Los Bravo, en la diana de la comisión

Los servicios de recaudación eran vulnerables, estaban debilitados, plagados de agujeros y muchas de las decisiones que tomaron los altos cargos de la Hacienda foral entre 1991 y 2003 favorecieron que nada cambiara. Fueron sus decisiones las que permitieron que José María Bravo, jefe de la oficina tributaria de Irun y hermano del director de Hacienda, Víctor, fuera el presunto cerebro de un fraude de más de 8 millones a la Hacienda foral. Esta idea, plagada de detalles, sobresale con fuerza de entre las 51 páginas de las que consta el informe de conclusiones de la comisión de investigación de las Juntas Generales, al que ha tenido acceso este periódico.

Sin embargo, el titular del informe -las siete responsabilidades políticas que achacan las Juntas a altos cargos del PNV- no puede esconder el negligente sistema de funcionamiento de la Hacienda foral al menos entre 1991 y 2003. En su informe, la comisión deja caer un planteamiento lógico para explicar el mayor escándalo que ha vivido la Hacienda guipuzcoana en toda su historia: «Esta situación de vulnerabilidad ha podido facilitar que quien perfectamente conocía el funcionamiento de la Hacienda Foral -y particularmente del Servicio de Recaudación-, conocía también sus debilidades y carencias, presuntamente haya podido cometer los hechos que se están investigando por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Irun». ¿Cómo se llega a esta situación? Por decenas de decisiones, aparentemente incomprensibles para un organismo de control como la Hacienda foral, que la comisión ha revelado en su informe de conclusiones.

FALLOS EN LA ORGANIZACIÓN

Los servicios de recaudación, 'dejados de la mano de Dios'

Para entender el escenario del presunto fraude, la comisión de investigación revela la dramática situación que vivían los servicios de recaudación de la Hacienda foral desde la década de los 90. Hasta el año 2000 la recaudación por vía de apremio es la hermana pobre de la gestión fiscal. En los últimos 10-15 años se podría ingresar una media -hablando en pesetas- de entre 3.000 o 4.000 millones al año, y los ingresos fiscales superaban amplísimamente esas cifras, durante todos esos años. Prueba de ello es que hasta 1996 los procedimientos se instruyen de manera manual sin ninguna aplicación informática (salvo la aplicación Host con finalidad contable). El Servicio de Recaudación no estaba dotado con medios materiales ni personales suficientes. Adolecía asimismo de una carencia organizativa grave, que le sumía en una situación de cierto abandono. Pero hay más: el personal adscrito al área de recaudación carecía de una especial cualificación para el desempeño de las funciones que tenían encomendadas. Según la comisión, «el Servicio de recaudación estaba descuidado, sin control y con evidentes carencias organizativas y ello ha podido contribuir a facilitar a la comisión de irregularidades en el período que va hasta el año 2000».

LEGISLACIÓN INEFICAZ

Una orden foral de 2000 que favorece más irregularidades

En septiembre del año 2000 el diputado foral del departamento de Hacienda y Finanzas (Antton Marquet) aprueba una orden foral sobre distribución de competencias entre los órganos de la Subdirección General de Recaudación y Oficinas Tributarias. En base a esa nueva normativa, las oficinas tributarias de Eibar y Azpeitia, y la Agencia Ejecutiva de Irun asumen la gestión recaudatoria extraordinaria en vía de apremio sobre deudores en situación de insolvencia y las derivaciones de la acción tributaria. El responsable era el jefe de la Oficina de Eibar, aunque por diferentes motivos -entre ellos el de enfermedad-, la oficina de Irun, dirigida pr José María Bravo, asume muchas de sus funciones. Así, se constata, que la oficina de Irun ha dado de baja por insolvencia hasta 50 expedientes. Según la fiscalía, José María Bravo cobraba a contribuyentes morosos una parte de su deuda que luego no era ingresada en Hacienda. Las deudas de los contribuyentes se daban por extinguidas mediante declaraciones de insolvencia. En este sentido, la comisión es clara: «A lo largo de las comparecencias ha quedado acreditado que no existían ni criterios claros, ni un control sobre las insolvencias».

Así, el dictamen añade: «el nuevo organigrama y nuevo sistema de distribución de competencias en la Subdirección de Recaudación se realizaron pensando más en dar salida a situaciones personales que en tener una organización lógica y eficaz». Estos fallos no se corregirían hasta 2004.

LA EXTRAÑA EXCEPCIÓN

No se cambia la oficina de Irun para que siga Bravo al frente

La sucesiva toma de decisiones de la Hacienda foral también permitió que Bravo siguiera al frente de la oficina de Irun, sin que «se diera explicación razonable a esta circunstancia», señalan los miembros de la comisión. Así, las conclusiones destacan como «hecho relevante» la no conversión de la Agencia Ejecutiva de Irun en Oficina Tributaria cuando se reestructuraron los partidos judiciales. Parece evidente que si se hubiese convertido la Agencia de Irun en Oficina Tributaria, José María Bravo no hubiese podido estar al frente de la misma. (Tampoco tenía oficialmente acreditada ante la Administración titulación requerida para ser el responsable de la Agencia Tributaria de Irún de la Hacienda Foral).

EL 'ERROR' ADMINISTRATIVO

Se paga en metálico porque la prohibición no sale en el BOG

Muchos de los pagos que supuestamente recibió José María Bravo de los contribuyentes morosos eran en metálico, algo que resultaba imposible ya que en el año 2000 se dictó una instrucción por la que se suprimen las cajas en las oficinas tributarias y no se admiten pagos en metálico, salvo en pagos menores. Sin embargo, al no publicarse esa instrucción en el Boletín Oficial de Gipuzkoa carece de valor normativo. Según el informe de conclusiones, «los contribuyentes que acudieron presuntamente a la Agencia de Irun de la Hacienda Foral con billetes conocían esa posibilidad. Asesores fiscales que han comparecido así lo han ratificado. Una puerta que también estaba abierta para poder facilitar la comisión de las presuntas irregularidades».

CONTROLES DEBILITADOS

Se crea una zona oscura por error u omisión

En su informe, la comisión entiende que «las prácticas irregulares que se produjeron en el funcionamiento de los órganos de la Subdirección de Recaudación -y a las que no se puso remedio por los órganos directivos- facilitaron la creación de una zona oscura en la que por error u omisión los sistemas de control estaban muy debilitados, circunstancias éstas que pudieron facilitar la comisión de las presuntas irregularidades».

FALTA DE VIGILANCIA

Víctor Bravo, responsable político

En base a estas defiencias, la comisión no tiene dudas en señalar a Víctor Bravo, director de la Hacienda foral entre 1992 y 2003, como responsable político. «Resulta evidente que a la vista de las funciones reglamentariamente encomendadas siquiera por la existencia de una culpa in vigilando consideramos al entonces director general de Hacienda responsable político directo de las descritas irregularidades, por no haber ejercido de forma adecuada el control de la gestión de los tributos así como la coordinación y control de la actividad de la Unidad de Coordinación de Oficinas Tributarias», resume la comisión.

NUEVA ORIENTACIÓN

Se debilita el control previo en favor del control posterior

Desde 1995 y hasta 2005 -fecha en que se se realiza el Informe de Auditoría de bajas por insolvencia que destapó el fraude- «no se llevó a cabo un control riguroso previo, pero tampoco a posteriori, de deudas dadas de baja por insolvencia». La comisión destaca que a partir de 2000 se da una nueva orientación al Servicio de Intervención para potenciar el control posterior (auditoría) en perjuicio del control previo (interventor). Lamentablemente, el control posterior tampoco mejoró, a juicio de la comisión.

DESIDIA POLÍTICA

Vacío normativo en el área de control

La comisión considera relevante el hecho de que existiese un vacío en cuanto al desarrollo reglamentario de la función de control. «Se ha podido funcionar en base a circulares o instrucciones, emitidas a criterio de los responsables políticos, sin registro de las mismas», indica el dictamen final. «Concluimos, pues, que ha existido una desidia en el ejercicio de la función de desarrollo reglamentario que correspondía impulsar al departamento de Hacienda», añade.

DISCREPANCIAS INTERNAS

Bravo no es partidario del control previo

La comisión deja claro que Víctor Bravo no era precisamente un seguidor de la cultura de la intervención. «Los Servicios de Gestión y Recaudación no han aceptado nunca la función de control. Las tensiones fueron creciendo, sobre todo, teniendo en cuenta que el director general de Hacienda (Víctor Bravo) en aquella época no parece que hiciera esfuerzos por que los funcionarios a su servicio lo entendieran». De hecho, en varias reuniones, Bravo manifestó que había realizado reiteradas solicitudes al diputado foral del departamento para suprimir la función y que éstas no habían sido atendidas. Finalmente, sus peticiones se cumplieron.

EXCESOS EN SU DIRECCIÓN

Las Juntas acusan a Bravo de debilitar la función interventora

En este sentido, la comisión no tiene dudas sobre el papel de Víctor Bravo. «La intervención del director general de Hacienda en el debilitamiento de la función interventora resulta suficientemente acreditada, así como su injerencia en asuntos que excedían a su dirección general, lo que ha sido reconocido por diversos comparecientes».

LA PRUEBA

Una auditoría de 2005 que destapa la trama

Uno de los puntos más destacados del dictamen pone de relieve que «el informe de auditoría sobre bajas por insolvencia» de varios expedientes, que fue archivado en diciembre de 2005, nueve meses antes de que la Diputación decidiera ponerlo en manos de la Fiscalía, «no debería haberse archivado». Básicamente, el propio director de Hacienda en aquella época, Iñaki Rica, explicó que la auditoría destapaba unas irregularidades administrativas que ya no podían producirse al cambiar esos procedimientos en 2003. «Sin embargo, esa auditoría nos puso en alerta. Luego, cuando tuvimos pruebas, fuimos al fiscal», indicó.

EL OCULTAMIENTO

«No debió archivarse»

A la comisión, en cambio, no le convence la explicación: la auditoría «no debió archivarse. Teniendo en cuenta que todo conducía hacia la Agencia Tributaria de Irun se debió profundizar inmediatamente en las irregularidades. Se debió dar audiencia a la Oficina de Irun. Se tenía que haber profundizado en la investigación ya que, como más arriba hemos apuntado, es una de las fases del procedimiento de auditorías, un procedimiento que no se limita al mero informe. Asimismo se tenía que haber remitido el informe al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas». Asimismo, la comisión rechaza todas las alegaciones que hizo el anterior equipo foral al archivo de la auditoría.

SALE A LA LUZ

La denuncia de dos contribuyentes la 'desempolvó'

La denuncia de unos contribuyentes cuyos expedientes habían sido analizados por la auditoría y que afirmaron haber pagado a José María Bravo (responsable de la Agencia Ejecutiva de Irun) determinadas cantidades de dinero en pago por deudas tributarias que ellos consideran saldadas, fue la que determinó que la auditoría se desempolvase y que comenzase una investigación interna cuyos resultados fueron remitidos posteriormente a la Fiscalía.

REPROBACIONES

Responsabilidades políticas por el archivo

La comisión entiende que el archivo de la auditoría merece una reprobación política. Así, para las Juntas «resulta evidente que el entonces director general de Hacienda -Iñaki Rica-, autor del escrito de alegaciones que dio lugar al archivo del informe de auditoría, es el responsable político de un archivo que nunca debió haberse realizado». La comisión también responsabiliza políticamente de este archivo al ex director de Finanzas y Presupuestos Asier Esnal, así como al anterior diputado de Fiscalidad, Juan José Mujika. Añade que el ex diputado general, Joxe Joan Gonzalez de Txabarri, hizo un «desacertada defensa y apoyo» de este archivo, aunque pone de relieve que su responsabilidad política se sitúa «en un plano diferente que en los casos anteriores».

CONCLUSIÓN

Estructura «a medida» de Txema Bravo

En la recta final del dictamen, la comisión deja claro que «las funciones asignadas a Irun en la estructura de 2000, son hechas a medida para Txema Bravo. Siendo al parecer especialista en derivaciones, a su agencia se le asigna la gestión de las derivaciones de los fallidos. Esta asignación de tareas nos lleva a deducir que, descartando la resolución de la situación de interinidad excesivamente prolongada en la que se encuentra al frente de la agencia, el decreto de estructura del 2000 conlleva como consecuencia directa la confirmación de la continuidad y la consolidación en el puesto de Txema Bravo».