Bravo por Bravo

El supuesto defraudador José María Bravo Durán cobró a un contribuyente una cantidad superior a 200.000 euros habiendo dejado de trabajar en la delegación de Irún. A esto le llamo yo amor al trabajo.

Este caso se encuentra entre los once últimos expedientes que la Fiscalía incorporó la semana pasada al juzgado, de los que se desprende que el acusado estafó presuntamente alrededor de 1.082.000 euros. A esta suma habría que añadir otros 1.033.915 euros, cantidad que supuestamente desvió en los veinticuatro primeros asuntos que fueron presentados en el juzgado el mismo día en el que la Fiscalía formalizó su denuncia. La Diputación estima que a causa de esta presunta actividad defraudatoria, el Departamento de Hacienda foral ha dejado de percibir unos cinco millones de euros.
En la práctica totalidad de los expedientes, el modo de actuar de Bravo ha sido idéntico. El ex delegado de la oficina de Hacienda establecía contacto con los contribuyentes, a quienes exigía el pago de las cantidades que adeudaban. Dado que algunos de ellos carecían en aquel instante de los recursos necesarios, negociaron a la baja el pago de las cantidades por importes inferiores.

Según la Fiscalía, el dinero obtenido por el acusado jamás ingresaba en las arcas del erario público. A fin de que las operaciones no fueran descubiertas, se procedía a la manipulación de los sistemas informáticos y contables de Hacienda. De esta manera, una vez que era abonado el importe convenido se declaraba extinguida la totalidad de la deuda tributaria de cada uno de los contribuyentes afectados, bien mediante la declaración de prescripción del expediente o de insolvencia.

Entre los once nuevos expedientes aportados hay uno en el que una misma persona, C.O., administrador de dos empresas de Irun que adeudaban entre ambas cerca de 600.000 euros, pagó a Bravo 442.000 euros que jamás ingresaron en el fisco.

Según la documentación existente, el principal acusado en la presunta trama contactó en 2003 con el citado administrador, con quien convino que abonase 221.110 euros, en lugar de los 296.436 que en total debía. Posteriormente, en marzo de 2004, un mes antes de que Bravo dejara de trabajar en la Diputación foral para dedicarse de manera exclusiva a la actividad privada, contactó con el mismo contribuyente para comunicarle que pagara la deuda fiscal de otra empresa, de la que también era administrador, por una cuantía similar a la anterior.

Al parecer, las negociaciones por la forma de pago y la cuantía no se concretaron hasta mayo del mismo año. Para entonces, Bravo ya había abandonado su puesto en Hacienda. A pesar de ello, el imputado prosiguió con el caso y citó al contribuyente, no ya en la oficina de la que fue director desde 1995, como habitualmente solía hacerlo. Esta vez le convocó por la tarde, en la sede de la asesoría Urdanibia, de la que el inculpado era socio y donde se llevó a cabo del pago de la suma acordada. Tras cobrar, Bravo no tuvo reparo alguno en extenderle un documento con membrete y sello de la propia asesoría en el que admitía la entrega del dinero. Asimismo, hizo saber al deudor que aquel certificado era legalmente válido y que acreditaba la liquidación del dinero.
Tanto esta deuda como la primera fueron extinguidas mediante las declaraciones de insolvencia. Se estima que entre ambas, José María Bravo se embolsó 442.000 euros. El principal imputado en la causa está citado para mañana en el juzgado de Irun, a partir de las 10.30 horas, donde deberá prestar declaración.