Bravo acusó a sus compañeros de la oficina de Irun de robar el dinero que él había desviado

José María Bravo Durán, principal encausado en la trama por la supuesta estafa cometida en la delegación de Hacienda de Irun, atribuyó, en la fase inicial de la investigación, el desvío del dinero procedente de algunos pagos efectuados por los contribuyentes a supuestos robos que necesariamente hubieron de ser perpetrados por sus compañeros de la oficina de la ciudad fronteriza. Así quedó de manifiesto en el transcurso de una de las dos conversaciones que en septiembre de 2006 mantuvo el acusado con los máximos responsables de la Hacienda guipuzcoana, entre los que se encontraba el diputado foral, Juan José Mujika. "Hay dos opciones, que se trate de un fallo administrativo, hecho que descarta porque entiende que internamente se habrán realizado todas las comprobaciones necesarias, o que se trate de un robo". Así quedaron reflejadas sus palabras en el acta de la reunión. Bravo fundamentó su sospecha en que los dígitos de la clave de la caja de seguridad coincidían con el número de teléfono de la oficina y, en consecuencia, cualquiera de sus compañeros pudo hacerlo.

Las entrevistas, celebradas los días 1 y 4 de septiembre, tienen su origen en las conclusiones de un informe emitido por el Servicio de Intervención y Auditoría que detectó en agosto de 2005 supuestas irregularidades en la delegación de Irun. El estudio concluía que en cuatro expedientes habían sido dados de baja deudores que estaban clasificados como personas solventes, y que en otros ocho existían anomalías en la tramitación de bajas por insolvencia.

La Dirección de Hacienda analizó el informe y una vez constató las irregularidades, informó, con fecha 1 de diciembre de 2005, a la Dirección de Finanzas. En junio y julio del año pasado, las subdirecciones de Inspección y de Recaudación y Oficinas Tributarias constataron que en determinados expedientes del informe de auditoría, todos ellos tramitados en Irun, se habían dado de baja deudas por insolvencia, al tiempo que se habían levantado embargos contra fincas de contribuyentes a la vez que obraban en poder de los interesados justificantes de embargo en metálico, que no habían sido ingresados en la Hacienda foral.

Dos de las personas titulares de los expedientes investigados fueron requeridas para que comparecieran en Hacienda. Una de ellas, José Agustín A.I., manifestó que "ya arregló" los años por los que el fisco le reclamaba ciertas sumas mediante un pago que efectuó en la Recaudación Ejecutiva, donde se le manifestó "que ese pago le exoneraba de cualquier obligación tributaria", señaló el ciudadano.

Los inspectores verificaron estos extremos y, efectivamente, determinaron que había un procedimiento de recaudación ejecutiva contra el deudor. Así, constataron que en octubre de 2003 se levantaron embargos contra dos fincas propiedad de esta persona, sin que existiera ninguna razón aparente para ello. De la misma manera descubrieron que en abril de 2004 se dieron de baja todas las deudas por insolvencia del mismo contribuyente cuando en realidad, de los datos existentes, se desprendía que no se daba tal situación de insolvencia.

El contribuyente aportó dos justificantes que acreditaban que había pagado en metálico, uno por un importe de 24.000 euros y otro por 43.800. Sin embargo, una vez revisadas las cifras se comprobó que ninguna de las sumas figuraba en las arcas forales. La investigación reveló que tanto los levantamientos como los embargos y las datas de baja de las deudas fueron realizados con la clave de funcionario de José María Bravo. Asimismo, vieron que las firmas que aparecían en los justificantes eran de la misma persona.

Tras la detección de estas actuaciones, la Diputación convocó a Bravo a una primera reunión que se celebró el 1 de septiembre del pasado año. A la misma asistieron Juan José Mujika, diputado foral; el director general de Finanzas, Iñaki Rica, y la secretaria técnica del departamento, María Jesús Pérez, además del propio imputado que en aquellas fechas se encontraba de excedencia voluntaria.

Tras ser informado de los hechos por parte del diputado foral, Bravo explicó que se firmaban documentos de embargo en metálico cuando se percibían cantidades a cuenta de deudas en fase ejecutiva. Añadió que el dinero se introducía en la caja fuerte de la oficina y que ese mismo día o al siguiente se ingresaba en la Kutxa. Bravo explicó que no le extrañaba que pudieran presentarse justificantes de pago en forma de documentos de embargo en metálico firmados por él u ocasionalmente por Pilar Gracenea, también imputada en el proceso penal incoado. Sin embargo, manifestó que desconocía cómo pudo desaparecer el dinero de determinados expedientes.

En el transcurso de la reunión, el ex director de la Hacienda irunesa dijo que era la primera vez que oía hablar de esta "situación" y que no había podido "reflexionar" sobre el particular. Reconoció que si bien los indicios apuntaban hacia él u otro funcionario como sospechosos de llevarse el dinero, precisó que no había sustraído ninguna cantidad y que "desde el punto de vista penal" era "inocente", dijo. Tras esta declaración exculpatoria, el diputado foral pidió la presencia en la reunión del jefe del Servicio de Contabilidad, Gorka Corral, quien confirmó verbalmente la inexistencia de los ingresos en la Diputación.

A la reunión también fue convocado el funcionario encargado de la contabilidad en la delegación de Irun entre 1996 y 2000. Explicó que este último año se acordó el cierre de la caja de la oficina, de manera que los ingresos se realizaban directamente en la cuenta que a los efectos se abrió en Kutxa.

Entrada la tarde, José María Bravo pidió la celebración de una segunda reunión tres días más tarde. Argumentó que a lo largo del fin de semana intentaría recordar aspectos y circunstancias que ayudasen a "aclarar la situación", subrayó.

El 4 de septiembre, lunes, tuvo lugar el segundo encuentro. Al igual que en el anterior, se desarrolló en la cuarta planta del edificio de Errotaburu-2. Los asistentes fueron los mismos que lo habían sido tres días antes. Bravo manifestó que, a la vista de los hechos, sólo cabían dos explicaciones: una, que se tratase de un fallo administrativo, -circunstancia que él mismo descartó al considerar que "se habrán realizado las comprobaciones necesarias"-, o que se hubiera producido un robo. El ex director de la oficina de Irun pareció inclinarse de manera diáfana por la segunda hipótesis. "Cualquiera pudo efectuar el robo dado que el número de la caja fuerte era el 619316, cifra que coincidía en su tiempo con el teléfono de la oficina", indicó.

Bravo proclamó de nuevo su inocencia. Sólo admitió que podría haber incurrido en una negligencia administrativa derivada de su buena fe, por haber confiado en las personas que trabajaban con él. Una vez escuchó sus argumentos, Juan José Mujika le comunicó su intención de poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Gipuzkoa. Mujika informó del caso al ministerio público el 12 de septiembre.