Las Juntas Generales aprueban por unanimidad el informe de la comisión sobre la Hacienda de Irun

El pleno de las Juntas Generales ha aprobado hoy por unanimidad el informe de la comisión investigadora sobre el fraude cometido en la oficina de la hacienda foral de Irun. Todos los grupos políticos respaldan así las conclusiones, que atribuyen a siete cargos del PNV mala gestión en este caso.

La comisión de investigación puso hace unos días nombres y apellidos a las personas que tendrían responsabilidades políticas directas en el presunto fraude de la Hacienda de Irun. Se trataría de siete ex altos cargos de la Diputación de Gipuzkoa, todos ellos vinculados al PNV, a los que la comisión de las Juntas Generales acusa de «falta de control» de recaudación» de la Hacienda foral durante los años en los que se produjo el presunto delito, fundamentalmente entre 1995 y 2003, y de mala gestión tras destapar el caso.

El dictamen que recoge las conclusiones de la comisión se ha sometido a votación en pleno esta mañana. El PNV se había abstenido en la votación del dictamen, al rechazar que existan responsabilidades políticas, sin embargo hoy en el pleno se ha sumado al resto de los grupos para aprobarlo.

Tras más de un año de trabajo y cerca de 40 comparecencias, los seis grupos junteros que componen la comisión han concluído que los ex diputados forales de Hacienda, Antton Market y Juan José Mujika, y cuatro directores generales de Hacienda y Finanzas, entre ellos el hermano de José María Bravo, Víctor, tuvieron, con mayor o menor grado, responsabilidad política en los hechos. El informe también critica, aunque en un tono mucho menor, la defensa que hizo el ex diputado general, Joxe Joan Gonzalez de Txabarri, de algunas actuaciones que llevó a cabo su equipo a la hora de destapar el presunto fraude.

Las conclusiones no tendrán consecuencias prácticas, ya que la mayoría de los altos cargos forales no continúa en la Diputación. Sin embargo, el dictamen supone un fuerte varapalo para el PNV, grupo que durante esos dos últimos años ha mantenido por activa y por pasiva que las responsabilidades siempre serían, en todo caso, «individuales, no de partido».

En sus conclusiones, los miembros de la comisión establecen responsabilidades políticas por dos hechos bien diferenciados durante las lesgislaturas de Sudupe y Txabarri. Durante la primera, al titular de Hacienda, Antton Market, y a los directores de Hacienda y Finanzas, Víctor Bravo y Juan Romero, la comisión les acusa básicamente de falta de control y la gestión en la recaudación, mientras que al equipo de Hacienda durante el mandato de Txabarri -Juan José Mujika, Iñaki Rica y Asier Esnal- le responsabiliza políticamente por haber archivado la auditoría que destapó el fraude.

4 comentarios:

Anónimo dijo...

¿Qué pasó con Sudupe, comparado con Txabarri? Marquet, el más elegante y caballero, lo cual puede que libere a Sudupe. ¿Y Txabarri? ¿Alguien se cree que no ordenó él el archivo? Y ese inútil está administrando dinero público en Pasaia. Qué morro¡¡¡ Que dimita¡¡¡

pulpo dijo...

Impresionante! Los robos en la Hacienda se producen entre 1989 y el 2003. Y la culpa es de Txabarri! Nadie objeta nada a las reformas realizadas por Mujika y Rika desde el 2003 en Hacienda. A partir del 2003 perfecto! Y tienen responsabilidades políticas!

Anónimo dijo...

A Txabarri y a su equipo les tendrían que hacer un monumento en la Hacienda Foral por haber tenido arrestos para abordar y afrontar una situación tan delicada. Cesar a Víctor Bravo el primer día, reordenar todos los procedimientos en seis meses, ordenar una auditoría sobre la oficina de Irún, investigar el tema a fondo y llevarlo a la fiscalía. Chapeau!

txori txikia dijo...

El dictamen del PSOE es de llorar de pena. Es sencillamente una VENDETA. Aralar, EB y el PP se suman al carro sólo para hacer sangre. Menos mal que no son jueces. Nos podía haber informado Astudillo de su época de asesor en la Diputación de Gipuzkoa en el Departmento de Economía. Si todo el mundo sabía lo que pasaba por qué no informó a su Diputado Echenique de lo que estaba pasando. O la letrada Rafi Romero, actual Presidenta de esas Juntas, que era una habitual en la Hacienda asesorando a constructores. ¿Por qué calla?