Zabaleta insiste en que las nuevas ayudas de Gipuzkoa crean desigualdad

El Gobierno Vasco intentó ayer rebajar el tono de sus críticas a las nuevas ayudas económicas para familias sin ingresos puestas en marcha en Gipuzkoa por la Diputación. «Las diferencias no deben entenderse como un conflicto institucional», señaló la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta (PSE). Eso sí, la titular del departamento mantuvo su desacuerdo con la creación de esas prestaciones que «se desmarcan» de la Ley vasca de Garantía de Ingresos Mínimos, aprobada hace ahora seis meses para evitar «que hubiera dispersión de prestaciones y ayudas» y salvar desigualdades entre los territorios. En la norma se fijó además el tiempo de un año de empadronamiento para acceder a las ayudas y prestaciones.

Durante una comparecencia en Bilbao, Zabaleta defendió la necesidad de aplicar en el País Vasco una política social «equilibrada, para un país, no para tres». Con ello volvió a censurar la ayuda económica para familias en situación de pobreza creada en Gipuzkoa, pensada para hogares que quedan fuera del paraguas de la renta de garantía de ingresos (antigua renta básica), para la que es necesario al menos un año de empadronamiento en el País Vasco. La nueva prestación guipuzcoana, en cambio, sólo requiere seis meses de empadronamiento en Gipuzkoa.

Ayudas para familias en situación de pobreza que quedan excluidos de la renta básica existen también en Vizcaya y Álava, si bien con una cuantía muy inferior a la que ahora da Gipuzkoa. Además, en el caso de Álava, las ayudas de la Diputación sólo llegan a las localidades pequeñas. Quedan excluidas Vitoria, Llodio, y Amurrio. En ambos territorios, según fuentes de la Diputación de Gipuzkoa, el requisito de tiempo «de empadronamiento es de seis meses».

Es precisamente el requisito del tiempo de empadronamiento una de las razones que han llevado al Gobierno Vasco a criticar las nuevas ayudas de Gipuzkoa. Según Zabaleta, «no se puede entender que, una vez aprobada la Ley de Garantía de Ingresos, que es el pacto social que todos acordamos en el Parlamento Vasco, se produzca una norma que se desmarca de este pacto social».

La consejera recordó que en el proceso previo a la aprobación de la Ley hubo un intenso debate sobre cuál debería ser el tiempo de empadronamiento requerido para acceder a prestaciones sociales. «Y se alcanzó un consenso para establecerlo en doce meses, porque entendíamos que ese plazo era el necesario para acreditar el arraigo de las personas que van a recibir, no sólo las ayudas económicas, sino también programas de empleabilidad y de inserción», afirmó la consejera.

Como quiera que las nuevas ayudas sociales de Gipuzkoa requieren seis meses de empadronamiento en el territorio, Zabaleta criticó que «seis meses después del pacto social que todos alcanzamos en el Parlamento Vasco se produzca una nueva norma que se desvincula de él». En su opinión, «crear normas al margen del sistema genera pobres de primera y segunda categoría».

En el caso de las ayudas similares, aunque de menor cuantía, existentes en Vizcaya y Álava, la consejera explicó que se trata de prestaciones creadas antes de la aprobación de la Ley de Garantía de Ingresos, que trata de corregir «errores del pasado». Asimismo, recordó que el mandato de las Juntas Generales, del que nacen las nuevas ayudas de Gipuzkoa, data de hace 19 meses. Zabaleta afirmó que la Ley de Garantía de Ingresos establece un «antes y un después» y «pone el contador a cero» en las políticas sociales vascas.
En todo caso la consejera señaló que la norma se encuentra en un proceso de desarrollo y «si seis meses después de aprobarla, hay un consenso para rebajar los requisitos de empadronamiento, modificaremos la ley. Me comprometo a buscar otra vez los equilibrios para que el sistema sea igual para todos los ciudadanos vascos, vivan donde vivan».

La cuantía que ofrece la nueva ayuda de Gipuzkoa es otro de los focos de discordia. En ese sentido, Zabaleta explicó la situación que se dará a partir de septiembre si una persona en situación de pobreza que reside en Ermua, donde tendría una ayuda mensual de 162 euros, decide empadronarse en Eibar, donde la Diputación de Gipuzkoa le ofrecería 512, 51.

La consejera señaló que las diferencias de su departamento con las nuevas ayudas de Gipuzkoa son de contenido, pero también de forma. No en vano, se enteró de su creación a través del boletín oficial del territorio y no en el seno de la comisión interinstitucional puesta en marcha para analizar las políticas sociales. Allí trasladará su denuncia en la próxima reunión prevista para el 7 de septiembre