La Fiscalía pide ilegalizar a ANV y EHAK por «servir» a Batasuna y ETA

La Fiscalía de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo presentó ayer ante la Sala Especial del artículo 61, que se ocupa de los procesos de ilegalización iniciados contra Acción Nacionalista Vasca (ANV) y Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK)), sendos escritos de alegaciones en los que solicita la ilegalización de ambas formaciones, su disolución y la liquidación de sus bienes.

El ministerio público subraya que ambos partidos actúan con «total subordinación» a la ilegal Batasuna, «a la que financian y a cuyas directrices están sometidos», y que sus representantes actúan al «servicio de ETA» en el Parlamento Vasco y los ayuntamientos mediante «la legitimación de atentados y el apoyo a presos».

Ambos escritos de alegaciones de la Fiscalía afirman que los dos partidos formaban parte de una compleja «superestructura común» creada para disfrazar y sufragar el coste de la actividad política de la izquierda abertzale. Un entramado diseñado «para perdurar» en el tiempo y en el que ANV, EHAK y el partido ilegalizado compartían una caja común, fondos, locales, reuniones, lenguaje y símbolos. Todo, salvo el diseño de la estrategia política que, según la Fiscalía, era dictado siempre por dirigentes de la llamada Mesa Nacional de Batasuna.

El funcionamiento de esa «trama organizada de conexión» era sencillo: según el ministerio público, Batasuna aprovechaba las fuentes institucionales de financiación de que gozaban ANV y EHAK por su carácter de partidos políticos que desarrollaban su actividad dentro de la legalidad. El dinero, procedente casi siempre de subvenciones públicas, servía para sufragar la «subsistencia económica y financiera» de dirigentes de Batasuna -49 de ellos estaban en nómina de EHAK- y financiar el trabajo clandestino de la propia formación ilegalizada, mediante la realización de pagos de facturas de gastos realizados por sus responsables para la realización de sus actos públicos. La Fiscalía del Supremo concluye de ello que ANV y EHAK constituían su principal «fuente de financiación».

En cuanto al respaldo a la actividad terrorista de ETA, la Fiscalía destaca la «ambigüedad calculada» de ANV en sus inicios, para pasar después a una «estrategia global de colaboración» que incluyó actos de «apoyo al terrorismo, legitimando sus acciones o minimizando su significado». Por ejemplo, señala su negativa a condenar el atentado contra el cuartel de la Guardia Civil de Durango

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