La Diputación se presentará como acusación en el caso contra Víctor Bravo

La Diputación Foral de Gipuzkoa se va a presentar en la posible causa judicial contra el ex director general de la Hacienda del territorio Víctor Bravo y otras cinco personas por supuestos delitos relacionados con irregularidades fiscales. El Consejo de Diputados, a propuesta del diputado general, Markel Olano, dio ayer el visto bueno a que el Ente foral se presente en el procedimiento como acusación particular, al igual que lleva a cabo en el caso de las presuntas malversaciones en la oficina de Hacienda de Irun.

El portavoz de la Diputación, Eneko Goia, dará a conocer hoy los detalles de la personación de la Institución foral en el asunto que, de momento, está admitido a trámite por el juzgado de instrucción número uno de Donostia. La Fiscalía de la Audiencia Provincial ha presentado una denuncia contra Bravo y otras cinco personas relacionadas con empresas domiciliadas en la capital guipuzcoana que han realizado actividades inmobiliarias en la zona de la localidad tarraconense de Salou.

El Ministerio Público imputa a Bravo cinco delitos contra la Hacienda pública, dos de cohecho, uno de prevaricación y otro de omisión del deber de perseguir delitos. La Fiscalía imputa estos mismos delitos al ex jefe de la oficina técnica del gabinete del diputado general de Gipuzkoa durante la pasada legislatura, Rufino Eizagirre, e implica en algunos de ellos a otras cuatro personas, quienes habrían causado unos perjuicios económicos a la Hacienda estatal en la tributación del Impuesto de Sociedades de 2,15 millones de euros.

Según la denuncia de Fiscalía, Bravo y Eizagirre favorecieron a la empresa catalana Glass Costa Este Salou al permitir que se acogiese a "cuantiosos beneficios fiscales" por la aplicación de la normativa foral a la que sólo podían acceder sociedades ubicadas en Gipuzkoa. El diputado foral de Hacienda y Finanzas, Pello González, informó el lunes de que Bravo recibió una notificación sobre una operación de compraventa sospechosa realizada en 2003 por Glass Costa Este Salou con billetes de 500 euros, de la que al parecer no dio cuenta ni investigó. El Ministerio Público denuncia que en la escritura de esa operación figuraba un precio de 4,47 millones de euros, cuando en realidad se pagó por esta finca-en la que se hallaba la antigua sala de fiestas Galas- más de 6 millones, al parecer en "dinero negro", es decir que hubo un "sobreprecio oculto" de más de 1,53 millones.

Según publicó en 2007 la prensa local de Tarragona, el administrador de Glass, Fernando González Enfedaque, imputado por la Fiscalía guipuzcoana, presentó un proyecto de reparcelación de los terrenos de la discoteca dos años antes de adquirirlos. La empresa Fretum Immobles, en la que aparece González Enfedaque como administrador y Ekialde (en la que participan Bravo y Eizagirre) como socia, presentó el plan ante el Ayuntamiento de Salou, que lo aprobó en julio de 2001, aunque la finca no fue adquirida hasta dos años después por Glass. Entre la presentación del proyecto de reparcelación en 2001 y la compra en abril de 2003, la discoteca Galas sufrió un incendio provocado que obligó a su total demolición y que permitió elevar la superficie edificable