El tripartito y Aralar preparan una movilización institucional en septiembre por la consulta

Pese al paréntesis veraniego, el tripartito y Aralar preparan sus iniciativas a favor de la Ley de Consulta recurrida por el Gobierno central para calentar motores a partir de otoño. Hoy mismo, el presidente del EBB del PNV, Iñigo Urkullu; el presidente de EA, Unai Ziarreta; y los coordinadores generales de EB y Aralar, Javier Madrazo y Patxi Zabaleta, respectivamente, registrarán a las diez y media de la mañana en el Tribunal Constitucional (TC) las alegaciones al recurso interpuesto por el Gobierno de Zapatero contra la iniciativa. Posteriormente ofrecerán una rueda de prensa.

Con anterioridad a esta entrega del informe y a la comparecencia pública, el bloque en favor de la consulta se reunirá en Madrid para coordinar sus mensajes y ultimar su estrategia. Una de las claves de la misma pasa por denunciar la «falta de voluntad política de Zapatero» por no levantar la suspensión cautelar de la convocatoria y por obviar la dimensión jurídica del asunto.

El tripartito y Aralar han diseñado una estrategia conjunta que pretende acentuar las medidas institucionales y jurídicas en septiembre. Según fuentes del tripartito, se buscaría en ese sentido una amplia movilización de las instituciones vascas que, por ejemplo, podría incluir un pronunciamiento del Parlamento Vasco en septiembre, sin excluir declaraciones en ayuntamientos, Juntas Generales, diputaciones y manifiestos de cargos públicos. Parece descartarse ya este mes de agosto una reunión extraordinaria de la Diputación Permanente de la Cámara autonómica para posicionarse tras el último recurso. Sólo después del 15 de septiembre, los promotores de la Ley de Consulta activarían una segunda fase más ligada a la 'socialización' de la iniciativa, con la posibilidad de presentar recursos ante la Corte Europea de Derechos Humanos, así como recogida de firmas y movilizaciones populares.

El Tribunal Constitucional admitió el pasado 17 de julio los recursos presentados por el Gobierno socialista y por el PP contra la ley vasca que conlleva la celebración de una consulta. Como consecuencia de ello, el proyecto aprobado por el Parlamento Vasco quedó en suspenso. Los partidos que conforman el Gobierno Vasco y Aralar han enviado una carta abierta a Zapatero solicitando «una reunión a celebrar a la mayor brevedad» para explicarle la Ley de Consulta y pedirle que levante su «veto político». Al no haber recibido respuesta alguna, mañana presentarán sus alegaciones.

Estas alegaciones se suman a las presentadas el pasado jueves por el Gobierno Vasco tanto al recurso interpuesto por el Ejecutivo socialista como al del PP. Se da la circunstancia de que el pleno del Tribunal Constitucional ha dado cinco días de plazo al Abogado del Estado para presentar alegaciones a la petición del Ejecutivo vasco de que se levante la suspensión.

Por su parte, el presidente del Senado, Javier Rojo, ha enviado a la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, un escrito en el que anuncia la personación de la Cámara alta ante los dos recursos de inconstitucionalidad. El portavoz del PNV en la Cámara alta, Joseba Zubia, expresó ayer su «sorpresa e indignación» por la personación de esta institución en el caso de una ley «en la que el Senado no ha tenido que ver». «¿Ésta es la Cámara de representación territorial?», se preguntó, al tiempo que apuntó que «puede ser la estocada definitiva para la reforma» de la Cámara alta.

A su vez, la portavoz del Gobierno Vasco, Miren Azkarate, advirtió ayer a Zapatero que «negar la consulta es dar alas a ETA», por lo que instó al presidente a que aproveche «la oportunidad de deshacer los errores cometidos» y solicite al TC que levante la suspensión.

Azkarate insistió en que la vía emprendida por Ibarretxe «tiene encaje jurídico pleno en la Constitución y en el Estatuto, reiteró que se trata de «una consulta democrática, no de un referéndum», y que es la forma «de dar la palabra al pueblo, a la sociedad». Azkarate pidió al Gobierno central que aproveche la oportunidad para «deshacer los errores» y dar vía libre a la consulta.