El derecho al uso del euskera

Estibaliz Alkorta, directora de Euskera de la Diputación Foral de Gipuzkoa, en Noticias de Gipuzkoa.

El euskera vuelve a ser, por desgracia, centro de atención y objeto de polémica en nuestro panorama político. Ahora le ha tocado el turno -como cabía esperar-, al decreto que el Gobierno Vasco acaba de aprobar y que nace con la pretensión de posibilitar el efectivo ejercicio de los derechos lingüísticos que la Ley reconoce a las personas consumidoras y usuarias. Se trata, a mi juicio, de un decreto sensato, coherente y acorde con la realidad social que vivimos, pues, junto con la necesidad de garantizar los derechos lingüísticos de los consumidores, trata de regular una actividad que viene realizándose de manera natural en el ámbito empresarial y comercial desde hace ya bastante tiempo.

Las Administraciones públicas (Gobierno Vasco y diputaciones) destinan anualmente cerca de tres millones de euros a desarrollar planes de uso del euskera en el ámbito socio-económico laboral, y son ya más de 160 empresas las que han podido beneficiarse este año de este tipo de ayudas. Huelga decir que, de no haber una demanda real por parte del mismo mundo empresarial y comercial, nadie habría concurrido a tales subvenciones.

Otro dato: este año es el primer año de la certificación de calidad en la gestión lingüística Bikain, cuya evaluación ha sido solicitada ya oficialmente por más de cuarenta empresas. El pasado año ya se realizó el merecido reconocimiento a las nueve empresas que participaron en el proyecto piloto para testear el sistema de evaluación. Empresas como Euskaltel, Eroski, Cegasa, IMH, Fundación Matía o Elkargi superaron ya entonces con "nota" la evaluación dirigida a acreditar y reconocer el grado de normalización del uso, presencia y gestión del euskera en sus respectivos ámbitos de trabajo .

Dicho de otra manera: el decreto que se acaba de aprobar no parte ni mucho menos de una iniciativa impositiva sino de una realidad alcanzada gracias, en gran parte, a la política lingüística llevada a cabo en los últimos años por las Administraciones públicas en el ámbito socio-económico-laboral. Por tanto, considero que valorar esta iniciativa como un intento "de confrontación" e "imposición" no sólo se aleja de una realidad -que, obviamente, muchos desconocen- sino que refleja, una vez más, el empeño de socialistas y populares, populares y socialistas, de politizar una cuestión que la mayoría de los ciudadanos (bilingües y monolingües) asumimos con la mayor naturalidad.

Creo que es del todo necesario dotar de racionalidad y sensatez al discurso sobre la política lingüística en nuestra sociedad. Es imprescindible apartar cualquier amago de violencia verbal de las valoraciones sobre las actuales o futuras decisiones sobre la regularización del uso del euskera. Porque el uso del euskera, pese a quien pese, seguirá siendo potenciado y regulado por las Administraciones Públicas hasta lograr una sociedad verdaderamente bilingüe y sin complejos. Y ha de ser Gipuzkoa además quien, aprovechando su mejor condición socio-lingüística, ejerza de fuerza tractora en la sociedad vasca. Creo que ya va siendo hora de que podamos hablar de perfiles lingüísticos, de planes y del uso del euskera en la sociedad, sin que para ello tengamos que medir al milímetro cada una de nuestras palabras por miedo al chaparrón de reproches que, a buen seguro, se nos vendrá encima.

Afortunadamente, la ciudadanía vasca es mucho más inteligente que todo esto y asume con mayor naturalidad cualquier regulación en torno al euskera y así lo ha demostrado a lo largo de los años. Por ello, pienso que nuestra obligación debe seguir siendo la de asentar las bases que posibiliten a la ciudadanía vasca elegir la lengua con la que desea relacionarse, ya sea en el ámbito público o privado; y nos atañe a todos los poderes públicos, en el ámbito de nuestras competencias, garantizar que los ciudadanos puedan hacer uso de sus derechos lingüísticos con total libertad y naturalidad. Incluido el derecho al uso del euskera, claro.