Ibarretxe llama a la ciudadanía a demandar a España ante Europa si impiden la consulta

La respuesta a la previsible prohibición de la consulta popular por parte del Tribunal Constitucional tendrá nombres y apellidos. El lehendakari Juan José Ibarretxe y los miembros de su gabinete demandarán a España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tanto si el alto tribunal español falla en contra de la iniciativa impulsada por el Gobierno Vasco como si no hay un pronunciamiento para el 15 de septiembre, fecha límite para que la consulta pueda celebrarse el 25 de octubre de acuerdo con el calendario fijado por el lehendakari.

Las denuncias a título individual que los miembros del Ejecutivo vasco tienen programado presentar el 16 de septiembre no serán las únicas, ya que la iniciativa de demandar al Estado español ante Europa se hará extensible a toda la ciudadanía vasca a través de los partidos políticos. En este sentido, según pudo saber este periódico, representantes del tripartito (PNV, EA y EB) y Aralar se reunirán el viernes para decidir cómo canalizar y articular legalmente las denuncias de los ciudadanos.

El anuncio y los detalles ofrecidos por el lehendakari sobre esta nueva iniciativa ciudadana centró ayer el inicio del curso político, junto a la crisis económica. Como es tradición, Juan José Ibarretxe presidió la primera reunión del Consejo de Gobierno tras las vacaciones en el Palacio Miramar de Donostia y, posteriormente, compareció ante los medios para avanzar los principales retos de este breve curso político -apenas restan seis meses para que concluya la legislatura- y reafirmar sus compromisos.

En este sentido, Ibarretxe se comprometió a asumir un liderazgo "integral", tanto desde el punto de vista socioeconómico como político y democrático. Un liderazgo, apostilló, que comienza por la "certidumbre" de que las próximas elecciones autonómicas se celebrarán cuando toca y no antes.

El lehendakari recalcó, a continuación, que defenderá el derecho a decidir "donde haga falta", porque, según argumentó, "quien nos niega capacidad de decidir está negando nuestro desarrollo", además de impedir a la ciudadanía vasca decirle a ETA "con una papeleta en una urna" que "sobra" y que "la violencia se tiene que acabar".

Dicho esto, Ibarretxe desgranó los pasos que dará el Ejecutivo vasco en las próximas semanas para defender la consulta popular ante Europa.

El hecho de que el Gobierno Vasco promueva demandas contra España con carácter individual y no en nombre de las instituciones vascas responde, según explicó Ibarretxe, a que la legitimidad para acudir al Tribunal de Estrasburgo reside en las personas que ven individualmente afectados su derechos fundamentales, en este caso por la decisión del Tribunal Constitucional español, y también en los partidos políticos, pero no en las instituciones que forman parte del Estado demandado. El lehendakari recordó, en este sentido, el precedente del recurso presentado por el Gobierno Vasco contra la Ley de Partidos ante el mismo tribunal europeo y cómo éste no lo admitió a trámite utilizando esa misma argumentación.

Así, cada uno de los doce miembros del Gabinete Ibarretxe presentará su respectiva denuncia, ya que consideran que sus derechos están siendo "vulnerados" tanto si el Constitucional prohibe la consulta como si no se pronuncia sobre la cuestión de fondo antes del 15 de septiembre, ya que en ambos casos no podrían ser consultados el 25 de octubre.

Ibarretxe precisó que la prohibición a la consulta popular por parte del Tribunal Constitucional, en cuyas decisiones, apuntó, se aprecian "signos de parcialidad evidentes como consecuencia de la presión política", vulnera los artículos 9, 10, 11 y 14 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Concretamente, son los que se refieren "a la libertad de pensamiento, expresión, asociación y a su relación con la participación política que afecta a los partidos políticos".

"Al no permitirme dar mi propia valoración en torno a decirle a ETA que la violencia se ha acabado para siempre y exigir a los partidos políticos que se sienten en una mesa para alcanzar unos acuerdos políticos, entiendo que están violando mis derechos fundamentales, y por tanto, recurriré individualmente el próximo 16 de septiembre", aseveró el lehendakari. En este punto, Ibarretxe negó que las instituciones vascas se estén automarginando y reiteró que es el Gobierno Vasco el que "promueve y secunda" la iniciativa de plantear las denuncias.

Lo cierto es que el lehendakari se ha adelantado al fallo del Tribunal Constitucional sin tener en cuenta que antes de recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos deben agotarse todas las vías en el Estado español. Pese a ello, ayer se mostró convencido de que "existe causa, legitimación y condiciones formales temporales" para recurrir a Estrasburgo y, en esa línea, pidió a los partidos que "gestionen y canalicen con ilusión y fuerza" la citada iniciativa ciudadana.

Para el máximo mandatario vasco, es inaceptable permitir un "atropello democrático" como el que pretende el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero al impedir "porque sí" que la sociedad vasca se pronuncie.

Sea como fuere, el lehendakari quiso trasladar a la ciudadanía un mensaje de calma y serenidad, ya que la consulta no persigue ninguna "confrontación". Eso sí, insistió en que hay que mirar al frente, no caer en la pasividad, ni en la resignación e impulsar una "movilización social pacífica y sin presión violenta", porque es "la única manera en la que se pueden hacer los planteamientos y las reivindicaciones". "Creemos que éste es realmente el camino de defensa del derecho de la sociedad vasca a ser consultada", sentenció.