El Gobierno Vasco garantizará «por ley» y en los próximos cinco años la vivienda en alquiler social a los inscritos en Etxebide

Los demandantes de vivienda social en alquiler inscritos en Etxebide, que en la actualidad ascienden a 8.000 personas con ingresos anuales por debajo de los 22.000 euros, serán el primer colectivo beneficiado por la Ley de Vivienda elaborada por el Departamento vasco de Vivienda, que ha finalizado ya el anteproyecto, ya que, "por ley", tendrán el "derecho subjetivo" de acceder a una vivienda en el plazo de cinco años.

En rueda de prensa, el consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo, presentó hoy las líneas generales del anteproyecto que, según dijo, se sustenta en cuatro pilares fundamentales.

En primer lugar, explicó que el anteproyecto recoge la "obligación" de las administraciones públicas vascas de producción de un parque de vivienda protegida en alquiler suficiente "para dar satisfacción al derecho ciudadano a una vivienda digna en alquiler". Concretamente, precisó que se establece el compromiso real de garantizar por ley la construcción de 35.000 viviendas en alquiler en un plazo máximo de 10 años desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda.


Según destacó, esta es "una gran novedad, ya que Euskadi será la primera comunidad del Estado" que vincula legalmente parte de sus reservas de suelo para vivienda protegida para destinarlas a vivienda de alquiler protegido. "Se garantiza por ley el derecho de la ciudadanía a una vivienda en alquiler a toda aquella persona que lo necesite, sin depender de un sorteo", agregó.

Por otro lado, señaló que el anteproyecto reconoce el derecho subjetivo de acceso a la vivienda de implantación progresiva, "que pretende sustentarse y materializarse gracias a la producción previa de las 35.000 viviendas de protección para alquiler".
Con esta medida, se busca "garantizar por ley una vivienda de alquiler a los demandantes de vivienda social en alquiler a partir del año 2013, lo que supone cinco años a partir de la entrada en vigor de la ley". "Esta obligación -subrayó- será legalmente exigible ante las administraciones públicas".

En cuarto lugar, el anteproyecto apuesta por la cooperación de todas las administraciones públicas para garantizar la función social del parque de vivienda protegida, fijando, de esta manera, un régimen sancionador propio que permita una mayor eficacia a las labores de inspección y de sanción, y dando también un rango legal al registro de viviendas de protección pública (Etxebide) y al servicio de inspección y sanción.

También se incluye la figura de la 'venta forzosa', de forma que se hace obligatorio poner a disposición de la administración las VPO una vez que su titular haya comprado una vivienda libre.

Madrazo explicó que, una vez concluído el proceso de elaboración del anteproyecto de Ley de Vivienda, el objetivo ahora de su Departamento no es otro que el de garantizar la aprobación de este anteproyecto de ley en el Parlamento vasco, "antes de su disolución".

Madrazo dijo ser consciente de que los plazos "son ajustados, tres meses y medio", pero aseguró tener la convicción plena de que pueden abordar "este reto con éxito". "Esto -añadió- lo haremos posible si somos capaces de alcanzar un acuerdo político previo que sume la mayoría necesaria en la Cámara vasca".

Por ello, hoy mismo, el viceconsejero de Vivienda, Javier Burón, remitirá una carta a los portavoces parlamentarios de PSE-EE, EHAK y Aralar proponiéndoles el inicio de un proceso de diálogo "serio, abierto y flexible a lo largo de este mes de octubre, que nos permita alcanzar un acuerdo previo a la remisión del proyecto de ley al parlamento vasco por parte del Gobierno, con las garantías suficientes de tramitación y aprobación".

Madrazo, que aseguró que el anteproyecto están consensuado en el seno del tripartito, afirmó que "si hay voluntad política, hay también tiempo suficiente para que este anteproyecto de ley pueda ser ratificado en el Parlamento vasco este mismo año y pueda entrar en vigor en el año 2009".

El consejero de Vivienda y Asuntos Sociales abogó por "priorizar, todas las fuerzas políticas, el debate social sobre el acceso a la vivienda sobre un derecho ciudadano y demostrar que somos capaces de trabajar y responder desde el compromiso público a lo que son las demandas mayoritarias de la población vasca y, especialmente, de la juventud, como es la demanda de acceso a una vivienda digna de precio asequible".
Madrazo hizo un llamamiento desde la izquierda al PSE-EE, EHAK y Aralar "para que estudien esta propuesta" y aseguró que proceso de diálogo que ofrecen "tiene contenidos y propuestas reales que pueden y deben posibilitar un auténtico pacto de progreso al que debería sumarse PSE-EE, EHAK y Aralar, como formaciones políticas que se reclaman de la izquierda".

Por último, advirtió de que no aceptará "que interferencias como son la consulta o la cita con las urnas se utilicen como coartada o excusa para evitar o negar esta propuesta de diálogo y acuerdo sobre un asunto fundamental".