentados por el Gobierno en un escrito de 31 páginas.

El recurso sostiene que la ley viola los artículos 149 y 92 de la Constitución en lo que se refiere a la regulación «de las distintas modalidades de referéndum» y, además, pretende «marginar» al Estado de «una competencia exclusiva» suya. Sostiene que Ibarretxe pretende, «con toda claridad, un referéndum consultivo». Esta apreciación busca desmontar uno de los ejes argumentales del lehendakari, quien ha repetido hasta la saciedad que su convocatoria es para realizar una consulta popular sin valor jurídico, y en ningún caso un referéndum. El recurso del Gobierno de Zapatero huye, a diferencia del presentado por el PP, de apreciaciones políticas y su argumentación es estrictamente jurídica.

El día clave a partir de ahora es el 15 de septiembre. Ésa es la fecha en la que el lehendakari debe convocar la consulta popular no vinculante sobre el futuro de Euskadi que se celebraría el 25 de octubre. Este calendario obedece a que la Ley de Consulta fija que el plebiscito debe convocarse cuarenta días antes de su celebración.

Por eso, el líder del Gobierno Vasco urgió al Tribunal Constitucional a pronunciarse antes del 15 de septiembre sobre la constitucionalidad de la iniciativa con el objetivo de que se pueda permitir su celebración. En caso de que no adoptara esta decisión, solicitó que levante la previsible suspensión del plebiscito, que en el Ejecutivo de Vitoria dan por supuesta.

La petición de rapidez al tribunal fue en lo único en que estuvieron de acuerdo ayer todas las partes, aunque por distintas razones. El abogado del Estado considera «de la máxima conveniencia para la causa pública que la sentencia que resuelva este asunto se dicte antes del 15 de septiembre» y apunta que, con arreglo al calendario confeccionado por Ibarretxe, «las primeras actuaciones de los electores, de los partidos y de la administración electoral tendrán lugar en los días 15, 16 y 18» de ese mes.

Precisamente, el 15 de septiembre se abriría el plazo para que los electores puedan solicitar el voto por correo y, al día siguiente, los partidos podrían designar a sus representantes ante la Junta Electoral, que se constituiría el día 18 del mismo mes.
Por su parte, los diputados y senadores del PP solicitan que se aplique una tramitación «prioritaria y urgente» a su recurso y coinciden con el Gobierno en pedir la suspensión de las vacaciones judiciales por tratarse de un asunto «cuyo fallo no puede demorarse sin quebranto para la justicia». A tal fin, el Ejecutivo central pide que se habiliten los días laborables del próximo mes de agosto, en los términos que prevé la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Los acontecimientos de ayer no hicieron más que confirmar la profunda brecha abierta entre nacionalistas y constitucionalistas tras la aprobación de la consulta, gracias al voto crítico de uno de los nueve parlamentarios de EHAK. La gran incógnita reside en saber si, en caso de que el plebiscito no pueda celebrarse, habrá adelanto de las elecciones vascas, previstas para la primavera de 2009.

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La Audiencia Provincial acuerda la libertad de José María Bravo bajo fianza de 500.000 euros

La Audiencia Provincial de Gipuzkoa acordó ayer la libertad provisional bajo fianza de 500.000 euros de José María Bravo, principal imputado en el presunto fraude en la Hacienda de Irun y que ha cumplido un año en prisión, al considerar que «por su arraigo familiar disminuye el riesgo de fuga, así como la posibilidad de alteración de pruebas dado lo avanzado de la instrucción del caso». Bravo podrá abandonar la cárcel de Martutene cuando logre reunir el dinero de la fianza.

El auto, que fue notificado ayer por la tarde a las partes, obliga a José María Bravo a entregar el pasaporte en el Juzgado de Instrucción de Irun que lleva el caso, y a comparecer semanalmente y cuantas veces le sea requerido. Por lo tanto, no podrá abandonar el territorio guipuzcoano sin autorización previa del citado Juzgado.
La Audiencia estima así en parte el recurso presentado por el abogado de José María Bravo contra la decisión de la juez de Irun que instruye el caso y que denegó el pasado 2 de junio su excarcelación, dada la gravedad de los hechos y el riesgo de fuga. La juez fundamentó su decisión en que el acusado aún podía sustraerse a la acción de la Justicia y sostenía que con el dinero que presuntamente se apropió podría «asentarse en terceros países».

La juez afirmaba en su auto que, a la vista de las pruebas que se han practicado hasta el momento, existían indicios de la comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, estafa, prevaricación, alzamiento de bienes y apropiación indebida. La instructora del caso consideró que la gravedad de los delitos presuntamente perpretados y las penas que dichas conductas llevan aparejadas podrían llevar al acusado a huir, máxime cuando la mayor parte del dinero supuestamente desviado no ha sido restituido. Y recordó al respecto que Bravo sólo ha devuelto una pequeña parte de la cantidad que percibió de la venta de su chalet en la localidad vasco francesa de Urrugne.

Ésta era la tercera ocasión en que el letrado de José María Bravo solicitaba su libertad. En todas ellas, la autoridad judicial había desestimado su demanda con el mismo argumento.

Sin embargo, ahora la Audiencia Provincial se basa en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para señalar que el arraigo del principal imputado, dada su situación familiar, reduce las posibilidades de fuga.

Asímismo, la Audiencia considera que el tiempo transcurrido en prisión -cumplió un año el pasado día 11- es suficiente, dado que ese periodo habría que descontarlo de la pena que en su día podrían dictar los tribunales. También fundamenta su decisión en que la posibilidad de alteración de pruebas disminuye dado lo avanzado de la instrucción del caso.

De hecho, la Fiscalía de la Audiencia de Gipuzkoa considera que el nudo gordiano de la investigación ya está suficientemente esclarecido y que si, por ellos fuera, ya sólo restaría formular el correspondiente escrito de imputación.

El ministerio público reitera que existen elementos de prueba suficientes como para imputar, cuando menos a algunos de los acusados, los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad que, bajo su parecer, se habrían cometido en la oficina de la Hacienda de Irun.

Cabe recordar que junto a José María Bravo se hallan imputados su esposa, Rosa Cobos; Pedro María Atristain, que fuera socio de José María Bravo, y la también funcionaria de Hacienda Pilar Gracenea.

La acusación fiscal entiende que bastarían sólo unas semanas para que pudiese incluso presentar la solicitud de las penas para los inculpados. Otras acusaciones también opinan lo mismo.

No obstante, aún queda por realizar una nueva prueba pericial que permita concluir de forma diáfana si las cantidades que los contribuyentes entregaron a José María Bravo se ingresaron o no en las arcas públicas.

Técnicos de la institución foral ya determinaron que estas sumas jamás se incorporaron a las cuentas forales, si bien ahora se pretende que sea un organismo ajeno a la Diputación quien investigue el destino del dinero.
Bravo fue detenido por primera vez el 18 de mayo de 2007 y puesto en libertad el 12 de junio tras pagar una fianza de 400.000 euros. El 11 de julio ingresó de nuevo en prisión tras negarse a declarar ante la jueza instructora.

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Para chuletas, las de Berriz

Leo ensimismado la campaña de defensa del chuletón de Berriz que van a hacer los responsables del matadero de Erralde, con Eneko Egibar a la cabeza. Pues me parece muy bien, hay que defender los productos vascos allá donde sea necesario, en Gasteiz, en Madrid, en Bruselas, en New York o donde haga falta. Si tenemos cosas buenas hay que defenderlas.

Lo que no es de recibo es que Eneko Egibar se vaya a Madrid a defenderlo, habida cuenta que es famoso por criticar todo tipo de iniciativas realizadas en Madrid ya que "no es nuestro país". Palabras textuales.

Concediéndole la razón en lo de no es nuestro país, alla donde haya que realizar una defensa de Euskadi, habrá que estar. Me es indiferente si es en Madrid, en Soria o en Bangladesh. Pero claro, eso sólo se aplica a los grasientos michelines. Los puros abertzales limpios sin mácula están por encima de todo eso. Sobre todo cuando hablamos de dinero.

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