Agur Dinerua!
Al final nos quedamos sin ver un euro, como era previsible. Siempre pagamos los mismos.
La Diputación de Gipuzkoa va a sudar tinta si quiere recuperar un solo euro de los aproximadamente cinco millones defraudados a las arcas forales, de los que presuntamente 1,5 millones han ido a parar a las cuatro personas imputadas en el 'caso Irun'. A pesar de tener a un médico al frente de la maquinaria fiscal -el diputado Juan José Mujika-, la enfermedad no tiene fácil curación. Expertos en materia tributaria consultados por EL DIARIO VASCO aventuran ya que la práctica totalidad de esa suma -impuestos que debían 23 contribuyentes, que han sido calificados por el momento como "víctimas" por la Fiscalía y la juez -ha prescrito, por lo que el dinero será "irrecuperable".
La clave de la cuestión es el tiempo transcurrido desde el último requerimiento oficial. Las cantidades pendientes de pago con Hacienda prescriben cuatro años después del último acto realizado por la Administración para intentar su cobro. La mayor parte de los expedientes que han sido analizados en la investigación y en los que se ha detectado un procedimiento supuestamente irregular por parte de José María Bravo -el ex director de la oficina de Irún encarcelado el viernes- tienen una antigüedad muy superior. Los primeros datan de 1993 y los últimos 'movimientos' corresponden a 2003, aunque corresponden a fechas anteriores a ese año. Incluso, las mismas fuentes aseguran que las comunicaciones realizadas por el acusado a los contribuyentes y que sirvieron como aparente punto de arranque para la supuesta apropiación indebida de fondos no pueden considerarse "oficiales", ya que forman parte de una actuación ilícita.
Así las cosas, todo apunta a que la Diputación guipuzcoana deberá emplearse a fondo en la persecución de los patrimonios propiedad de los imputados, en el caso de que éstos sean considerados culpables y se llegue a una sentencia firme, para resarcirse del 'roto' que, según la versión de la Fiscalía, han ocasionado José María Bravo; su esposa, Rosa Cobos Crespo; la funcionaria Pilar Gracenea y Pedro María Atristain Gabilondo, socio del primero. "Intentar que los contribuyentes paguen ahora sus deudas de hace diez años -apuntan fuentes solventes- es legalmente imposible".
Según el ministerio público, el ex responsable de la delegación se ponía en contacto con algunos contribuyentes para 'recordarles' la existencia de una deuda contraída por ellos o sus empresas con el erario público, al tiempo que les proponía una importante rebaja -prohibida por la ley, salvo que exista un proceso judicial que lo justifique- si no podían satisfacer esas sumas en su totalidad. El descuento era ciertamente sustancioso: deudas por un importe cercano a los 600.000 euros, por ejemplo, fueron saldadas con el pago de poco más de 100.000. Éste es el caso de la sociedad Tiendas Reunidas, propiedad de la esposa del ex consejero de Cultura del Gobierno Vasco Luis María Bandrés. El importe de los abonos, -unas veces en dinero en metálico y otras mediante talones bancarios- no iba a parar a la caja de Hacienda, sino a cuentas corrientes o sociedades mercantiles controladas por los imputados, sostiene la Fiscalía.
En un caso, incluso, el supuesto 'cerebro' de la trama llegó a simular la existencia de una deuda, que ha resultado falsa, para 'convencer' a un decorador de que le realizase unos trabajos en un hotel que estaba construyendo en Extremadura a cambio de cancelarla.
Bravo, según los documentos que obran en poder de la juez, manipuló los expedientes para que los afectados figurasen a partir de ese momento como "insolventes" en la base de datos de Hacienda, con lo que se evitaba que en el futuro alguien tratase de reanudar el proceso de cobro de las cantidades pendientes de abono.
La recaudación en vía ejecutiva era su especialidad profesional desde mucho antes de acceder a la dirección de la oficina de la localidad fronteriza. En realidad, comenzó realizando este trabajo muchos años antes, cuando aún la fiscalidad en el País Vasco dependía de la Administración central. En aquella época, el Ministerio de Hacienda se desentendía en parte de estos procesos y adjudicaba la capacidad de recaudar las deudas a empresas privadas, mediante un sistema de concesión. En síntesis, les 'vendía' la deuda y esas compañías se encargaban de cobrar lo que podían. En el caso de Gipuzkoa -también sucedió en Vizcaya- fue la Diputación la que obtuvo esta concesión y ocupó el papel que en otras zonas de España desarrollaban las firmas privadas. El personal encargado de esas gestiones no tenía la categoría de funcionarios, sino de contratado. Bravo, que trabajó mucho tiempo en tal situación, debió esperar varios años hasta aprobar una oposición y pasar a la plantilla de funcionarios del Ejecutivo foral.
Las propias características de la investigación complementaria que se debe iniciar ahora tiene su miga. La lógica apunta a que la juez, además de iniciar la toma de declaración a los cuatro imputados y probablemente a no menos de medio centenar de testigos, abrirá una fase de instrucción con la petición de pruebas. Una que ya se da por descontada es la inspección patrimonial de todos los imputados y, en especial, del presunto 'cerebro' de la trama: José María Bravo. El hecho de que tenga fijada su residencia en la localidad francesa de Urrugne impedirá, probablemente, que sea la Inspección fiscal guipuzcoana la encargada de realizar el análisis de sus ingresos y de las propiedades adquiridas durante los últimos ejercicios. En ese caso, será necesaria una petición judicial para que el trabajo sea ejecutado por la Hacienda gala.
A los que sí se abrirá una inspección fiscal -así lo ha anunciado esta semana el diputado de Fiscalidad, Juan José Mujika- es a todos los contribuyentes afincados en Gipuzkoa y que tengan alguna relación con las sociedades mercantiles que el fiscal ha identificado como parte de la trama y que, en su opinión, servían para 'blanquear' el dinero. El caso más destacado es el de Víctor Bravo, hermano del principal imputado, que ocupó la dirección general de la Hacienda guipuzcoana entre 1992 y 2003 y que ha renunciado esta semana a su escaño en el Senado, forzado por la dirección del PNV, que hace esfuerzos denodados por contener el 'chaparrón' y el daño causado a la imagen del partido. El ya ex parlamentario figura como socio de su hermano en algunas propiedades y empresas que el ministerio público ha identificado como "destino" de los fondos de la oficina de Irun.
También su esposa, Aranzazu Arbelaiz, en la actualidad directora de servicios del Departamento de Industria del Gobierno Vasco, comparte la propiedad de un inmueble sobre el que la Fiscalía ha vertido sus sospechas.
En la misma situación de 'inspeccionable' se encuentra Rufino Eizaguirre, un alto cargo de la Diputación, que será destituido formalmente el próximo martes y también figura como socio y administrador de alguna de las sociedades.
