La familia de Bravo denuncia la «tardanza» en comprobar los avales para su puesta en libertad

La familia y el entorno más cercano a José María Bravo, presunto cerebro del fraude de la Hacienda de Irun, no esconde su enorme malestar ante la «incomprensible tardanza», aseguran, que está mostrando el Juzgado de Instrucción número 2 de Irun a la hora de verificar los bienes inmuebles presentados como avales para hacer frente a la fianza de 500.00 euros acordada por la Audiencia Provincial, para que Bravo pueda obtener la puesta en libertad provisional.

Según señalaron ayer a este periódico familiares cercanos a José María Bravo, «el Juzgado de Irun lleva tres semanas intentando verificar los avales presentados, una tardanza incomprensible tratándose de una persona que está en prisión desde el 11 de julio de 2007. Este tipo de causas se tratan de manera urgente. No sabemos por qué aquí no».

El entorno más cercano a Bravo ya anunció hace ya casi dos meses, cuando la Audiencia Provincial acordó la puesta en libertad bajo fianza del principal imputado, la «imposibilidad» de poder reunir «esa cantidad de dinero». «Es absolutamente imposible que José María reúna dicha cantidad, «porque lo poco que tenía está embargado», aseguró su hermano Víctor Bravo. Frente a ello, el entorno cercano de Bravo asegura haber presentado a finales de agosto una serie de bienes inmuebles como avales personales para la puesta en libertad del acusado. «El Juzgado tardó una semana en tramitar esa documentación», se queja el entorno de Bravo, que considera «incomprensible que un perito judicial tarde más de tres semanas en verificarlos».

Según señala la familia de Bravo, los bienes inmuebles ofrecidos como contragarantía de la fianza han sido tasados por una compañía «homologada por el Banco de España». Según la normativa vigente, el valor de esos bienes inmuebles debe ser el doble de los 500.000 euros de fianza que hubiera tenido que pagar Bravo si lo hubiera hecho con efectivo, «Sin embargo, y tras tres semanas de retraso, hoy (por ayer) nos informan de que el juez ha pedido ahora a un perito judicial de Bilbao que verifique los avales, lo cual retresará aún más el proceso», critica la familia de Bravo.
Según ha podido saber DV, los propietarios y los bienes inmuebles presentados como avales son de San Sebastián. «Y en lugar de pedir su verificación a un perito de Donostia, que conoce la ciudad, lo remiten a Bilbao», critica un familiar de Bravo. «Encima, lo ha pedido por exhorto, por lo que tardará más. A este ritmo, aún queda tiempo para que José María pueda salir de la cárcel», añade.

Mientras el Juzgado comprueba los avales presentados, el abogado de Bravo, Jesús Urraza, considera «importante» que su defendido acceda a la libertad provisional para «poder preparar con él, expediente a expediente, toda su defensa».

La Audiencia Provincial acordaba a mediados de julio la puesta en libertad provisional de José María Bravo bajo fianza de 500.000 euros, ya que la pérdida de esta cuantía «excluye cualquier intención de fuga». En opinión de la Audiencia Provincial, el arraigo del imputado, su situación familiar y el transcurso del tiempo que llevaba en prisión a restar de la pena que pueda recaer son circunstancias «que avalan su permanencia en el país, prevaleciendo sobre aquellas que determinarían su fuga. Junto a ello, añadía que «ni la ocultación de pruebas ni la reiteración delictiva pueden apreciarse» en el caso.

Como medidas adicionales establecía además la retirada del pasaporte, la obligación de comparecer semanalmente ante el Juzgado de su residencia habitual, la prohibición de abandonar el territorio nacional sin previa autorización y la comunicación a Europol de esta prohibición. La decisión de la Audiencia Provincial se topó con el rechazo del Ministerio Fiscal, así como de la Diputación foral de Gipuzkoa y las Juntas Generales.

El ministerio público entiende que los hasta ahora cuatro imputados -José María Bravo; su esposa, Rosa Cobos; Pilar Gracenea, trabajadora de la oficina de Irun, y Pedro María Atristain, socio del primero- habrían incurrido en los delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de dinero y falsedad en documento oficial.

Según la Fiscalía, José María Bravo cobraba presuntamente deudas tributarias de contribuyentes que luego no ingresaba en las cuentas de la Hacienda foral. De esta manera, el fisco guipuzcoano habría dejado de ingresar 8 millones de euros, de los cuales Bravo se habría apropiado de 1,6.