PNV y EA diseñan una respuesta conjunta contra el recurso del Gobierno a la consulta

Los líderes de PNV y EA han acordado una estrategia conjunta de respuesta al recurso del Gobierno central contra la Ley de Consulta impulsada por el lehendakari. Los peneuvistas Iñigo Urkullu y Belén Greaves y los dirigentes de EA Unai Ziarreta y Joseba Azkarraga se reunieron ayer en la sede jeltzale de Sabin Etxea, en Bilbao, para analizar la actual situación política vasca, según explicaron en una escueta nota conjunta. Fue una primera toma de contacto la víspera de que hoy entre en vigor la Ley de Consulta, tras publicarse en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV). Éste es el paso que esperaba el Gobierno de Rodríguez Zapatero para recurrir la consulta y suspenderla.

Frente a esto, PNV y EA pusieron sobre la mesa su «voluntad de llegar a un acuerdo» en la reacción a esta estrategia de Madrid, según fuentes próximas a la reunión. En el encuentro se abordaron las distintas iniciativas que los partidos del Gobierno Vasco barajan realizar para defender la Ley de Consulta, aprobada el pasado 27 de junio en el Parlamento Vasco gracias a un voto de EHAK. No obstante, ni PNV ni EA concretaron las medidas a adoptar, ni se decantaron abiertamente por alguna, según las mismas fuentes.

La única medida aprobada por los líderes de las formaciones nacionalistas fue convocar otra reunión entre estas dos fuerzas y EB -tercer socio del tripartito vasco- para analizar y coordinar todas las iniciativas. Este encuentro se celebrará en próximos días y los tres líderes podrían escenificar su unión en una comparecencia pública. También se celebraría otra cita con Aralar, partido que respalda la 'hoja de ruta' del lehendakari Ibarretxe.

Todavía no hay fecha para estos encuentros con EB y Aralar porque todo depende de cómo se vayan desarrollando los acontecimientos: la anunciada interposición de los citados recursos en el Tribunal Constitucional, tras la publicación hoy de la ley en el BOPV.

Las movilizaciones que estudia el Gobierno Vasco son de carácter jurídico, político, institucional y social. En las últimas semanas se ha hablado de llevar a cabo iniciativas como una recogida de firmas masivas en otoño si el Ejecutivo de Zapatero impide con su recurso de inconstitucionalidad la celebración de la consulta, prevista para el 25 de octubre. Esta recogida de firmas sería en favor del derecho a decidir de los vascos. El tripartito está dispuesto a trasladar estos apoyos a instancias europeas e internacionales para proyectar con mayor intensidad su denuncia y la demanda de la apertura de un nuevo proceso de diálogo político en Euskadi.

Esta campaña supondría el colofón de un paquete de actuaciones que incluiría las posibles alegaciones del Gobierno Vasco al recurso ante el Tribunal Constitucional, así como la adopción de acuerdos por parte del Parlamento Vasco y propuestas concretas ante instituciones de la Unión Europea, como el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Asimismo, contempla la organización de movilizaciones en la calle, que se llevarían a cabo en una fecha todavía sin determinar.

En todo caso, tanto PNV como EA calificaron de «muy preocupante» el hecho de que el Ejecutivo de Madrid se acoja a la vía judicial para frenar la consulta. Ambos partidos pretenden en estas semanas «consensuar y concretar» definitivamente los pasos a dar. Las fuentes consultadas explicaron que entre PNV y EA «siempre ha habido voluntad de actuar unidos» en este tema pese a los cruces de declaraciones entre sus respectivos líderes. Ziarreta había puesto estos días en tela de juicio la intención de Urkullu de acatar la legalidad si el Gobierno español recurría la consulta.

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La Ley de Consulta entra mañana en vigor con su publicación en el Boletín del País Vasco

La Ley de Consulta que el Parlamento Vasco aprobó el pasado 27 de junio será publicada mañana en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV). El cumplimiento de este trámite administrativo supondrá la automática entrada en vigor de la ley impulsada por el tripartito del Gobierno Vasco con el lehendakari Ibarretxe a la cabeza, al tiempo que abrirá la vía de su impugnación por parte del Gobierno español ante el Tribunal Constitucional.

Los plazos en los que debía publicarse esta norma han estado rodeados de una cierta confusión desde la aprobación de la misma. Fuentes del Gobierno Vasco afirmaron ayer a este periódico que el reloj empezó a correr realmente el día en que la ley fue publicada en el boletín de la Cámara vasca, el pasado día 4. En ese momento, se abrió un plazo de quince días naturales para que apareciera en el BOPV, lo que culminaría por tanto el próximo sábado. El Ejecutivo de Vitoria no ha querido especular más con ello y pondrá fin al misterio mañana mismo sin agotar los quince días de plazo.

A la espera de que se consumara este paso, el gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero ha abonado el terreno en la medida de sus posibilidades para tratar de abortar cuanto antes la vía del plebiscito abierta por Juan José Ibarretxe. En este sentido, la semana posterior al debate plenario sobre la consulta fue vertiginosa, y a pesar de que la ley ni siquiera había sido publicada aún en el boletín del Parlamento Vasco, el Gobierno español pidió -cinco días después del Pleno- al Consejo de Estado el preceptivo informe para poder recurrirla ante el Tribunal Constitucional.

No habían pasado ni 24 horas cuando, en base al texto de la Ley de Consulta que estaba colgado en la página web del Gobierno Vasco, el Consejo de Estado emitió un informe contrario a la misma al considerar que vulnera la Constitución porque "los vascos no pueden decidir por todos los españoles". Esta resolución llegó justo a tiempo para que el Consejo de Ministros del pasado día 4 hiciera suya esta tesis e instara al presidente español a interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley.

La puntilla a esta frenética carrera contra el tiempo -azuzada en parte por la pretensión del PP de presentar su propia demanda contra la consulta- la dio el pasado jueves el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, al asegurar que el Ejecutivo que representa ya tiene redactado el recurso que elevará ante el Tribunal Constitucional. Los acontecimientos se precipitarán, por tanto, a partir de mañana con la publicación de la norma.

Resulta evidente que el Ejecutivo del PSOE está mostrando una confianza aplastante en sus posibilidades, como lo demuestra el hecho de que, tras el Consejo de Ministros del día 4, expresara su convicción de que el alto tribunal adoptará una resolución favorable a sus intereses, y que lo hará antes incluso de que expire el plazo de suspensión cautelar de la norma, que es de cinco meses.

"juego sucio" Otro frente contra la Ley de Consulta, en este caso mediático, se abrió la semana pasada tras la publicación por parte del diario El País de varias informaciones en las que se apuntaba que ETA había decretado una "minitregua" con motivo del debate de la ley en la Cámara vasca, una decisión de la que Juan José Ibarretxe habría tenido conocimiento pocos días antes del Pleno. El propio lehendakari no dudó en calificar la actuación del rotativo madrileño y "el entorno al que representa" de "juego sucio", y la reacción por parte del Gobierno Vasco no se hizo esperar. Además de desmentir la noticia de forma tajante, anunció la interposición de una querella criminal contra el citado periódico.

Mientras el Gobierno del PSOE perfilaba toda su batería de recursos legales contra la consulta, el Ejecutivo vasco seguía su propio camino y en el Consejo de Gobierno del pasado martes aprobó habilitar una partida de 5,1 millones de euros para la celebración de la consulta el próximo 25 de octubre, según la hoja de ruta del lehendakari. Esta iniciativa también fue contestada, en este caso por el juez Baltasar Garzón, que advirtió de la "ilegalidad" que supondría la eventual transferencia de fondos a la suspendida EHAK para hacer campaña de cara al plebiscito.

Los integrantes del tripartito tampoco se han quedado quietos, y esta misma semana se reunirán para consensuar las iniciativas que podrían llevar a cabo de forma conjunta ante la inminente suspensión de la consulta por parte del TC. En dichas conversaciones se abordará a su vez la posible incorporación de Aralar a esta respuesta "política, jurídica e institucional".

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Oyarzábal tiende la mano al PSE-EE para construir una alternativa al PNV

La nueva dirección de los populares vascos ya ha comenzado a trabajar. Un día después de que Antonio Basagoiti recibiera el bastón de mando de la franquicia del Partido Popular en Euskadi, el primer mensaje político de peso tuvo como destinatario al PSE. Las elecciones autonómicas están a la vuelta de la esquina y el PP comienza a mover ficha con un objetivo claro: desbancar al PNV del poder. Así lo dejo claro ayer el nuevo secretario general de esta formación, Iñaki Oyarzábal, que se mostró partidario de pactar con la formación liderada por Patxi López.

"En este país se puede gobernar también y mejor sin que el PNV lo controle todo y para ello vamos a tener la mano tendida a los socialistas", subrayó Oyarzábal en una entrevista en la Cadena Ser , en la que animó al PSE a olvidar los puntos de fisura y centrarse en los que les unen: "Es importante que los socialistas y populares vayamos juntos, porque hemos compartido mucho en el pasado y tenemos cosas por hacer, incluida la de construir este país. Es preciso poner el acento en lo que nos une y quizás dejar a un lado lo que nos separa". La invitación del número dos de Basagoiti para construir junto al PSE un frente constitucionalista va en consonancia con la ponencia política que el PP vasco ha alumbrado durante este fin de semana y en la que pone al PNV y al resto de partidos abertzales en el centro de la diana. En este sentido, Oyarzábal acusó a los dirigentes jeltzales de moverse en posiciones radicales y de estar "empeñados" en hacer guiños al entorno de Batasuna.

El portavoz y secretario de Organización del PSE, Rodolfo Ares, no tardó en replicar al número dos del PP vasco que "confunde deseos con realidad", ya que la única alternativa al PNV, dijo, es el PSE.

Por otra parte, ayer se cumplieron once años del secuestro y posterior asesinato a manos de ETA del edil del PP, Miguel Ángel Blanco. Su hermana Mari Mar aprovechó este aniversario para reivindicar la unidad social y política en la lucha contra ETA que se generó entonces, aunque lamentó "ser menos" que en aquella época por culpa de José Luis Rodríguez Zapatero.

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El derecho al uso del euskera

Estibaliz Alkorta, directora de Euskera de la Diputación Foral de Gipuzkoa, en Noticias de Gipuzkoa.

El euskera vuelve a ser, por desgracia, centro de atención y objeto de polémica en nuestro panorama político. Ahora le ha tocado el turno -como cabía esperar-, al decreto que el Gobierno Vasco acaba de aprobar y que nace con la pretensión de posibilitar el efectivo ejercicio de los derechos lingüísticos que la Ley reconoce a las personas consumidoras y usuarias. Se trata, a mi juicio, de un decreto sensato, coherente y acorde con la realidad social que vivimos, pues, junto con la necesidad de garantizar los derechos lingüísticos de los consumidores, trata de regular una actividad que viene realizándose de manera natural en el ámbito empresarial y comercial desde hace ya bastante tiempo.

Las Administraciones públicas (Gobierno Vasco y diputaciones) destinan anualmente cerca de tres millones de euros a desarrollar planes de uso del euskera en el ámbito socio-económico laboral, y son ya más de 160 empresas las que han podido beneficiarse este año de este tipo de ayudas. Huelga decir que, de no haber una demanda real por parte del mismo mundo empresarial y comercial, nadie habría concurrido a tales subvenciones.

Otro dato: este año es el primer año de la certificación de calidad en la gestión lingüística Bikain, cuya evaluación ha sido solicitada ya oficialmente por más de cuarenta empresas. El pasado año ya se realizó el merecido reconocimiento a las nueve empresas que participaron en el proyecto piloto para testear el sistema de evaluación. Empresas como Euskaltel, Eroski, Cegasa, IMH, Fundación Matía o Elkargi superaron ya entonces con "nota" la evaluación dirigida a acreditar y reconocer el grado de normalización del uso, presencia y gestión del euskera en sus respectivos ámbitos de trabajo .

Dicho de otra manera: el decreto que se acaba de aprobar no parte ni mucho menos de una iniciativa impositiva sino de una realidad alcanzada gracias, en gran parte, a la política lingüística llevada a cabo en los últimos años por las Administraciones públicas en el ámbito socio-económico-laboral. Por tanto, considero que valorar esta iniciativa como un intento "de confrontación" e "imposición" no sólo se aleja de una realidad -que, obviamente, muchos desconocen- sino que refleja, una vez más, el empeño de socialistas y populares, populares y socialistas, de politizar una cuestión que la mayoría de los ciudadanos (bilingües y monolingües) asumimos con la mayor naturalidad.

Creo que es del todo necesario dotar de racionalidad y sensatez al discurso sobre la política lingüística en nuestra sociedad. Es imprescindible apartar cualquier amago de violencia verbal de las valoraciones sobre las actuales o futuras decisiones sobre la regularización del uso del euskera. Porque el uso del euskera, pese a quien pese, seguirá siendo potenciado y regulado por las Administraciones Públicas hasta lograr una sociedad verdaderamente bilingüe y sin complejos. Y ha de ser Gipuzkoa además quien, aprovechando su mejor condición socio-lingüística, ejerza de fuerza tractora en la sociedad vasca. Creo que ya va siendo hora de que podamos hablar de perfiles lingüísticos, de planes y del uso del euskera en la sociedad, sin que para ello tengamos que medir al milímetro cada una de nuestras palabras por miedo al chaparrón de reproches que, a buen seguro, se nos vendrá encima.

Afortunadamente, la ciudadanía vasca es mucho más inteligente que todo esto y asume con mayor naturalidad cualquier regulación en torno al euskera y así lo ha demostrado a lo largo de los años. Por ello, pienso que nuestra obligación debe seguir siendo la de asentar las bases que posibiliten a la ciudadanía vasca elegir la lengua con la que desea relacionarse, ya sea en el ámbito público o privado; y nos atañe a todos los poderes públicos, en el ámbito de nuestras competencias, garantizar que los ciudadanos puedan hacer uso de sus derechos lingüísticos con total libertad y naturalidad. Incluido el derecho al uso del euskera, claro.

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El Euskobarómetro coloca a PNV y PSE en situación electoral de empate técnico

"Las elecciones serán cuando deben". Lo decía hace una semana el lehendakari. En otras palabras, estamos en torno a nueve meses de los próximos comicios autonómicos. No obstante, la opción de un adelanto electoral previsto en la hoja de ruta que Juan José Ibarretxe presentó el pasado septiembre y los resultados de las generales de marzo han alterado el calendario adelantando la precampaña. Un escenario que lleva aparejado el juego de las sondeos de intención de voto, como el Euskobarómetro publicado ayer por el departamento de Ciencia Política de la UPV que dirige Francisco Llera. La encuesta revela un empate técnico entre un PNV vencedor en porcentaje de voto y un PSE-EE al que da por ganador en número de escaños.

El sondeo, realizado durante las tres primeras semanas de mayo a través de 1.800 entrevistas -a partes iguales en los tres territorios-, otorga al PNV una estimación de voto del 34%, lo que traducido a parlamentarios representa una horquilla de entre 24 y 27. Los jeltzales perderían respecto a las autonómicas de 2005 algo más de cuatro puntos, pero entonces se presentaron en coalición con Eusko Alkartasuna. El partido liderado por Unai Ziarreta lograría, según la estimación del Euskobarómetro, entre dos y cuatro escaños, con un 5% de los votos. La suma de ambas fuerzas situaría pues a la coalición -cuya reedición parece en estos momentos improbable, después de que esta alianza se rompiera ya en las elecciones municipales del año pasado- con un porcentaje de voto unas décimas superior al de 2005 y con entre 26 y 31 parlamentarios, frente a los 29 que tienen actualmente.

La tercera pata del tripartito que sostiene al Gobierno Vasco, Ezker Batua, perdería según el sondeo casi un punto en estimación de voto -fundamentalmente en Álava- pero mantendría a sus tres parlamentarios. Así, la opción de alianza a tres bandas que ha gobernado Euskadi durante las dos últimas legislaturas congregaría entre 29 y 34 escaños. A día de hoy reúne 32.

Pero los datos más abrumadores de la encuesta corresponden al PSE-EE. Sin lograr el histórico resultado de las generales -425.567 votos, el 38,09%-, el estudio elaborado por el Euskobarómetro sitúa a los socialistas vascos en un no menos espectacular escenario con entre 25 y 28 parlamentarios y un incremento en porcentaje de voto de diez puntos sobre 2005. Estas cifras situarían a Patxi López en disposición de disputar de tú a tú la Lehendakaritza al PNV. Pero estos datos, tanto los relativos a los jeltzales como a los socialistas, revelan que probablemente el día posterior a las elecciones el tema de debate serán los pactos postelectorales; en otras palabras, un gobierno en solitario sigue siendo improbable por no decir imposible.

Una de las opciones que destaca el Euskobarómetro es que, según la encuesta, PSE-EE y PP podrían sumar por primera vez mayoría absoluta en el Parlamento Vasco, pues los populares , pese a continuar con su tendencia descendente, lograrían según esos datos contener la caída e incluso tendrían opciones de repetir representación.

Aralar, por su parte, mantendría su escaño en la Cámara vasca con un ligero aumento de su porcentaje de estimación de voto.

EHAK o cualquier sigla de la denominada izquierda abertzale oficial obtendría, según el sondeo, el 6,5% de los votos, cuarta fuerza en porcentaje de voto que, no obstante, la encuesta no traslada al reparto de escaños -parece complicado a día de hoy que EHAK u otras siglas de esta sensibilidad política puedan concurrir a las elecciones-. En cualquier caso, perdería la mitad del porcentaje de voto que logró EHAK en 2005.

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Egibar aboga por denunciar la actitud de Zapatero en el ámbito internacional

Los defensores de la consulta preparan iniciativas ante la posible presentación de un recurso de inconstitucionalidad por parte del Gobierno central así como de una solicitud de suspensión cautelar de la misma hasta conocer la sentencia definitiva quizá dentro de cinco meses. Sin embargo, se perciben tonos y matices distintos en el seno de quienes defienden la iniciativa del Gobierno Vasco, que oscilan entre el acatamiento de la legalidad, la puesta en marcha de una campaña de denuncia pública y quienes bordean la desobediencia civil. El presidente del PNV de Gipuzkoa, Joseba Egibar, abogó ayer por evidenciar ante la comunidad internacional el «auténtico calado democrático» del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que «se ha instalado en la trinchera de la prohibición».

En una entrevista ofrecida por la radio pública vasca, Egibar consideró una «auténtica barbaridad» el posicionamiento del Ejecutivo central para intentar que no se celebre la consulta el próximo 25 de octubre y denunció «la responsabilidad política de Zapatero», ya que, a su juicio, «un presidente que se tenga por demócrata no puede instalarse en la prohibición de consultar a los ciudadanos y luego hacer como que no ha pasado nada».

Así, sobre «la posición enérgica» que el lehendakari Juan José Ibarretxe aseguró que mantendrá si finalmente llegara esa prohibición, Egibar apuntó que pueden existir «distintas fórmulas desde el ámbito político, institucional y social», para hacer ver ese «calado democrático» de Zapatero a través de «diversas medidas que se están madurando» y que se concretarán en las próximas semanas. Egibar concluyó deseando «suerte» al que fuera presidente de su partido, Josu Jon Imaz, en su nuevo puesto como presidente de Petronor, «en un desafío personal y profesional».

En otro registro dialéctico, más contenido en la forma, el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, reconoció en rueda de prensa en Bilbao que el calendario político vasco «está condicionado» por los pasos que dé Zapatero una vez que el Boletín Oficial del País Vasco publique la Ley de Consulta quizá esta misma semana.

Urkullu volvió a instar al Gobierno central a que «deje hacer» al Tribunal Constitucional y renuncie a su «juego a corto plazo» con interés electoral, de forma que no solicite la suspensión cautelar de la iniciativa a pesar de presentar el recurso. En cualquier caso, frente a la «estrategia de bloqueo permanente», Urkullu reiteró que su formación «acatará» la legalidad «aunque no nos guste», pero aclaró que esto «no significa que vayamos a quedarnos quietos» ante una eventual paralización de la Ley de Consulta y frente a un presidente del Gobierno que juega «el papel de Torquemada» y quiere presentar un recurso «antes de dar la palabra al pueblo». El líder nacionalista eludió concretar las actuaciones que presentará su grupo y que no comprometerán al Gobierno Vasco.

En este contexto, dirigentes del PNV, Eusko Alkartasuna, Ezker Batua y Aralar se reunirán la próxima semana para diseñar una estrategia conjunta con la que hacer frente a la eventual suspensión de la ley.

El presidente de EA, Unai Ziarreta, afirmó por su parte que su partido, miembro del tripartito que sustenta el Gobierno Vasco, va a «empujar» y «proponer» que la consulta se celebre el próximo 25 de octubre «incluso aunque haya una prohibición expresa del Tribunal Constitucional».

En una rueda de prensa en Bilbao, Ziarreta también apeló al resto de formaciones políticas vascas que votaron a favor del proyecto de lLey de Consulta (PNV, EB, Aralar y EHAK) a «cambiar de estrategia», ya que aunque «el pueblo vasco se ha movido siempre en el acatamiento estricto de la legalidad, la respuesta a nuestras legítimas reivindicaciones ha sido siempre un portazo tras otro».

Por tanto, «ya va siendo hora de que como pueblo cambiemos de mentalidad, de estrategia, de que empecemos a funcionar con otros esquemas políticos y de dar un salto cualitativo para superar el marco vigente y forzar democráticamente el reconocimiento de los derechos nacionales de este pueblo».

Ziarreta partió para hacer esa apelación de la constatación de una situación de bloqueo por parte de Rodríguez Zapatero, al que comparó con un «frontón» que «nos limita» porque, matizó, aunque se presenten desde Vitoria ofertas de diálogo, desde Madrid «nos las devuelven una y otra vez». El presidente de EA opinó además que el actual marco jurídico está «agotado».

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El PSE afirma que el Gobierno foral es «débil» e incapaz de afrontar los retos de Gipuzkoa

«El Gobierno foral es débil, inestable y carece de liderazgo. Es incapaz de afrontar los problemas de Gipuzkoa y de sacarla de su estancamiento». Ésta fue la andanada que lanzó ayer el secretario general del PSE, Iñaki Arriola, al Ejecutivo foral (PNV-EA), en una comparecencia convocada para realizar el balance del primer año de legislatura.

Arriola indicó que una prueba de la falta de consistencia del bipartito fue el encargo «a una empresa de asesoramiento privado del diseño del programa de esta legislatura, para salir así del paso».

Arriola tampoco se anduvo por las ramas a la hora de enjuiciar la labor del diputado general, Markel Olano. «En diversas ocasiones le hemos propuesto pactos para desatascar el Gobierno foral, pero hemos obtenido la callada por respuesta. Esta actitud se debe a que Olano no tiene peso específico en su partido. No puede tomar decisiones». El dirigente socialista remachó que Olano «no mueve un dedo si Egibar, presidente del GBB, no se lo permite».

Arriola recordó que el PSE fue el partido más votado en las elecciones forales. «La sociedad manifestó claramente que quería un cambio en la Diputación. A pesar de ello, PNV y EA, partidos perdedores, con la inestimable colaboración de EB, se hicieron con el Gobierno foral».

En opinión de Arriola, el hecho de que el Ejecutivo de la Diputación se encuentre en minoría y requiera el apoyo de un tercer partido, lo convierte en un Gobierno «débil e inestable». «Los socialistas hemos presentado propuestas constructivas, pero no han sido atendidas», insistió.

Esta debilidad se ha traducido, indicó el dirigente socialista, en la aprobación de «decretazos», como el del impuesto de sociedades. «El grupo socialista fue artífice de que las Juntas Generales dejaran sin efecto un decreto que suponía un desprecio al máximo órgano de representación de Gipuzkoa».

Arriola realizó un balance del grupo juntero socialista durante el primer año de legislatura. Destacó las iniciativas sociales llevadas adelante, como el incremento de las pensiones más bajas hasta el salario mínimo interprofesional, «iniciativa rechazada por PNV y EA».

El dirigente del PSE concluyó que los temas de mayor calado en las Juntas, como la subida de las pensiones, «las exenciones fiscales, el plan contra la exclusión social, la mejora del sistema del billete único o el plan de atención temprana a los niños prematuros, se han aprobado a raíz de iniciativas de los socialistas».

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Euskera

Carta al director en Noticias de Gipuzkoa.

Anoche tuve un sueño. Soñé que una anciana se acercaba lenta y pesadamente hacia mí para decirme: "Dejadme todos en paz. Que me hablen los que me amen y si queréis que me hablen, haced que me amen".

Creemos que una lengua es algo que podemos adaptar, dominar, enseñar, transformar y dirigir a nuestro antojo. Pues no. La lengua que hablamos cada uno, cualquier lengua, forma parte de nuestro ser, nos conforma, expresa la realidad, el mundo, la vida.

La lengua que hablamos, cualquier lengua, somos nosotros, evoluciona con nosotros, nos descubre y se descubre. La lengua que hablamos, cualquier lengua, como nuestros hijos, como nuestros padres, como aquello que más queremos, como la tierra misma, está viva, y nace y se transforma, enferma y sana, se alegra y sufre, y muere… como todos nosotros, como los que nos precedieron, como todas las lenguas, como las que les precedieron.

Por eso, sólo amando a nuestra anciana amiga, podemos hacer que permanezca más tiempo entre nosotros.

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Aralar califica de "mediocre" la gestión del gobierno foral

Aralar calificó ayer de "mediocre" la gestión del Gobierno foral de Gipuzkoa durante el primer curso político de esta legislatura, en el que este ejecutivo ha dado muestras, a su juicio, de falta de "liderazgo" y de que es "débil política y, sobre todo, ideológicamente".

La portavoz de Aralar en las Juntas Generales, Rebeka Ubera, opinó que el primer ejercicio de Markel Olano como diputado general ha tenido "luces y sombras". Reconoció que el inicio del curso fue positivo, con iniciativas que propiciaron el apoyo de Aralar a los presupuestos de Gipuzkoa "para que fueran más progresistas, justas y sociales". Citó, en este sentido, la reforma que limitó el cobro de las cesantías que percibían los ex altos cargos de la Diputación o el plan de mejora del transporte público, que permitió aplicar rebajas en Lurraldebus.

En "las sombras" de este curso, la juntera resaltó la "debilidad ideológica" del gobierno foral, que "se ha plasmado en el intento de trasladar el debate político a los diferentes grupos de trabajo y a las sociedades públicas", o en la puesta en marcha de programas como Gipuzkoa Aurrera , "escudándose en la iniciativa privada y dando la espalda a la mayoría social de este territorio".

Criticó, asimismo, que el Gobierno, "en vez de analizar y debatir el modelo fiscal que necesita Gipuzkoa", opte por "medidas populistas, de dudosa eficacia, que afectan de forma negativa a la recaudación de Hacienda y obstaculizan servicios públicos de calidad para todos", al tiempo que "cargan la presión fiscal sobre los trabajadores".

Compromiso futuro Ubera subrayó que Aralar ha presentado durante este periodo 109 iniciativas, entre las que citó la relativa a considerar que los aeródromos de Biarritz y Hondarribia son dos terminales pero un sólo aeropuerto; la que pedía el cierre de la central térmica de Pasajes; el plan de clausura del vertedero de San Marcos o la ampliación de los puntos de encuentro para familias separadas. En este sentido, Ubera se comprometió a seguir planteando "iniciativas para una Gipuzkoa más social y progresista"

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Garzón pide a los nacionalistas vascos que cesen de atacar a la Audiencia Nacional

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón exigió ayer a los nacionalistas vascos que cesen de atacarle por investigar los supuestos pagos de empresarios vascos a ETA.

El magistrado denunció que desde sectores del PNV se ha arremetido contra la justicia de «forma desmedida y desconsiderada», sin tener en cuenta que las dos empresarias que fueron encarceladas y los otros tres ejecutivos interrogados en relación al denominado 'impuesto revolucionario' podrían haber incurrido en hechos «muy graves» como es la «eventual financiación de una organización terrorista».

Garzón explicó que él nunca ordenó la detención del consejero delegado de Sidenor, José Antonio Jainaga, y del gerente de Laminados de Hierro Marcial, Jesús Guibert, interrogados la pasada semana por la Guardia Civil, que horas después les puso en libertad. No obstante, aclaró que las detenciones realizadas «tienen su explicación», en clara referencia a los documentos encontrados por los agentes.

El magistrado aseguró que no le gusta comentar los asuntos penales que están en trámite en su juzgado pero, aún así, insistió en su malestar por las críticas que se han vertido contra su actuación. «Parece que algunos políticos, y en particular alguno nacionalista, no se aclara con estas historias. Ya está bien de que se produzcan ataques a los jueces y a la Audiencia Nacional en forma absolutamente desmedida, desconsiderada y falta de todo argumento».

Garzón respondía así a la iniciativa del PNV, que presentó el pasado viernes una propuesta de resolución ante las Juntas guipuzcoanas en la que rechazaba el «acoso y detención de ciudadanos vascos, víctimas de la amenaza y el chantaje» de ETA.

Hasta el momento, la Guardia Civil y el juez Garzón han interrogado a cinco empresarios vascos a raíz de los documentos sobre la extorsión de ETA incautados el pasado mayo en Burdeos donde fue detenido el supuesto jefe del aparato político de la organización terrorista, Thierry.

Por otra parte, el juez se mostró convencido de que el Tribunal Constitucional declarará inconstitucional la Ley del Parlamento Vasco que convoca una consulta sobre un diálogo sobre la paz y la normalización. En referencia a la decisión del Gobierno de presentar un recurso, Garzón consideró que el tema «está perfectamente encarrilado».

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