Conde-Pumpido pide un cambio en la ley para desposeer a ANV de sus cargos electos

Mientras el PP exigía en el Congreso al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, la cabeza del fiscal general del Estado tras sus polémicas acusaciones a la Policía Nacional, Cándido Conde-Pumpido informaba en el Senado que ha sugerido al Gobierno español la reforma de la ley para posibilitar el desalojo de los cargos públicos de ANV de los ayuntamientos vascos.

Conde-Pumpido comparecía ayer en el Senado para explicar su política antiterrorista tras haber sido fuertemente criticado por acusar a la Policía Nacional de no colaborar con la Fiscalía en la persecución de las listas electorales de la izquierda abertzale. Cuestionado en su día por el PP por haber permitido que varias listas de ANV salvaran la Ley de Partidos en las últimas elecciones municipales y forales, Conde-Pumpido se presentó ayer ante los senadores para anunciar que ha sugerido al Gobierno cambiar la Ley de Bases de Régimen Local en su artículo 61, una "sencilla solución legislativa", para desposeer a ANV de sus cargos electos.

"Nos hemos dirigido al Gobierno sugiriendo una posible y sencilla solución legislativa, que es la única constitucionalmente viable, para resolver, al menos en el ámbito de la Ley de Régimen Local, aquellos supuestos en los que las pruebas de vinculación de un partido o candidatura con una organización terrorista se obtienen después de las elecciones y por tanto ya no es viable ni eficaz la impugnación en sede judicial", expuso el fiscal general.

Artículo 61 La reforma que propone el fiscal afecta al artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local. Este artículo establece que el Consejo de Ministros "podrá proceder, mediante real decreto, a la disolución de los órganos de las corporaciones locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales"

El punto segundo de ese precepto señala que se considerarán "gravemente dañosos" los acuerdos o actuaciones de los órganos de las corporaciones locales "que den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares".

La Fiscalía, que no ha planteado oficialmente la propuesta de reforma legislativa, entiende que bastaría con añadir a ese punto como causa de disolución la de que un Ayuntamiento esté gobernado por una mayoría de concejales pertenecientes a un partido político ilegalizado con posterioridad a la constitución del mismo.

Josu Erkoreka, portavoz del PNV en el Congreso de los diputados, cree que la iniciativa de Conde-Pumpido es un "atentado" contra la Constitución. Reconoció que con los escasos detalles que ofreció el fiscal general es difícil valorar la propuesta, pero advirtió que "privar a alguien que ha sido elegido en unas elecciones democráticas de un escaño atenta directamente con unas previsiones constitucionales y con una línea del Tribunal Constitucional bastante consagradas". "Habría que ver cómo se articula", apuntó.

Para el diputado nacionalista, es "muy complicado" privar a una persona de su acta de concejal, a no ser que "esté incurso en una causa penal", porque el escaño "no es del partido, sino de la persona que lo ha ganado.

Problema "puntual" Por otra parte, en su comparecencia, el fiscal general del Estado lamentó la polémica suscitada con sus acusaciones a la Policía Nacional y trató de reducirlo a un "problema puntual" solventado por la "enérgica" intervención del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.