La corrupción sacude al PNV

Reportaje en El Pais que seguro levanta ampollas.

Los resultados electorales en Euskadi han puesto de manifiesto que el PNV ha dejado de estar inmune a los efectos desmovilizadores de la corrupción. El procesamiento del ex director de Hacienda foral de Irún José María Bravo; la promoción a diputado general de Guipúzcoa de un candidato, luego retirado, que ocultaba al fisco buena parte de su patrimonio, y las torpes justificaciones al trato de favor concedido a determinados dirigentes del PNV en Hacienda explican, en buena medida, el acusado abstencionismo guipuzcoano y la inesperada derrota de este partido en esa provincia durante las últimas elecciones.

Es como, si tras cinco lustros de ejercicio ininterrumpido del poder institucional, el PNV hubiera perdido definitivamente la virginidad a ojos de los electores; como si, en el terreno de la corrupción, hubiera quedado homologado como un partido no diferente a otros.

En un ejemplo de la tolerancia cero que ahora se predica, el diputado general de Guipúzcoa en funciones ha apartado de su cargo al jefe de su oficina técnica, Rufino Eizaguirre, uno de los 98 puestos de libre designación del Gobierno foral de la provincia, con el argumento de que éste no notificó sus relaciones societarias en el momento de asumir sus funciones. Rufino Eizaguirre Olcoz es socio en la empresa matriz Ekialde 4021, SL, del ex director general de la Hacienda guipuzcoana y ex senador del PNV, recientemente dimitido, Víctor Bravo Durán; a su vez, este último es hermano de José María Bravo, ex director de la oficina tributaria de Irún, actualmente encausado.

El procesamiento de José María Bravo y de algunos de sus colaboradores interpela al PNV sobre su gestión al frente de las instituciones vascas. De entrada, porque el acusado en cuestión practicó, supuestamente, la malversación de caudales públicos, la falsedad documental y el blanqueo de capitales durante sus 10 años al frente de la Hacienda local. A la vista del relato de la Fiscalía, José María Bravo ingresaba en sus cuentas particulares deudas cobradas a morosos a los que posteriormente declaraba insolventes. Cabe preguntarse cómo es posible que estas prácticas -el procesado llegó a condonar tributos a cambio de que un contribuyente le decorara una de sus propiedades- no fueran detectadas antes.

José María Bravo dirigió la oficina tributaria de Irún mientras su hermano desempeñó el cargo de director general de la Hacienda de Guipúzcoa. Y la segunda esposa de este último, Arantza Arbelaitz, presidió el Tribunal Económico-Administrativo de la Hacienda guipuzcoana, precisamente el órgano encargado de resolver las reclamaciones de los contribuyentes y de imponer sanciones. Víctor Bravo ejerció las funciones recaudatorias, gestoras e inspectoras de los expedientes, caracterizados como especiales, que discurren en la Administración foral al margen de instancias inspectoras convencionales. El procedimiento especial fue ideado en su día para garantizar el anonimato de las cuentas de los extorsionados por ETA.

A la espera de la investigación judicial en marcha, flota en los ambientes políticos la sospecha de que lo descubierto en Irún es sólo el pico de una alfombra de corruptelas, tráfico de influencias y maridaje con empresas, preferentemente del mundo de la construcción. Años atrás, Víctor Bravo fue procesado por cohecho y prevaricación en un caso sobreseído provisionalmente ante la falta de "fuentes de conocimiento que permitan el tránsito de la sospecha fundada al indicio justificado".

El ex director de la Hacienda foral siguió gozando de la confianza de su partido, puesto que, tras su cese en 2003, fue designado senador por el PNV. Su personalidad exuberante -alardea de sus Porsche, del yate y de la avioneta privada- encaja mal, desde luego, con el estilo más recatado del PNV guipuzcoano, poco amigo del exhibicionismo y la ostentación. Para sorpresa de los contribuyentes de a pie, el presidente de la ejecutiva provincial, Joseba Egibar, ha tratado de quitar hierro a la polémica sobre el trato de favor fiscal otorgado a la esposa del ex consejero y ex diputado foral Luis María Bandrés, indicando que la rebaja de las deudas tributarias es "un procedimiento normal" en Hacienda. Y el frustrado candidato a diputado general, Jon Jáuregi, continúa en el Consejo de Administración de la Kutxa (Caja de Ahorros de Guipúzcoa) y en la dirección provincial del PNV.

Pese a la vigorosa reacción de última hora, la diputación sigue ocupando el foco de la atención general, hasta el punto de que en las negociaciones para materializar una coalición nacionalista en el ente foral, EA ha invocado la conveniencia de que Hacienda deje de estar en manos del PNV. Tras 12 años bajo la dirección de Víctor Bravo, la Hacienda foral ha experimentado una descapitalización profesional. Al grupo de técnicos que se han pasado a la empresa privada hay que añadir los que mantienen en paralelo una alta actividad empresarial con participación en inmobiliarias vascas volcadas en la construcción, preferente en el sur y el levante español.

Las oficinas que la empresa Ekialde 4021, SL, propiedad del ex senador Víctor Bravo y del depuesto jefe de la oficina técnica del diputado general de Guipúzcoa, Rufino Eizaguirre, tiene en la avenida de Tolosa, número 11, de San Sebastián son un vivero de firmas de promoción inmobiliaria. Así, en la misma razón social aparecen registradas, entre otras, Alt Asesores, SL; Glas Costa Este Salou, SL -creada con un capital de 19,5 millones de euros-; Filoglass Promocio; Burgera Mestral, SL; Baltics Burguera, SL, y Burguera Home, SL. En buena parte de estas sociedades figura como administrador único Fernando González Enfedaque, nombrado en 2004 presidente de Air Madrid.

El procesado José María Bravo posee un conglomerado de sociedades dedicadas al negocio hotelero y a la promoción inmobiliaria en el valle del Jerte (Cáceres). Según la acusación fiscal, el dinero procedente del fraude a Hacienda y de la extorsión a contribuyentes ha alimentado supuestamente no sólo a las empresas de José María Bravo, sino también a Ekialde 4021, SL, que participa en proyectos comunes en el valle del Jerte.

Como director general de la Hacienda guipuzcoana, Víctor Bravo promovió años atrás la permuta de terrenos que permitió a la empresa constructora de Luis Amenabar Alday hacerse con 20.000 metros cuadrados de uso residencial en San Sebastián a cambio de ceder a la Diputación dos locales comerciales de 294 metros cuadrados y 41 metros cuadrados, respectivamente, ubicados en Tolosa. Justificada por la necesidad de ampliar las oficinas tributarias en ese municipio guipuzcoano, la operación no supuso ingreso alguno para la Hacienda foral, toda vez que tanto los terrenos de San Sebastián como los locales de Tolosa fueron tasados por la empresa Zehazki con una cifra similar: 93 millones de las antiguas pesetas. "Nos pareció una cosa totalmente inocente", comenta un antiguo responsable de la Diputación. De acuerdo con esa fuente, Víctor Bravo intentó hacer una permuta similar en Bergara con otros locales propiedad del mismo constructor, pero esta vez encontró resistencias y renunció al proyecto.

Corría el mes de marzo del año 2001. En los mismos terrenos de San Sebastián permutados por la Diputación de Guipúzcoa, Víctor Bravo adquirió al mismo constructor, Luis Amenabar, una finca de 1.200 metros cuadrados en la que se levanta actualmente la lujosa villa con piscina climatizada y ascensor del ex senador del PNV. El precio de la venta fue fijado en 37 millones de pesetas, aunque, en el acto de la firma, Víctor Bravo no hizo desembolso alguno. "Pagué todo religiosamente. No tuve nada que ver con la permuta de terrenos porque yo no tenía competencia en esa materia. Fue un asunto que llevó la Dirección de Patrimonio y la de Finanzas, y aprobada por el consejo de diputados (del órgano foral)", ha explicado a este periódico el ex director de la Hacienda de Guipúzcoa.

Antiguos responsables de la Diputación sostienen, por su parte, que el ex director general de Hacienda promovió también -incluso cuando ya había cesado en ese cargo- la venta a la empresa Inmogroup de siete plantas de edificios en Éibar por 800.000 euros. Se trataba de inmuebles valorados en 4,8 millones de euros que habían sido adquiridos por la Diputación en 1998 en compensación por las deudas tributarias contraídas por la empresa Alfa, que atravesaba una grave crisis.

En el momento de la venta a Inmogroup, los inmuebles, industriales en su origen, habían sido recalificados como residenciales y comerciales. La operación se justificó por la necesidad de ayudar a la recuperación de la empresa Alfa y facilitar la concentración de los inmuebles en un propietario único que posibilitara una rápida gestión.

"No pusimos objeciones porque como Inmogroup era una firma de la división inmobiliaria de las cajas de ahorro vascas pensamos que, al fin y al cabo, el beneficio quedaba en manos públicas", comenta un ex responsable de la Diputación. "Lo que ocurrió es que poco después Inmogroup pasó a ser propiedad del constructor Luis Amenabar". Víctor Bravo ha explicado a este periódico que, cuando se organizó la operación, él ya había cesado como director general de Finanzas. "No tuve nada que ver con Inmogroup ni antes ni después de la operación. No participé en reuniones ni en actos para ello. Fui consejero de una sociedad, Giro Investeam, que controla una parte del capital social de Alfa; eso es todo, lo demás son informaciones falsas e interesadas". En su informe del pasado año, el Tribunal Vasco de Cuentas certificó que esa venta, realizada de forma irregular, sin cumplir los requisitos exigibles en la enajenación directa y sin la preceptiva comunicación al Consejo Vasco de Finanzas, causó a la Diputación guipuzcoana una pérdida patrimonial superior a los cuatro millones de euros.

Además de denunciar ante la Fiscalía el fraude a la Hacienda de Irún —lo contabilizado hasta el momento supera los cinco millones de euros—, el Gobierno en funciones de la actual Diputación Provincial de Guipúzcoa investiga la actuación de Hacienda en el caso de la deuda por impago del IVA de 600.000 euros condonada en gran parte a Maite Moneo, la esposa del ex consejero del Gobierno vasco y ex diputado foral de Cultura Luis María Bandrés.

Aunque existen antecedentes —las irregularidades en la Hacienda vizcaína, el caso de las máquinas tragaperras—, el nacionalismo institucional vasco ha vivido a lo largo de estas décadas prácticamente a cubierto del descrédito y el escándalo social; envuelto en la pátina de honestidad personal, de raíz cristiana, que le transmitieron sus dirigentes históricos. El ejercicio de un poder hegemónico y la adhesión militante, afectiva, que suscita un partido encargado de liderar, simbólicamente, la gran causa movilizadora de la construcción de Euskadi le habían permitido protegerse con una cortina de silencio que acaba de rasgarse.