La abstención del PP permite sacar adelante un proyecto foral con trámite controvertido

Se acabó el culebrón. Las Juntas Generales de Gipuzkoa aprobaron ayer, gracias a los votos de PNV y EA y a la abstención del PP, el proyecto de reforma del Impuesto de Sociedades, que establece un tipo impositivo general del 28% y otro del 24% para las pymes, y se armoniza con el vigente en Álava y Vizcaya. La votación pone fin a casi dos años de desencuentros dentro del Gobierno foral, que ayer vivió la aprobación del proyecto como una auténtica liberación. La primera reacción del diputado general, Markel Olano, no pudo ser más elocuente: «Ha sido un vía crucis».

Finalmente, el PP decidió no dar la sorpresa y apoyar, mediante su abstención, un texto que considera poco audaz para hacer frente a la crisis pero que supone el «mal menor» ante el tipo actual al que tributan las empresas guipuzcoanas: el 32,6%. Lo cierto es que ayer nadie se atrevió a lanzar las campanas al aire. La aprobación del proyecto desbloquea una situación de terrible incertidumbre para las empresas, pero sigue sin despertar grandes pasiones entre los grupos junteros. Algunos, porque lo consideran una rebaja de impuestos excesiva, y otros, porque la ven insuficiente. Lo cierto es que, vista la correlación de fuerza existente, la Diputación entendió que era el único tipo impositivo capaz de aglutinar una mayoría mínima. Así fue. La votación del proyecto que grava los beneficios de las empresas consiguió 23 votos a favor (PNV-EA), 20 en contra (PSE, EB y Aralar) y seis abstenciones (PP).

Sin embargo, y para no defraudar a la habitual ceremonia de confusión y sorpresa que rodea a cada nuevo capítulo del Impuesto de Sociedades, hasta la votación estuvo acompañada de polémica. Ya sea por un error de cálculo o por despiste, la comisión de Hacienda rechazó el viernes el dictamen de la reforma. ¿Cómo votar entonces en el Pleno un dictamen que no existe?

Al parecer un precedente anterior permite volver a poner a prueba la reforma mediante el voto particular, incluyendo en este caso el articulado de la nueva norma foral y las enmiendas consensuadas con el PP, que es lo que finalmente fue aprobado ayer en la sesión plenaria. La jugada, en cambio, no convenció de ninguna manera a la oposición. «Ha sido una chapuza pero preferimos no hacer sangre», reconocía ayer Iñaki Arriola, secretario general del PSE de Gipuzkoa.

Sea de una u otra manera, la votación salió finalmente adelante gracias a la abstención del PP, grupo que ha exprimido hasta la víspera de la votación la importancia de sus votos para el Ejecutivo foral. Además de lograr que PNV y EA aceptaran varias de sus enmiendas, exigió la Diputación que se comprometiera públicamente a no aumentar los impuestos para atajar la crisis y a estudiar la eliminación del Impuesto de Patrimonio. La petición tuvo respuesta 24 horas después. No fue tan contundente como hubiera querido el PP -apenas admitía que no aumentará la presión fiscal-, pero suficiente para poner de relieve la importancia de los populares en la reforma del Impuesto de Sociedades. «No es un proyecto malo, pero es menos bueno de lo que podía haber sido», explicaba ayer Regina Otaola.

Fuentes del PP reconocían tras la votación que votar en contra del proyecto «hubiera sido muy perjudicial para las empresas en estos momentos. No teníamos mucho margen de maniobra. Había que apoyar la reforma, aunque siga sin convencernos».

Pese al retraso en la aprobación del texto, las empresas guipuzcoanas -y sobre todo los asesores fiscales- tendrán un marco normativo al que agarrarse con mayor seguridad, tras dos años de sustos e incertidumbres. Los beneficios de las empresas grandes pasarán a tributar del 32,6% al 28% y los de las pymes, del 30% al 24%.
El proyecto incorpora, además, importantes deducciones por innovación tecnológica y no tecnológica, deducciones de 4.600 euros por trabajador contratado y una vieja reclamación de Adegi: la adaptación del concepto europeo de pyme, que amplía de seis a diez millones de euros el límite de facturación que debe tener una empresa para ser considerada de tamaño pequeño y mediano. De esta manera, 213 empresas que deberían tributar al 28% lo harán ahora al 24%, lo que supondrá que paguen 3,7 millones menos a Hacienda.

Con la votación de ayer desaparecen muchos de los fantasmas que han perseguido durante estos dos años la reforma del Impuesto de Sociedades. Otros, en cambio, se mantienen. Ayer, por ejemplo, Castilla y León respondía a la aprobación del Impuesto de Sociedades de Gipuzkoa reclamando al Gobierno de España que intervenga para frenar las «insolidaridades del peor nacionalismo».

En esta ocasión, la Junta de Castilla y León no aclara si va a llevar la reforma a los tribunales, tal y como ha sucedido en anteriores ocasiones. Según su portavoz, esperarán a ver si se trata de una modificación coyuntural o permanente. Con culebrón o sin él, algunas cosas nunca cambian. dtaberna