Piñeiro y Azkarraga protagonizan un nuevo desencuentro en la apertura del año judicial

Que las relaciones entre el Gobierno Vasco y el Poder Judicial son tirantes, por no decir lisa y llanamente malas, no es ningún secreto. La apertura ayer del año judicial en Euskadi fue la prueba evidente de la tensión entre ambos poderes. El lehendakari lleva varios años sin asistir a este acto protocolario y el consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, volvía ayer tras su ausencia del año pasado -alegó problemas de agenda aunque el procesamiento del lehendakari flotaba en el ambiente-, en un gesto que se había querido interpretar como una muestra de respaldo a la judicatura tras el último atentado de ETA en los juzgados de Tolosa del pasado fin de semana.

En este contexto, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Fernando Ruiz Piñeiro, aprovechó su discurso para defender que en un Estado de Derecho "no tienen cabida los poderes públicos sin regulación" y que "la primera regla de todo pacto constitucional sobre la convivencia civil no es que se debe decidir sobre todo por mayoría, sino que no se puede decidir sobre todo, ni siquiera por mayoría". En definitiva, una intervención en la que, sin nombrarlos, estuvieron presentes el lehendakari y su Gobierno en una pugna sobre los límites de los poderes públicos.

Discurso de Piñeiro -a la sazón presidente de la Sala de lo Penal y firmante de la admisión a trámite de la querella contra el lehendakari por sus reuniones con la izquierda abertzale- que no sentó nada bien al titular vasco de Justicia, que tachó las declaraciones de "insultantemente políticas" y propias de "la tribuna de un parlamento". El presidente del TSJPV iniciaba su intervención con un detallado recuerdo a todos aquéllos que se encuentran amenazados por ETA y haciendo una defensa del papel de los jueces frente a la violencia.

A partir de ahí, Piñeiro aprovechó para dejar un mensaje al Gobierno Vasco con una reivindicación de "la noción del gobierno por las leyes y no por la libre voluntad de los gobernantes". "En nuestros actuales Estados de Derecho no tienen cabida los poderes públicos sin regulación ni los actos de poder incontrolables", explicó el presidente del alto tribunal vasco, en un hilo argumental inmediatamente interpretado como un apuntalamiento del procesamiento y próximo juicio -a partir del 8 de enero- de Juan José Ibarretxe, Patxi López, Rodolfo Ares y cinco dirigentes de Batasuna. Más allá, Piñeiro dejó otro recado al Gobierno Vasco subrayando "el monopolio del Tribunal Constitucional en la garantía de la adecuación a la Constitución de las leyes producidas por las Cortes y por los parlamentos de las Comunidades Autónomas", en otras palabras, el sometimiento de la Ley de Consulta -y del Parlamento Vasco- al parecer del Constitucional.

"Exijamos que nuestros poderes públicos respeten y hagan respetar la ley", concluía Piñeiro. Demasiados mensajes implícitos al Ejecutivo tripartito, en un momento especialmente sensible por la proximidad del juicio contra el lehendakari, como para que Joseba Azkarraga no replicara: "No son los jueces, precisamente, los que tienen que poner límites a las decisiones de los pueblos".

A juicio de Azkarraga, "poner en solfa, como se pone, el principio democrático de una sociedad o un pueblo" a decidir su futuro "no es una actitud democrática". "Sin duda, los poderes públicos deben garantizar los derechos individuales, de la misma forma que los poderes públicos tienen que garantizar también los derechos de las sociedades, de los pueblos -manifestó-. Comparto eso, pero no sólo los derechos individuales, también los colectivos".

Puestos a saldar cuentas, Azkarraga aprovechó también para puntualizar las declaraciones que el presidente del Tribunal Superior vasco pronunció tras el atentado de ETA contra el juzgado de Tolosa el sábado pasado, cuando afirmó que "algo falla en las medidas de seguridad", un reproche que el consejero no consideró "muy sensato". "Discutir la seguridad de los palacios de Justicia o de los centros públicos a través de los medios de comunicación, no es sensato, sobre todo, cuando hay cauces de discusión y cuando sabe que el Departamento de Justicia y el de Interior tienen un cauce abierto para tratar este tipo de cosas de forma discreta, como hay que tratarlas", subrayó. Asimismo, Azkarraga consideró que "esta preocupación por la seguridad" mostrada por el magistrado "casa mal con que no haya aparecido" por la sede judicial de Tolosa, "al menos para interesarse y mostrar su solidaridad con las personas afectadas por el atentado de ETA".

En este sentido, la Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma Vasca, María Ángeles Montes, reclamó durante el mismo acto "un mayor esfuerzo" en la dotación de medios a los escoltas que "protegen" a los miembros de la judicatura y del Ministerio Público de "la amenaza terrorista".