El Gobierno español se adelanta al PSE y recurre las ayudas a las familias de los presos

Apenas han transcurrido diez días desde que el secretario de Organización del PSE-EE, Rodolfo Ares, se comprometiera públicamente a "acabar" con las ayudas a los familiares de los presos vascos encarcelados fuera de la CAV y sin constituirse aún el nuevo Gobierno Vasco liderado por Patxi López, este "problema" podría desaparecer de la agenda del futuro lehendakari gracias a la intervención del Gobierno español. Ayer, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el de Justicia, Francisco Caamaño, acordaron solicitar al abogado del Estado que recurra ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) estas subvenciones, que alcanzan un importe total de 225.081 euros con cargo a los Presupuestos aprobados en diciembre de 2008.

Ésta es la primera vez que el Ejecutivo español decide recurrir estas subvenciones desde que el 18 de julio de 2006 el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco aprobó la actual regulación, con el fin de que este programa de ayudas se ajustara "estrictamente" a las competencias que en materia de asistencia social recoge el Estatuto de Gernika en su artículo 10.12.

Cabe recordar que la Abogacía del Estado interpuso sendos recursos contenciosos-administrativos contra las ayudas a los familiares de los presos correspondientes a 2003 y 2004. El alto Tribunal vasco dio la razón al Ejecutivo español y ordenó anularlas, al considerar que la fórmula de la convocatoria invadía competencias que corresponden en exclusiva a las instituciones penitenciarias (artículo 10.14 del Estatuto).

Corregido el encuadre competencial, designando como órgano gestor de las ayudas a la Dirección de Familia, dependiente del Departamento de Justicia, en los últimos tres años el Ejecutivo del PSOE no ha puesto ningún obstáculo a la concesión de estas ayudas. Tampoco los socialistas vascos, que pese a mostrar reiteradamente su oposición, han apoyado, sin embargo, los Presupuestos del Gobierno Vasco en los últimos ejercicios. Presupuestos que han contado con una partida destinada a este fin.

Según fuentes gubernamentales citadas por Europa Press , la Abogacía del Estado interpondrá los recursos, en esta ocasión también, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJPV, por lo que se plantearía un conflicto competencial.

AYUDAS DE ELORRIO Además de impugnar esta concesión de ayudas por parte del Gobierno Vasco, el Ejecutivo de Zapatero ha presentado otro recurso ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Bilbao contra la aprobación, por parte del Ayuntamiento de Elorrio, de más de 23.000 euros en concepto de subvenciones para ayudar a los familiares de los presos vascos. Según el abogado del Estado, estas ayudas no se ajustan a derecho porque su fin no está contemplado en la Ley de Bases de Régimen Local.

Desde el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco, se insistía ayer en que las ayudas son "legales" y que la orden, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), es irrevocable. A juicio del consejero en funciones Joseba Azkarraga, la decisión del Gobierno español responde a un "oportunismo político" y a una campaña de "acoso y derribo" hacia el Gobierno de Ibarretxe, al que se acusa de haber adelantado esta convocatoria de ayudas. De lo contrario, se preguntó por qué se recurre ahora esta convocatoria de ayudas y no en años anteriores. "Si es tan grave, ¿por qué el PSE permitió con sus votos que salieran adelante los Presupuestos?", aseveró.

El titular de Justicia y dirigente de EA se mostró convencido de que existe un intento de "hacer ver que estas ayudas están destinadas a los presos de ETA, cuando no es así, sino que se trata de subvenciones para los familiares de todos los presos encarcelados fuera de Euskadi". A continuación, fuentes de este departamento aseguraron a este periódico que en las últimas semanas "bastantes familias de presos comunes" se han interesado por la convocatoria, ya que está atravesando "verdaderos problemas económicos".

Desde la asociación de familiares de presos, Etxerat, rehusaron ayer valorar la decisión del Ejecutivo español. Este colectivo ya replicó a Ares, cuando anunció su intención de anular estas ayudas, para Etxerat, "testimoniales", "una pequeña gota de agua dentro de los 14,7 millones de euros de gasto que provoca anualmente la dispersión".

Una pequeña ayuda que el futuro Gobierno de López pretende condicionar al rechazo del terrorismo por parte de dicha asociación. Un requisito que entra dentro del plan de deslegitimación de ETA que prepara el futuro lehendakari.

Estas subvenciones a los familiares de presos para sufragar sus desplazamientos a las cárceles vienen concediéndose desde finales de los años 90, cuando EA llegó a la Consejería de Justicia con Sabin Intxaurraga. En un primer momento, se tramitraron a través de Senideak. Azkarraga reconoció en 2002 en el Parlamento Vasco que Senideak y posteriormente Etxerat habían recibido 91.401 euros desde 1999, mientras que en 2001 se les concedió algo más de 42.000 euros. A partir de 2003, el importe anual ha superado los 200.000 euros.