El Gobierno recurre la consulta porque «invade» competencias e Ibarretxe anuncia movilizaciones

Apenas habían transcurrido doce minutos desde que el Boletín Oficial del País Vasco publicó la Ley de Consulta y el abogado general del Estado se personaba en el Tribunal Constitucional. Joaquín de Fuentes Bardají ejecutaba así, a primera hora de la mañana de ayer, lo anunciado por el Gobierno de Zapatero el 27 de junio tras aprobar el Parlamento Vasco la iniciativa del lehendakari: un recurso de inconstitucionalidad. Horas después, el PP presentaba otra demanda similar.

La impugnación del Ejecutivo se fundamenta en tres apartados: Juan José Ibarretxe se arroga la «competencia exclusiva del Estado» para autorizar consultas populares, la ley «trocea la soberanía nacional» y su tramitación «vulneró» el reglamento del Parlamento Vasco. El Gobierno no alberga la menor duda de que el Constitucional admitirá a trámite su demanda, paralizará de inmediato la aplicación de la ley y la declarará nula e inconstitucional. De hecho, parece que la celeridad gubernamental será correspondida por el tribunal, cuyo pleno se reunirá esta misma semana para aceptar el recurso, con la consiguiente suspensión de la norma.

Aunque era esperada desde hace tiempo, la decisión del Ejecutivo provocó duras críticas del lehendakari, que arremetió especialmente contra la figura del presidente Zapatero. La habitual comparecencia de los martes de la portavoz, Miren Azkarate, tras el Consejo de Gobierno, se convirtió en una comparecencia extraordinaria del lehendakari arropado por todos los consejeros del Gobierno Vasco. Ibarretxe quiso de esta forma dar solemnidad a la respuesta al Ejecutivo central, que se traducirá en diferentes movilizaciones cuyo contenido no concretó ayer. Además de las previsibles medidas jurídicas, el tripartito estudia ya actuaciones de carácter político y social, entre las que barajan movilizaciones en la calle y una recogida masiva de firmas en favor del derecho a decidir y que podrían llegar a instancias europeas.
Tanto el lehendakari como su gobierno siguen dispuestos a seguir «preparando con toda normalidad» la celebración de la consulta y rechazan los argumentos presentados por el Gobierno en un escrito de 31 páginas.

El recurso sostiene que la ley viola los artículos 149 y 92 de la Constitución en lo que se refiere a la regulación «de las distintas modalidades de referéndum» y, además, pretende «marginar» al Estado de «una competencia exclusiva» suya. Sostiene que Ibarretxe pretende, «con toda claridad, un referéndum consultivo». Esta apreciación busca desmontar uno de los ejes argumentales del lehendakari, quien ha repetido hasta la saciedad que su convocatoria es para realizar una consulta popular sin valor jurídico, y en ningún caso un referéndum. El recurso del Gobierno de Zapatero huye, a diferencia del presentado por el PP, de apreciaciones políticas y su argumentación es estrictamente jurídica.

El día clave a partir de ahora es el 15 de septiembre. Ésa es la fecha en la que el lehendakari debe convocar la consulta popular no vinculante sobre el futuro de Euskadi que se celebraría el 25 de octubre. Este calendario obedece a que la Ley de Consulta fija que el plebiscito debe convocarse cuarenta días antes de su celebración.

Por eso, el líder del Gobierno Vasco urgió al Tribunal Constitucional a pronunciarse antes del 15 de septiembre sobre la constitucionalidad de la iniciativa con el objetivo de que se pueda permitir su celebración. En caso de que no adoptara esta decisión, solicitó que levante la previsible suspensión del plebiscito, que en el Ejecutivo de Vitoria dan por supuesta.

La petición de rapidez al tribunal fue en lo único en que estuvieron de acuerdo ayer todas las partes, aunque por distintas razones. El abogado del Estado considera «de la máxima conveniencia para la causa pública que la sentencia que resuelva este asunto se dicte antes del 15 de septiembre» y apunta que, con arreglo al calendario confeccionado por Ibarretxe, «las primeras actuaciones de los electores, de los partidos y de la administración electoral tendrán lugar en los días 15, 16 y 18» de ese mes.

Precisamente, el 15 de septiembre se abriría el plazo para que los electores puedan solicitar el voto por correo y, al día siguiente, los partidos podrían designar a sus representantes ante la Junta Electoral, que se constituiría el día 18 del mismo mes.
Por su parte, los diputados y senadores del PP solicitan que se aplique una tramitación «prioritaria y urgente» a su recurso y coinciden con el Gobierno en pedir la suspensión de las vacaciones judiciales por tratarse de un asunto «cuyo fallo no puede demorarse sin quebranto para la justicia». A tal fin, el Ejecutivo central pide que se habiliten los días laborables del próximo mes de agosto, en los términos que prevé la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Los acontecimientos de ayer no hicieron más que confirmar la profunda brecha abierta entre nacionalistas y constitucionalistas tras la aprobación de la consulta, gracias al voto crítico de uno de los nueve parlamentarios de EHAK. La gran incógnita reside en saber si, en caso de que el plebiscito no pueda celebrarse, habrá adelanto de las elecciones vascas, previstas para la primavera de 2009.