Acuerdo entre iguales

En el editorial de Noticias de Gipuzkoa escriben sobre la firma del Cupo acontecida ayer.
Las administraciones vascas y española pusieron ayer en práctica la esencia de la relación bilateral que mantienen desde el inicio del sistema estatutario: el pacto.

Las renovaciones quinquenales del Cupo ponen de manifiesto el carácter paccionado del encaje de Euskadi en el conjunto del Estado y el nuevo acuerdo hace más profundo todavía el relieve de esa comunicación de igual a igual debido a la relevancia de los acuerdos adoptados. En esta ocasión, no sólo se han ajustado los coeficientes numéricos que permiten la autofinanciación vasca y al mismo tiempo la aportación solidaria de los ciudadanos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa a las arcas estatales.

El pacto suscrito también sienta un precedente para que las mejoras introducidas por el Gobierno central en materias transferidas tengan reflejo en el País Vasco. Así, el Cupo provisional de este ejercicio -1.565,2 millones de euros- se verá reducido en al menos 115,8 millones para sufragar en Euskadi los gastos derivados de las ayudas destinadas a los hogares con familiares dependientes que necesitan cuidados especiales, el desarrollo de la Ley Orgánica de la Educación y diversas medidas de financiación extraordinaria de la Sanidad pactadas con el resto de comunidades.

Además, se da luz verde a un órgano de colaboración que tiene como objetivo resolver los problemas derivados de la falta de reconocimiento de las haciendas forales como entes fiscales al mismo nivel que el español, el francés o el alemán en el marco de la Unión Europea.

El primer fruto de ese órgano es el cierre a nivel institucional de la crisis abierta hace casi una década por las denominadas minivacaciones fiscales vascas. Antes del 11 de septiembre, Euskadi entregará a Bruselas el listado de las 300 empresas que se acogieron a mediados de los noventa a las deducciones del Impuesto de Sociedades que se concedieron a firmas de nueva creación o a las que acometían inversiones. Las compañías, una vez comunicada la obligación de devolver las ayudas -que en conjunto superan los 1.500 millones de euros-, podrían acudir a la Justicia para bloquear la restitución de unos incentivos que creían legales en el momento de su aplicación. Si se consuma esta vía se generará otro embrollo judicial y las haciendas vascas tendrán que darle respuesta a través de un acuerdo con los afectados basado también en el diálogo.