La Ley de Consulta entra mañana en vigor con su publicación en el Boletín del País Vasco

La Ley de Consulta que el Parlamento Vasco aprobó el pasado 27 de junio será publicada mañana en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV). El cumplimiento de este trámite administrativo supondrá la automática entrada en vigor de la ley impulsada por el tripartito del Gobierno Vasco con el lehendakari Ibarretxe a la cabeza, al tiempo que abrirá la vía de su impugnación por parte del Gobierno español ante el Tribunal Constitucional.

Los plazos en los que debía publicarse esta norma han estado rodeados de una cierta confusión desde la aprobación de la misma. Fuentes del Gobierno Vasco afirmaron ayer a este periódico que el reloj empezó a correr realmente el día en que la ley fue publicada en el boletín de la Cámara vasca, el pasado día 4. En ese momento, se abrió un plazo de quince días naturales para que apareciera en el BOPV, lo que culminaría por tanto el próximo sábado. El Ejecutivo de Vitoria no ha querido especular más con ello y pondrá fin al misterio mañana mismo sin agotar los quince días de plazo.

A la espera de que se consumara este paso, el gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero ha abonado el terreno en la medida de sus posibilidades para tratar de abortar cuanto antes la vía del plebiscito abierta por Juan José Ibarretxe. En este sentido, la semana posterior al debate plenario sobre la consulta fue vertiginosa, y a pesar de que la ley ni siquiera había sido publicada aún en el boletín del Parlamento Vasco, el Gobierno español pidió -cinco días después del Pleno- al Consejo de Estado el preceptivo informe para poder recurrirla ante el Tribunal Constitucional.

No habían pasado ni 24 horas cuando, en base al texto de la Ley de Consulta que estaba colgado en la página web del Gobierno Vasco, el Consejo de Estado emitió un informe contrario a la misma al considerar que vulnera la Constitución porque "los vascos no pueden decidir por todos los españoles". Esta resolución llegó justo a tiempo para que el Consejo de Ministros del pasado día 4 hiciera suya esta tesis e instara al presidente español a interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley.

La puntilla a esta frenética carrera contra el tiempo -azuzada en parte por la pretensión del PP de presentar su propia demanda contra la consulta- la dio el pasado jueves el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, al asegurar que el Ejecutivo que representa ya tiene redactado el recurso que elevará ante el Tribunal Constitucional. Los acontecimientos se precipitarán, por tanto, a partir de mañana con la publicación de la norma.

Resulta evidente que el Ejecutivo del PSOE está mostrando una confianza aplastante en sus posibilidades, como lo demuestra el hecho de que, tras el Consejo de Ministros del día 4, expresara su convicción de que el alto tribunal adoptará una resolución favorable a sus intereses, y que lo hará antes incluso de que expire el plazo de suspensión cautelar de la norma, que es de cinco meses.

"juego sucio" Otro frente contra la Ley de Consulta, en este caso mediático, se abrió la semana pasada tras la publicación por parte del diario El País de varias informaciones en las que se apuntaba que ETA había decretado una "minitregua" con motivo del debate de la ley en la Cámara vasca, una decisión de la que Juan José Ibarretxe habría tenido conocimiento pocos días antes del Pleno. El propio lehendakari no dudó en calificar la actuación del rotativo madrileño y "el entorno al que representa" de "juego sucio", y la reacción por parte del Gobierno Vasco no se hizo esperar. Además de desmentir la noticia de forma tajante, anunció la interposición de una querella criminal contra el citado periódico.

Mientras el Gobierno del PSOE perfilaba toda su batería de recursos legales contra la consulta, el Ejecutivo vasco seguía su propio camino y en el Consejo de Gobierno del pasado martes aprobó habilitar una partida de 5,1 millones de euros para la celebración de la consulta el próximo 25 de octubre, según la hoja de ruta del lehendakari. Esta iniciativa también fue contestada, en este caso por el juez Baltasar Garzón, que advirtió de la "ilegalidad" que supondría la eventual transferencia de fondos a la suspendida EHAK para hacer campaña de cara al plebiscito.

Los integrantes del tripartito tampoco se han quedado quietos, y esta misma semana se reunirán para consensuar las iniciativas que podrían llevar a cabo de forma conjunta ante la inminente suspensión de la consulta por parte del TC. En dichas conversaciones se abordará a su vez la posible incorporación de Aralar a esta respuesta "política, jurídica e institucional".