Sobre las declaraciones de Imaz (I)

Algunos no han esperado a leerse el artículo completo de Josu Jon Imaz ayer en varios medios de comunicación para empezar a apedrearle. Ganas no faltan, desde luego. Y no me refiero a nuestros socios de Lakua, Madrazo o Larreina, sino a gentes desde el propio partido. Muchos de ellos incluso hacen críticas al presidente del EBB por una supuesta "lectura sesgada" del documento Elkarbizitzarako bake-bideak: Ante el final dialogado de la violencia y la normalización polí­tiac, aprobado por unanimidad en octubre del 2005. Analicemos el texto a ver quien miente.

Todo esto está sacado del documento aprobado por unanimidad Elkarbizitzarako bake-bideak, no nos inventamos nada. Es recomendable su lectura COMPLETA, al igual que la lectura COMPLETA del artículo del presidente del EBB.

Nuestro compromiso ético, político y cívico frente a la violencia. Las expectativas de pacificación que ahora se abren son posibles porque, de hecho, la sociedad vasca y las instituciones democráticas han demostrado su fortaleza y superioridad frente a la violencia. Es la victoria de los principios éticos, aun cuando queda, sin duda, un trabajo delicado por hacer.

Resulta ineludible, en estos momentos que preceden a lo que puede ser el final definitivo de la violencia, dejar constancia del profundo error político y del daño moral que el terrorismo ha causado a tantas personas y a la causa nacional vasca, de su falta de legitimidad, su torpeza política y su absoluta inmoralidad. La pacificación será definitiva cuando, junto con las armas, cese también el esquema impositivo que trata de justificarlas, el de que todo vale para conseguir determinados objetivos políticos. El planteamiento "no a la violencia"/"sí al diálogo", es decir, la apuesta por la paz y por las vías democráticas no exige a nadie la renuncia a sus propias aspiraciones políticas.

Naturaleza del conflicto en Euskadi. En Euskadi existe un viejo conflicto político sin resolver anterior por cierto a la violencia de ETA a interpretar en clave de no-aceptación de un sujeto político con derecho a decidir, cuya resolución requiere un juego complejo de acuerdos políticos y respeto democrático a la voluntad de la ciudadanía vasca. Este conflicto no puede ser interpretado según las claves de ETA, dando a entender que el proceso estatutario ha sido ilegítimo, que el recurso a la violencia tiene una explicación que lo justifica, aunque la historia de la transición, el propio texto constitucional o el desarrollo autonómico dejen para nosotros mucho que desear. ETA no respetó ni el consenso mayoritario de la sociedad vasca en torno al Estatuto, ni respetó la palabra del Pueblo Vasco que dice defender. El conflicto de identidades y el de la violencia son dos cosas distintas; el terrorismo no es consecuencia natural de un conflicto político. Y es inaceptable que su persistencia sea utilizada para ignorar o negar la existencia de un conflicto de naturaleza política o profundo contencioso vasco que es necesario abordar con detenimiento. Por eso mismo, nuestro compromiso ético, político y cívico no anula nuestra determinación por tratar de dar una salida dialogada al conflicto político que arrastramos.

La lucha democrática contra la violencia. En esta encrucijada llena de oportunidades de paz y de reconciliación, aunque no exenta de amenazas, nuestras convicciones democráticas y un sentido humanista de la política y de la justicia nos obligan a recordar que no todo vale tampoco en la lucha contra el terrorismo. Denunciamos, en este sentido, los graves excesos cometidos por las instituciones del Estado. En la lucha contra ETA se han cometido violaciones de derechos intentando acabar con ella desde los propios poderes del Estado, empañando gravemente el sistema democrático. La necesaria reconciliación social tampoco sería posible sin la denuncia de los graves atentados cometidos por el Batallón Vasco-español, el GAL, los errores judiciales, y sin el reconocimiento y reparación a sus víctimas.

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Buscando una salida digna y democrática. Un final dialogado significa salida democrática, apelación a todas las posibilidades que permita el ordenamiento jurídico, de manera que perciban sus virtualidades abiertas, de no cerrar caminos. La propuesta de constituir dos mesas de diálogo tiene el valor de poner en marcha un proceso, cuya iniciativa y decisión están en manos de los representantes políticos legítimos y, finalmente, de la sociedad vasca. Nuestras decisiones futuras, los acuerdos políticos a los que los representantes políticos pudiéramos llegar, no estarán condicionadas por una ETA que no ha sido capaz de aceptar ni la voluntad mayoritaria de los vascos ni la legitimidad democrática de las instituciones que nos hemos dado. Desde esas consideraciones, tenemos la certeza de que la ciudadanía vasca está dispuesta a trabajar e impulsar con generosidad las vías para hacer posible la paz y la reconciliación.

El pueblo vasco tiene derecho a la paz. La paz supone la consolidación de escenarios de justicia y respeto a los derechos humanos. La paz comienza con la ausencia de violencia, la cual depende de quienes la practican en sus diferentes formas. La paz es, asimismo, reparación social del injusto sufrimiento que la violencia y el terrorismo han causado a tantos y tantos conciudadanos. La paz supone también acabar con el sufrimiento que afecta a muchas personas del propio mundo de ETA. La paz, para que sea justa y duradera, debe conllevar necesariamente la reconciliación, que requiere grandes dosis de generosidad por parte de quienes más han sufrido y del conjunto de la sociedad.

Ningún proyecto político puede ser esgrimido como condición para la paz, sencillamente porque, por encima de cualquier proyecto político concreto, se sitúan las decisiones y la voluntad de los vascos, decisión y voluntad que están en el origen de los marcos institucionales actuales, que deben ser respetados, al igual que en el futuro habrán de serlo las diferentes fórmulas de territorialidad o los proyectos de convivencia política, desde el respeto a la voluntad de la sociedad vasca.

La convivencia política es el reto. De acuerdo con los principios humanistas y democráticos que han presidido siempre la actuación de EAJ-PNV, consideramos que la convivencia y la cohesión de la sociedad vasca constituyen un reto importante de nuestra acción política. Y ello, no sólo por nuestro compromiso con la construcción social de Euskadi, sino por la dimensión nacional que comporta, en sí misma, en un proceso de construcción identitaria de la Nación Vasca como comunidad, como sujeto político colectivo.

No es posible construir una nación cohesionada e integrada ni sobre el enfrentamiento entre identidades ni sobre la imposición de un proyecto ajeno a la voluntad de la sociedad vasca, expresada mediante una consulta libre y democrática en un escenario de ausencia de violencia. En este sentido, los conflictos de derechos, de valores y de intereses entre unas y otras identidades en juego son permanentes e inevitables, y de lo que se trata es de establecer compromisos y acomodos viables entre las partes. El valor del pluralismo de la sociedad vasca es, en este contexto, no un mal menor, sino un elemento consustancial, enriquecedor y positivo de nuestra sociedad.

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La llave del proceso. Desde la consideración de la radical incompatibilidad entre política y violencia, EAJ-PNV plantea, como exigencia democrática, que el diálogo resolutivo para el final del proceso no sea consecuencia de la violencia, sino de su cese.

Recientemente, en su Discurso de Investidura, el Lehendakari afirmaba que a ETA le corresponde dar el paso decisivo y manifestar, de forma clara e inequívoca, su voluntad de poner fin a la violencia. A los partidos vascos nos corresponde asumir nuestra responsabilidad y comprometernos ante la sociedad vasca a alcanzar un "Acuerdo de Normalización Política" sobre las cuestiones que constituyen la raíz del conflicto político.

La renuncia a tutelar el proceso político. El respeto a lo que las vascas y vascos, representados por sus fuerzas políticas y directamente a través de una consulta, decidan es incompatible con la vigilancia o el condicionamiento que pretenda ejercer una organización armada. Los partidos políticos y las instituciones representativas son los únicos encargados de garantizar el carácter democrático del proceso, con la consiguiente negociación resolutiva sin imposiciones, desde el respeto a la pluralidad, situando todos los proyectos en igualdad de condiciones de consecución y depositando en la ciudadanía la última palabra.

Una valoración compartida sobre el cese de la violencia. El nuevo tiempo político nos exige compartir criterios y valoraciones sobre la validez del abandono de la violencia. Entendemos necesaria una definición pactada entre los partidos políticos acerca del abandono de la violencia y una verificación compartida de su autenticidad.

Compromisos para la construcción de un proceso de paz. Constituye un objetivo prioritario para EAJ-PNV el poner fin a la violencia y garantizar en Euskal Herria la no-vulneración de los derechos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Para el logro de dicho objetivo resulta imprescindible:

- Apoyar la utilización de todos los medios democráticos para garantizar la seguridad, la libertad y la vida de las personas y para prestar apoyo y solidaridad a las personas amenazadas y a las víctimas.
- Promover la movilización social contra la violencia y en defensa de la vida, de todos los derechos fundamentales de todas las personas y defender una cultura de los derechos humanos sin excepciones, basada en la dignidad inalienable de las personas, que proteja y preste especial atención a los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
- Desarrollar políticas de distensión, comunicación y conciliación política y social que permitan superar toda forma de amenaza, incomunicación, exclusión o sectarismo.

Y desde la perspectiva de la defensa de los derechos y libertades fundamentales:

- Contribuir a recomponer las libertades democráticas, los derechos fundamentales y las garantías básicas de un Estado de Derecho.
- Apoyar la utilización de todos los medios políticos, jurídicos e institucionales para defender los principios democráticos y reestablecer las bases del sistema democrático.
- Promover la movilización social para denunciar los recortes de libertades y articular mecanismos de denuncia internacional de la situación de involución democrática.
- Impulsar medidas legislativas destinadas a reforzar las libertades democráticas, los derechos fundamentales y las garantías básicas de un Estado de Derecho.
- Adoptar iniciativas políticas para evitar la exclusión de una parte de nuestra sociedad y contribuir a impulsar procesos que permitan la participación de todos los sectores sociales en igualdad de condiciones democráticas.

Además debemos recorrer el camino de la reconciliación. Tal como dijo el Lehendakari en su discurso de investidura de 22 de junio de 2005: "Tendremos que regenerar la confianza perdida que haga posible emerger en nuestra sociedad el espíritu de autocrítica, la humildad para pedir perdón y la generosidad para perdonar. Tenemos la obligación moral de contribuir entre todos a superar el sufrimiento y a recorrer juntos el camino de la reconciliación, porque ésta será la base más sólida de nuestra convivencia como sociedad".