Erre que erre
El TSJPV sigue erre que erre en sus ganas de volver a hacer declarar al Lehendakari Ibarretxe, la próxima citación será el 26 de este mes recien entrado. Yambién se llama a declarar el mismo día a los miembros de Batasuna Arnaldo otegi y Rufi Etxebarria.
El juez instructor Roberto Saiz ha tomado está decisión tras admitir la querella de ampliación que interpuso el Foro de Ermua contra el lehendakari por haberse reunido presuntamente con Batasuna el pasado 22 de enero.
Además, el juez ha abierto nuevas diligencias. Por un lado, Saez pide a los diarios El Correo, Gara, El Mundo y El País información sobre ese encuentro; por otro, los registros de entrada a Ajuria Enea; y también solicita a la Guardia Civil información sobre la denominación 'izquierda abertzale'.
En concreto, quieren saber si la llamada 'izquierda abertzale' tiene personalidad jurídica, si realiza asambleas para elegir representantes, qué relación hay entre la izquierda abertzale y Batasuna y si sustituyen el término Batasuna por la de 'izquierda abertzale' para burlar la ilegalización. El alto tribunal vasco también quiere conocer si consta que cuando los representantes hablan en nombre de la izquierda abertzale lo hacen de forma desvinculada a Batasuna y si miembros de Batasuna han pagado actividades realizadas en nombre de la izquierda abertzale.
La comparecencia del Lehendakari Ibarretxe será el 26 de marzo a las 12:00 horas
2 comentarios:
He encontrado en la WEB del Partido un artículo del 30 de enero de un tal Jose Manuel Bujanda que describe perfectamente la situación actual de la judicatura en españa y en Euskadi en particular. Lo estracto, porque me parece perfecto el análisis que hace. "Durante cuarenta años, España durmió un sueño de plomo bajo los efectos de poderosos somníferos. Y el paso a la democracia en 1975 no consiguió terminar del todo con esta realidad comatosa. El sepultamiento de la memoria política durante la transición se tradujo en un primer momento en la banalización de la dictadura y, finalmente, en una naturalización histórica del franquismo. Y así la dictadura llegó a convertirse en un período más en la historia de España, en un sistema ciertamente autoritario pero «necesario» para poner fin al caos de la República. La generalización cada vez más extendida de parecidas tesis es lo que justifica que 32 años después de la muerte del dictador su nombre, los de sus principales generales golpistas y el del mismo fundador de la falange figuren todavía en numerosas plazas y calles de España, amén de pórticos de iglesias, catedrales y conventos varios. El temor al ruido de sables fue la causa fundamental del abandono de la ruptura con la dictadura franquista y su sustitución por una reforma pactada. Así, gracias a la transición política pactada casi la totalidad de la estructura de poder de la dictadura adquirió una nueva legitimidad, la de compartir la paternidad de la democracia franquistas y antifranquistas, verdugos y víctimas juntos escribiendo la nueva página de la democracia. Esta entente funcionó como el mecanismo más apropiado para la confirmación y continuidad de gran parte de la estructura social del franquismo, entre ellos parte del estamento judicial. A los hechos cercanos y menos cercanos me remito.
Pero, hoy y aquí, en Europa y en Democracia, en esta Euskadi autogobernada del año 2007 con Gobierno y Parlamento Vascos, la lealtad con el Estado de Derecho no puede suponer aceptar cualquier tipo de decisión judicial sin ningún derecho a la crítica. Un entendimiento de la democracia real, de una democracia calidad, exige que los vascos demócratas, nacionalistas o no, alcemos la voz precisamente para que el Estado de Derecho recupere las hechuras y los límites que justifican su legitimidad y superioridad moral. Y ello en defensa de todos nosotros, de nuestros derechos y libertades, de nuestra legitimidad, de nuestras Instituciones y de nuestro autogobierno. Las leyes y su interpretación no pueden dar jamás por resultado un escenario de periódico y repetido escándalo con decisiones incomprensibles para una mayoría del cuerpo social vasco y en línea directa de escarnio, tropelía y deslegitimación de sus máximos representantes institucionales, incluido el propio Juan José Ibarretxe, el lehendakari de todos los vascos. Las leyes y su interpretación deben generar seguridad jurídica y claridad de expectativas para el disfrute generalizado de los derechos fundamentales al margen de la ideología y del color político. Jamás el respeto a la ley puede ser la paz del miedo, jamás podrá ser el callar por si acaso. El lehendakari ante este intento de humillación no puede ni debe, estar demostrando día tras día su label democrático. Es el máximo representante político de los vascos. Ha sido el elegido democráticamente por la sociedad vasca. Su acoso es el acaso a cientos de miles de vascos demócratas.
Es muy preocupante, e intolerable, el impacto y la convulsión que algunas decisiones judiciales tienen en la vida política y social de Euskadi. El respeto y acatamiento de las decisiones judiciales no puede ni debe implicar jamás silencio ni cobertura incondicional a un contenido que genera alarma por el efecto de dichas decisiones en el ejercicio de derechos fundamentales. La Ley de Partidos ha propiciado un desbordamiento de los límites tan absurda e insultantemente patente hasta el punto de poner bajo sospecha a la representación parlamentaria máxima de Euskadi y hasta al mismísimo lehendakari. Intolerable. El Estado de Derecho debe de recuperar urgentemente las hechuras y los límites que puedan justificar su ya muy menguada legitimidad ante la sociedad vasca.
Esta tropelía jurídica insultante para una inmensa mayoría de vascos debe de acabar de inmediato. Son viejas y por lo tanto inútiles y vergonzantes recetas.
Lehendakari, intentan darte un escarmiento, pero en la búsqueda de la paz, de la normalización, de la representación máxima de Euskadi y del ejercicio de la política que significa diálogo y acuerdo con todos, ni un paso atrás. Ni uno, lehendakari.""
Judicializar la política es impedir el diálogo
Una opinión desde la diáspora*
El proceso de normalización política en Euskalherría se encuentra detenido, y esta dinámica se ha acentuado luego del atentado ocurrido en Barajas, cuando la irresponsabilidad ha podido más que las palabras. Pero también resulta justo remarcar la poca predisposición del gobierno de Madrid para producir los gestos necesarios, con el propósito de construir un espacio de resolución del conflicto vasco.
La negación de una salida democrática ha sido y será la moneda corriente de grupos extremistas de ultraderecha, antidemocráticos, que por todos los medios quieren impedir una solución negociada al contencioso vasco, es más, pretender llevar al banquillo de los acusados a actores representativos de la política vasca. En este sentido, el día 26 de marzo deberán comparecer ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco el Lehendakari Ibarretxe y Arnaldo Otegi, entre otros, por haber cometido el delito de dialogar, buscando formulas e ideas para lograr la paz y normalización política.
Pero todo indica, que lo que huela a vasco debe ser judicializado o prohibido, mientras detrás de esta pantomima judicial, el Partido Popular amenaza a partir de su manifiesta intolerancia, presionando al gobierno de Madrid e impidiendo la implementación de cualquier posibilidad de diálogo, como así también, bregando por la instauración del tan nefasto paradigma de las dos españas.
Más allá de estas presiones, el gobierno de Madrid, ha producido un gesto, al trasladar a Euskalherría a Iñaki de Juana.
Pero quedan pendientes otras tareas que competen a todos, como por ejemplo: impulsar una mesa de resolución en Euskalherría, sin agendas ni protagonismos, terminar con todo tipo de violencia, renunciando expresamente a la misma, como método de resolución del conflicto vasco, producir cambios en la política penitenciaria, derogar la ley de partidos políticos, exponer los proyectos políticos con claridad y sin oportunismos personales o sectoriales, trabajar para lograr la unidad de la sociedad vasca, en un marco de convivencia democrática, donde el derecho a decidir, sea el punto de partida para la construcción nacional.
Desde la diáspora, entendemos que somos parte del conflicto, como así también de su solución. En este sentido, instamos a las fuerzas políticas y sociales a deponer posiciones sectoriales, a trabajar por la unidad, con el fin de lograr los objetivos nacionales y a tender la mano generosa del diálogo, sin exclusiones, en definitiva, a ser contestes con los principios y la cultura de un pueblo milenario, que espera con ilusión que sus objetivos de paz y normalización política se cristalicen, para de esta manera, poder construir un futuro de dignidad, en un marco de democracia y libertad.
José Domingo Ormaetxea.- Militante del PNV
César Arrondo.- Militante de EA
Santiago Bereciartua.- Militante de la Izquierda Vasca
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