Tirando de la manta

Bravo tenía el apoyo de alguien más importante. ¿Quién será?¿Su hermano?¿Será otro?

Uno de los cinco contribuyentes que ayer comparecieron en los juzgados de Irun para ser preguntados sobre el caso de las presuntas malversaciones en la delegación de la Hacienda foral de la ciudad fronteriza testificó que, a la hora de saldar en el año 1995 una deuda en dicha oficina, una empleada le dijo que el entonces jefe por delegación de la misma, José María Bravo, contaba con respaldo político.

Concretamente, A.S.P., que compareció ayer en primer lugar ante la jueza instructora del caso, Almudena Ovejero, manifestó -según consta en el acta de declaración de testigo a la que ha tenido acceso este periódico- "que le extrañó el hecho de que no le dieran justificante" por haber pagado una deuda en la oficina. Es por ello que "una chica que estaba en el mostrador le dijo algo como que el señor Bravo era alguien importante y como que estaba apoyado por alguien más importante que él, como un político o así".

Esta declaración se produjo ayer después de que el letrado Miguel Alonso Belza, representante de las Juntas Generales de Gipuzkoa (personada en el caso como acusación particular) le preguntara al testigo acerca de las circunstancias en las que pagó una deuda en efectivo en la oficina irundarra. A.S.P. narró que saldó una obligación tributaria en concepto de IVA de la empresa en la que era administrador. La deuda ascendía a alrededor de cinco millones de pesetas pero acudió a la delegación tributaria con un millón y medio de pesetas en efectivo que había obtenido de la venta de una maquinaria de panadería.

El testigo contó que en la oficina de Irun una mujer le remitió al despacho de Bravo, en el que había dos hombres, si bien no sabía decir si uno de ellos era el ex jefe de la delegación y actualmente principal imputado en la causa. A lo largo de los diez minutos que duró el encuentro, este contribuyente transmitió a esas dos personas que había oído que si pagaba el montante principal de la deuda se le dejarían aparcadas las sanciones y los recargos y preguntó si era realmente así. Uno de los hombres le preguntó cuánto dinero tenía, a lo que respondió que disponía de un millón y medio de pesetas en metálico, que abonó en ese momento.

Al realizar el pago, A.S.P. reclamó un justificante que los dos hombres del despacho se negaron a darle aduciendo que lo que iban a hacer con el expediente era dejarlo que prescribiera. Siempre según su declaración ante la jueza, este testigo aseguró que en ningún momento se le comunicó que la deuda fuera a ser posteriormente cancelada.

El testigo señaló que para él "fue una sorpresa" que ese día se le cobrara la deuda, por un importe menor y sin recibir justificante, y admitió que "salió de la oficina con la idea de que parte de la obligación tributaria seguía subsistiendo pero que nadie se la iba a reclamar, sino que prescribiría".

De todos modos, A.S.P. dijo que "supuso que la persona que estaba en el despacho de Bravo era este mismo" pero reconoció que no podría describirla. De hecho, a preguntas del abogado defensor de Bravo, dijo no poder afirmar que ese día estuviera con el ex responsable de la delegación tributaria en su despacho.

A.S.P. afirmó que no desconfió de nada "porque estaba en la misma oficina de Hacienda, aunque le pareció muy raro que no le entregaran recibo, si bien lo admitió pues se hallaba en una oficina pública".

Este contribuyente quiso manifestar su disconformidad con el acta de declaración ante la Ertzaintza el pasado 6 de junio, pues no es cierto que preguntara en la oficina de Irun a una mujer con quién podía negociar una deuda, sino que su intención era saldar parte de la obligación tributaria hasta donde pudiera, con el dinero que portaba en metálico.