José María Bravo es puesto en libertad bajo fianza

José María Bravo, principal imputado en el caso del fraude de la Hacienda de Irun, ha abandonado a primera hora de esta tarde la prisión donostiarra de Martutene, en la que ingresó el 11 de julio de 2007, tras abonar con avales la fianza que le fue impuesta, han informado fuentes de su familia.

Bravo ha sido excarcelado tras depositar en avales la fianza de 500.000 euros que el pasado 14 de julio le impuso la Audiencia de Gipuzkoa para obtener su libertad provisional y que en aquel entonces no pudo satisfacer porque sus allegados no consiguieron reunir la cantidad estipulada.

Los familiares del preso iniciaron a partir de ese momento un proceso para reunir una serie de garantías sobre unos inmuebles que el pasado 26 de agosto presentaron al Juzgado de Instrucción número 2 de Irun, que inició el proceso de verificación de estos avales.

Posteriormente, un perito tasó para el juzgado los citados inmuebles ya que, al no pagar la fianza en efectivo, el valor de estas fincas debe ser superior al doble de la cautela de 500.000 euros que estableció la Audiencia de Gipuzkoa.

Tras recibir los informes de la tasación realizada por el perito, el nuevo juez del caso, Julián García Marcos, dictó una providencia para que se diera traslado de estos documentos al fiscal y al resto de partes personadas que ya se han pronunciado sobre la suficiencia de la fianza prestada, por lo que el magistrado ha ordenado hoy la puesta en libertad del recluso.

Junto al ex director de la Hacienda de Irun José María Bravo, también se encuentran imputados en esta causa su esposa Rosa Cobos, la funcionaria de la oficina tributaria de la localidad fronteriza Pilar Gracenea y Pedro María Aristrain, socio del primer procesado.

Además, la Diputación de Guipúzcoa considera que hay pruebas suficientes para imputar a otras cuatro personas: un inmediato superior de Bravo en el departamento de Hacienda, un abogado y dos asesores, como "colaboradores necesarios" en el supuesto fraude.

Bravo está considerado la cabeza de una supuesta trama que, según la denuncia que el fiscal presentó en su momento, supuestamente cobraba diferentes cantidades a contribuyentes morosos que no fueron ingresadas en Hacienda sino en cuentas corrientes a nombre de los inculpados o entidades mercantiles interpuestas.

La trama se habría apropiado presuntamente de esta manera de cerca de un 1.800.000 euros y habría dejado de ingresar en las arcas de Hacienda cerca de ocho millones de euros.