¿PPSOE + EB?

El Partido Popular podría apoyar al socialista Miguel Buen como nuevo diputado general de Gipuzkoa si el PSE facilita la elección del popular Javier de Andrés como máximo responsable de la institución foral alavesa el próximo 15 de julio. Ésta sería la única posibilidad para que Buen -que ayer anunció una negociación para constituir un gobierno foral en la Diputación guipuzcoana entre los 16 representantes del PSE y los cuatro de Ezker Batua- pudiera tener el respaldo del PP, que cuenta con seis procuradores en las Juntas Generales. Si además lograse el respaldo de EB, con cuatro junteros, Buen sería elegido con mayoría absoluta diputado general el próximo viernes al lograr 26 votos frente a los 23 del jeltzale Markel Olano.

El rompecabezas es complicado, sobre todo porque nadie está dispuesto a ofrecer su apoyo de forma gratuita ni a enseñar todas sus cartas. A las pocas horas de que la asamblea regional de EA de Gipuzkoa se decantase en la tarde del lunes por un pacto foral de gobierno con el PNV, los socialistas anunciaron ayer nuevos movimientos. En principio, el acuerdo PNV-EA, que se presentará hoy, garantiza que Olano sea elegido con mayoría simple en segunda votación. Pero si Buen concitase el apoyo de EB y del PP a la vez tendría 26 junteros, es decir, la mayoría absoluta, con lo que automáticamente será elegido en primera instancia. Una hipótesis bien difícil a día de hoy. pero tampoco imposible.

En cualquier caso, el PP, a través de su portavoz en las Juntas Generales de Gipuzkoa, Regina Otaola, pidió al candidato socialista a diputado general que no dé por hecho "en principio" el apoyo de los populares a su investidura. Las palabras de Otaola complican objetivamente las intenciones de Buen, pero todavía no las desbaratan del todo. Y las encuadran en la práctica en un tablero negociador más complejo, que incluye los pactos en las Juntas Generales de Álava, en donde el PP fue la primera fuerza, seguido por el PSE y el PNV, a escasa distancia. En el territorio alavés todo sigue abierto. La sesión de investidura será posterior a la de Gipuzkoa.

Otaola reconoció que al PP "le encantaría que el PNV pasara a la oposición para que entrara algo de aire fresco en la Diputación, pero no creemos que un ejecutivo conformado por PSE-EB sea una verdadera alternativa al nacionalismo gobernante".

De momento, Buen anunció su intención de negociar con Ezker Batua. De entrada, adelantó que ha ofrecido ya la gestión de hasta cuatro departamentos. Explicó que, para lograr el respaldo de EB, el PSE "pondrá sobre la mesa" asuntos de máxima importancia para Gipuzkoa como "la regeneración política" de la Hacienda Foral, la "limpieza" en la actuación política, y la agenda social.

Por su lado, Ezker Batua no quiso pronunciarse ante la oferta de Buen si bien su coordinador en Gipuzkoa, Antton Karrera, calificó ayer de "casi imposible" la consecución de un acuerdo foral con el PNV y EA, y consideró que ambos partidos han ofrecido un pacto cerrado sin contar con ellos, que "repite esquemas de insolidaridad del Gobierno foral saliente". Karrera se mostró a la espera de que, en cualquier caso, el candidato del PNV "mueva" sus posiciones de cara al debate del próximo viernes.

En relación con la propuesta del PSE, Karrera señaló que su partido se decantará en función de los contenidos de los programas de los distintos candidatos, sin perder de vista que su prioridad es que Gipuzkoa se rija por un programa "más social".

Sus críticas fueron ácidas para Eusko Alkartasuna, a la que acusó de buscar sólo "el bienestar de sus dirigentes" y "en absoluto el de los guipuzcoanos", de "jugar con uno y otro favorito", de debilitar el tripartito y «de marginar y excluir a EB» hasta que se celebraron las dos reuniones que mantuvieron en la última semana con dirigentes del PNV y EA.

Karrera dejó claras las prioridades de EB, las que aseguró condicionarán su apoyo el viernes a uno u otro candidato: "el bienestar de la inmensa mayoría de los guipuzcoanos", un objetivo que para los federalistas pasa necesariamente por "una política de izquierdas" que contemple "una fiscalidad justa y equitativa", que priorice los servicios sociales y los transportes públicos, así como la negativa a la construcción de la incineradora.